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sábado, julio 24, 2021
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Advierten por un “sobredragado” en el Paraná y temen consecuencias ecológicas

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas advirtió que la empresa belga Jan De Nul realiza un sobredragado en varios tramos del canal comercial donde navegan los buques en el río Paraná, en dos pies, es decir más de 50 centímetros del dragado usual, para garantizar la navegabilidad por la gran bajante del agua. La preocupación reside en los efectos que puedan haber en el ecosistema, ya que esta tarea “se realiza sin estudios de impacto ambiental”, plantean.

A comienzos de junio elevaron un pedido de información a los ministerios de Transporte y de Ambiente de la Nación, para que detallen bajo qué condiciones técnicas se realiza el sobredragado. Y la sorpresa arribó cuando desde Ambiente se respondió al pedido con una carta donde se manifestaba no contar con información al respecto, y se hizo saber que el reclamo se elevaba a la propia empresa de dragados.

El abogado Lucas Micheloud precisó a Mirador que “Ambiente nos dijo que le iba a llevar nuestro reclamo a la empresa, y la verdad, nos parece una tragedia que desconozcan esa información, porque es una muestra clara de que esto se hace con total impunidad porque en los ‘90 el río se convirtió en una autopista fluvial con impactos ambientales graves como la calidad del agua”.

Desde su mirada, “el tema hidrovía tiene una disputa política tensa y grande, y eso hace que el control sea más complejo. Y hoy la Hidrovía Paraná-Paraguay no tiene control, ha delegado la gestión a esta empresa, como si estas tareas no fueran inocuas al ambiente: los privados son los que están disponiendo el uso y abuso de la cuenca”.

De esta forma, lo que se busca saber es cómo se autorizaron los sobredragados, que funcionan desde mayo pasado, porque “esto implica la remoción de los bancos de arena, rasuramiento del fondo del río y la suspensión de sedimentos en el fondo barroso y arenoso, lo que tiene múltiples impactos: en la fauna ictícola, la calidad del agua, el oxígeno en el agua. Entendemos que en este contexto esto es un crimen ambiental, avalado por el Estado nacional y en menor medida el provincial”, aseguró Micheloud.

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