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miércoles, octubre 5, 2022
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Guantes Violetas o la hipocresía de las normas

Por María de los Ángeles Petit

Se utilizan mucho los sinónimos de guantes blancos o guantes verdes para definir a aquellas personas que comenten delitos, sin mancharse las manos, sin concurrencia de medios violentos o para los que declaman su compromiso con el medio ambiente para ciertas y especiales ocasiones, pero en el fondo parafraseando a Greta Thunberg son puro bla, bla, bla.

En las políticas públicas de género, violencia de género o de aplicación de la perspectiva de género, pasa algo parecido.

Podríamos llamarlos los funcionarios de guantes violetas, por el color con que se representa la violencia de genero.

Dictan normas, dan grandes y elocuentes discursos, pero lamentablemente, no aceptan, no receptan, no comprenden y en muchos casos, ni siquiera aplican lo que escriben.

Usan los guantes violetas para hablar con las mujeres y de mujeres, aunque no entiendan de lo que hablan y se vanaglorian de la aprobación de normas con muy lindas palabras, pero que no aplican ni en sus funciones ni en su vida diaria.

En el día del cumpleaños de Micaela García, victima, mujer, niña, hija, referente social, razón de la llamada Ley Micaela, asistimos a una degradación en la utilización de esa norma, surgida para concientizar a funcionarios políticos y agentes nacionales, provinciales y locales.

Usada como excusa, las charlas de concientización de la Ley Micaela, no dejan huella alguna en la administración pública, convirtiéndose en una herramienta más de la hipocresía y la demagogia.

Los hechos de violencia se suceden unos tras otros, en el ámbito institucional, laboral y político.

Códigos Procesales obsoletos, leyes sin contenido ni perspectiva de género, ordenanzas fantasmas, áreas sin presupuesto, es la realidad de hoy.

Esta opinión no pretende ser una crítica a la norma, sino al bastardeo de ella por algunos – no todos, trato de ser objetiva- políticos, intendentes y legisladores que pretenden excusarse en su lectura para pregonar su adhesión a una lucha que trasciende lo meramente legislativo porque el patriarcado está enquistado en las raíces mismas de nuestra sociedad.

Así, hoy asisto al triste espectáculo de un municipio del Departamento Concordia, Estancia Grande que pretende presentar un Digesto de normas de Género, cuando no cumple con nada de ello.

El Intendente de Estancia Grande, Pablo Javier Goldin, en su carácter de representante legal de ese Municipio fue encontrado responsable de violencia y discriminación laboral en contexto de género en una causa que atravesó 3 instancias de revisión judicial, está imputado próximo a un juicio oral por desobediencia judicial en violencia de género y tiene dos demandas más en contexto de violencia. ¿Que dirán sus víctimas, AMEF, PERF y AS, y tantas otras que no se animan a denunciar ante tan patético acontecimiento?

Como un título iluminado de una marquesina se muestra la capacitación de la Ley Micaela, sin medir sus resultados, los cambios internos en la institución, las acciones positivas para prevenir y sancionar la violencia.

El valor y el respeto de las normas es fundamental para la confianza de la comunidad y delicado equilibrio que debe primar en su aprobación y aplicación.

Situaciones como esta transparentan las contradicciones entre el relato y la realidad y la hipocresía del sistema.

Es una fecha especial para analizar esta y otras conductas, de funcionarios que se sienten atacados por mujeres que recurren a la justicia buscando respeto a su carrera administrativa, a sus estudios, a su capacitación, a su dignidad como seres humanos y recordémosle, que no se necesitan más normas sino hombres que las apliquen y dejen aplicar.

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