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Economía

Advierten que la inflación seguirá arriba del 20% al menos por un año más

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La suba de precios en la economía doméstica será más alta este año que la registrada en 2017 y el Gobierno apuesta ahora y hasta el fin de su mandato a una baja menos ambiciosa que la planificada inicialmente para un indicador sobre el que nunca tuvo control.

Unas 60 consultoras y bancos esperan una inflación promedio del 27,1% para 2018, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Son, 2,3 puntos porcentuales por encima del movimiento de precios del año pasado.

Pero, como el peso se sigue devaluando y el gobierno aumentará el recorte de subsidios generando una mayor suba de tarifas, el mercado ya está recalculando y a principios de julio el Relevamiento de Expectativas de Mercado ubicará su pronóstico en torno al 30 por ciento.

El precio del dólar

La clave está en una variable: el precio del dólar. Para conseguir el crédito de 50.000 millones de dólares, el gobierno se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a que el Banco Central ya no intervendrá en el mercado de cambios.

Esa libre flotación valió una suba de 42 centavos (1,63%) del billete verde en la primera rueda sin presencia del Central el viernes, para dejar al tipo de cambio minorista en los $ 25,95, acumulando una devaluación del 37,2 desde que arrancó el año.
Lo que debería ser

Si bien no lo reconocen públicamente, será ahora el ministerio de Finanzas a través del Banco de la Nación quien saldrá a jugar para evitar corridas.

Desde el 20 de junio el ministro Luis Caputo tendrá unos 15.000 millones de dólares, la primera cuota que llegará del FMI.

Hay un dato que los banqueros repiten en susurros para no ser sometidos al escarnio público: para tener la misma competitividad cambiaria de 2006, cuando la Argentina crecía al 8,5% anual, el precio del dólar hoy debería ser de $ 42.

Cambiar las metas

Otra variable fundamental que incide en la generación de inflación es la confianza. En los hechos, el gobierno y el Central parecen no cultivar esta teoría: han cambiado las metas de inflación dos veces en menos de seis meses. Para el mercado, un papelón.

El 28 de diciembre pasado se anunciaron las nuevas metas de inflación del 15% para 2018; 10% para 2019 y 5% para 2020. Ese recálculo fue motivado por la realidad: un recalentamiento de precios en el tramo final de 2017 e inicios de 2018.

Ahora, tras un nuevo baño de realidad, las metas de inflación acordadas con el FMI son: 17% para 2019, 13% para 2020 y 9% para 2021. El presidente Mauricio Macri terminará así su mandato sin haber cumplido una promesa central de campaña: inflación de un dígito.

Lo dijo el propio Federico Sturzenegger, presidente del Central: el nuevo objetivo es que recién en junio de 2019 la inflación viaje a un ritmo anualizado del 22%. Para ello, el FMI le irá tomando examen a este funcionario cada tres meses: el primero será en setiembre.

Descenso de la inflación

El 20 de junio el Fondo difundirá el Memorándum de Entendimiento firmado con Sturzenegger y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Allí se conocerán las “escalas intermedias” trimestrales a las que deberá ir descendiendo la inflación.

A pesar de haber “mordido la banquina” en estos dos años y medio con la inflación, en la Casa Rosada están, una vez más, confiados en el rumbo. Sostienen que un ajuste fiscal de 500.000 millones de pesos planchará el consumo y los precios indefectiblemente se enfriarán.

Un análisis de la Universidad del Salvador revelado ayer estima que por una “aceleración”, la inflación de 2018 se ubicará entre el 27% y el 30%, en un escenario de “recesión para el segundo semestre de este año”.

Dos visiones

Con la llegada del FMI y tras 30 meses de gestión, el discurso de la gestión Cambiemos tomó una línea más ortodoxa: hay inflación por la emisión monetaria, que nunca en la era Macri logró crecer menos del 20% anual.

Y sin reconocer errores propios y acudiendo una vez más a la tan mencionada “herencia” del kirchnerismo, Cambiemos vuelve ahora a una tesis de su apogeo: el Banco Central tiene que ser más independiente para que el mercado confíe.

“Con el objetivo de reducir en forma sostenible la inflación es necesario fortalecer la situación patrimonial del Banco Central que fue seriamente debilitada durante las últimas administraciones”, comunicó el Gobierno.

La cantidad de pesos

Lucas Llach, vicepresidente de la autoridad monetaria, consideró ayer que el plan acordado con el Fondo consiste en endeudarse menos y más barato, y “apagar para siempre” la maquinita financiadora de déficit fiscal. Es decir, dejar de emitir billetes sin respaldo.

Llach y toda la cúpula del Central entienden que la emisión monetaria para financiar el déficit del Tesoro es la principal causa de suba de precios.

Para Mercedes Marcó del Pont, ex presidenta del BCRA durante el kirchnerismo, el plan con el Fondo encierra en sí mismo una generación de inflación adicional, al menos hasta 2021 por la devaluación contra el dólar que solicita el organismo para licuar el déficit de cuenta corriente.

“El Fondo dice que el problema es la cantidad de pesos, promoviendo que la moneda se devalúe más y más”, analizó y señaló que, justamente, “los factores que promovieron la inflación fue la devaluación, que también impacta en las tarifas”.

Los más perjudicados

La suba de precios le pega a todos los agentes económicos, pero no a todos de la misma manera: los pobres, los trabajadores con salarios más bajos y los jubilados vienen soportando una mayor presión que los sectores de mayor poder adquisitivo.

Desde noviembre de 2015, la inflación acumulada del decil 1 de los asalariados formales (con ingresos más bajos) fue del 121,3%, es decir, unos 27,9 puntos porcentuales más alta que la del decil 10, que anotó un alza del 93,4%.

Así lo analizó el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), conformado por 45 gremios de la CGT y las CTA. La diferencia del cálculo del IET con el del Indec es que se mira sólo el 34,2% de los hogares, aquellos en los que el jefe o jefa es asalariado y está sindicalizado.

Este indicador señaló, por ejemplo, que la inflación general acumulada en los últimos doce meses (hasta mayo) fue del 27,1, para los que menos ganan fue del 30% y para los que más ganan fue del 25,6%. Para los jubilados alcanzó 30,1%.

¿Por qué se genera esta situación?

Por la conformación de la canasta de consumo. Lo que más aumentó en el último año y desde que asumió Macri fueron los servicios públicos, los alimentos y bebidas y la indumentaria, a lo que los pobres destinan el 95% de sus ingresos.

Economía

YPF analiza iniciar un proceso de producción de biodiesel

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El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez anunció que la compañía comenzará a producir biocombustibles. “El compromiso de la compañía está puesto en la integración de combustibles y la participación en el sector de la bioenergía, no solo como compradores sino también como productores”, declaró el empresario durante el panel de apertura de la Semana Internacional de la Bioenergía – Argentina 2018. Pidió también acelerar el proceso de descarbonización de la economía y la normalización de los combustibles en la región .

Las declaraciones de Gutiérrez son un giro de 180 grados en la relación de YPF con los biocombustibles. Hasta ahora, la mayor empresa petrolera del país se había mostrado reacia a la política de biocombustibles, pero la firme decisión de la secretaría de energía de avanzar en la libre competencia de los combustibles habría impulsado esta decisión.

Según trascendió, el Secretario de Estado de Energia, Javier Iguacel mantiene la idea de continuar con el corte de biodiesel en el 10%, aunque pretende incorporar mezclas voluntarias de mayor porcentaje.

Hasta el 10%, se continuaría con el mismo mecanismo de fijación de precios y cupos que rige en la legislación actual. Pero para mezclas mayores, el precio del biocombustible por encima de este porcentaje sería acordado libremente por las partes. En el caso del gasoil grado 2 (90% del mercado), hasta un corte del 20% no sería necesario indicar en el surtidor el contenido de biodiesel, pudiendo permitirse mezclas mayores, pero el surtidor deberá contar con una leyenda que indique claramente el contenido del biocombustible. En el caso del gasoil grado 3 (premiun) la leyenda deberá existir por encima del corte de 10%.

En el caso de las naftas, el mecanismo sería similar. Seguirá igual la oferta de nafta con un corte mínimo de bioetanol de 12%, y se agregaría el combustible “flex fuel”, el cual tendrá una mezcla entre el 19% y 27% del biocombustible. Se sumaría también otra opción “full flex fuel” cuyo contenido de alcohol estaría entre el 85% y el 100%, es decir, bioetanol puro.

Sin embargo, estaría en la cabeza del secretario gravar la porción de biocombustible sobre el mínimo obligatorio. Pretendería aplicar el impuesto a los combustibles líquidos que rige hoy tanto para el gasoil, como para el bioetanol.

Los biocombustibles, por ser renovables y tener un balance de emisiones positivos están taxativamente excluidos de este tributo en la legislación vigente. Para que esta medida pueda aplicarse debería modificarse la Ley, por lo que debe contar con la aprobación del congreso.

Gravar una porción de los biocombustibles al igual que sus respectivos fósiles podría generar un peligroso antecedente. En la Argentina, una vez que se impone un nuevo impuesto, es muy fácil que se propague.

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Economía

El oficialismo cerca de cerrar el presupuesto 2019

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Cambiemos dio un paso más en su objetivo de lograr la media sanción del Presupuesto 2018 en la Cámara de Diputados antes de noviembre y su aprobación final en el Senado antes de que comience el G20. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, encabezaron una reunión con diputados del bloque Argentina Federal -que representa a los gobernadores no kirchneristas- y sus respectivos ministros de Economía para delinear los últimos detalles de la adenda al Consenso Fiscal.

El resultado fue que se avanzará “paso a paso”, aunque con buena predisposición. El primer eslabón es dictaminar sobre la adenda y una vez obtenido esto se hará lo propio con el Presupuesto. Si bien no se habló de fechas, la meta es que el jueves 18 salga el acuerdo fiscal y el martes 22 la “ley de leyes”, para luego realizar una sesión el 24 o a lo sumo el 31 para que se aprueben ambas iniciativas juntas. Esto igual está por verse, porque los legisladores de Argentina Federal quieren ir con cautela antes de dar el visto bueno.

Del encuentro participaron, además de Frigerio y Monzó, Mario Negri, Nicolás Massot, Luciano Laspina, Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, y Emilio Basavilbaso, titular de la Anses. Por el lado de la oposición, estuvieron Pablo Kosiner por Salta, Martín Llaryora por Córdoba, Walberto Allende por San Juan, Sergio Ziliotto por La Pampa, Juan José Bahillo por Entre Ríos, Elda Pertile por Chaco, Jorge Franco por Misiones y Danilo Flores por La Rioja. También estuvieron Rodrigo Pena, secretario de Hacienda, y los funcionarios de Interior Alejandro Caldarelli y Sebastián Garcia De Luca.

La presencia de Finocchiaro y Basavilbaso se debió a que los representantes de las provincias dejaron inquietudes para cuando se discuta el Presupuesto. Por el lado de educación, apuntaron contra el financiamiento de las universidades por transferencias que según los gobernadores no se cumplieron este año y necesitan una compensación en 2019. Con la Anses, le plantearon ciertas transferencias que el ente realiza a las provincias para no desfinanciarlas. Ambos se comprometieron a evaluarlas.

Los tres ejes centrales fueron la adenda fiscal, el impuesto a los Bienes Personales y el ajuste por inflación de las transferencias de la Nación a las provincias. Si bien no hubo mayores definiciones sobre lo qué pasará con la parte impositiva, desde el Gobierno explicaron que lo más probable es que prospere la propuesta de gravar los bienes en el exterior, incluyendo a los que entraron al blanqueo de 2017.

Miguel Ángel Pichetto se había opuesto a esto, pero la mayoría de las provincias está de acuerdo. Para esto, habría que suspender una cláusula del Consenso Fiscal 2017 que establecía que no se iban a “crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del impuesto sobre los bienes personales”.

Otro punto caliente de la reunión, que acaparó casi la primera hora, fue qué sucederá con las ciudades grandes del interior que tienen transporte urbano. Sucede que con el nuevo Presupuesto la Nación deja de subsidiar a las empresas el boleto de los colectivos y le da ese dinero directamente a las provincias para que negocien.

Pero hay casos como Córdoba, en donde en la capital el intendente Mestre debería aumentar el boleto a 36-38 pesos sin el subsidio. La provincia usa el dinero de la Nación para subvencionar el boleto entre ciudades y así afecta a los grandes municipios -como la capital- que tienen su propio servicio de colectivo. Será un tema para seguir discutiendo porque no se despejó al duda de quién va a poner ese dinero.

Sucede que, a fin de cuentas, el objetivo de la adenda es que, a raíz de un paquete de medidas impositivas, se compense a las provincias por el ajuste de cerca de 100 mil millones de pesos que deberán hacer.

En la Casa Rosada están convencidos que la ley es “verosímil” y afirman que todas las provincias “están compensadas” respecto del ajuste que tienen que hacer. Las únicas que salen perdiendo son la provincia y la ciudad de Buenos Aires, esta última en casi 900 millones de pesos.

El recorte estimado es en los ingresos pasar de un déficit de 1,3% a 0% y en los gastos bajar de 2,7% a 1,3%. Para el Ejecutivo, esto lo “pagan” los exportadores de servicios, los industriales, las personas con bienes en el extranjero y los bancos con el impuesto a los sellos y cheques, en donde se hace una postergación de la baja.

Con respecto a los municipios, que pierden el 30% del Fondo Sojero, que se anuló por decreto, dicen en el oficialismo que compensan con el IVA, Ganancias, sellos y cheques, que ninguno coparticipa.

Hay optimismo en Cambiemos para avanzar favorablemente con la ley. Una vez que pase Diputados, en el Senado no esperan negociaciones tan arduas porque ya están trabajando “en tándem” desde que se presentó la norma. Además, consideran que las conversaciones son más lineales con las provincias y saben que cuentan con el apoyo de Miguel Ángel Pichetto, lo cual acelera las gestiones con los bloques peronistas.

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Economía

El proyecto de ley de alquileres obtuvo dictamen en Diputados

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En texto presentado por el Ejecutivo introdujo algunos cambios a la iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado y que había sido impulsada por el Frente para la Victoria y por Inquilinos Agrupados en 2016.

En esta jornada, el FpV, el Bloque Justicialista y Felipe Solá acompañaron el dictamen aunque con disidencias, entre varios puntos, piden que se mantenga la actualización anual del valor del alquiler, como estipula el proyecto original de la senadora kirchnerista Silvina García Larraburu.

En tanto, Carla Pitiot del Frente Renovador y Juan Brugge (Argentina Federal) presentaron una alternativa para que los inquilinos no puedan imponer a los propietarios las garantías del alquiler.

De aquí a la llegada de la iniciativa al recinto se seguirá trabajando el texto para aunar las disidencias de los Diputados.

Entre los principales puntos del nuevo proyecto las comisiones quedarán a cargo del dueño, los aumentos se regularán segpun la inflación y los salarios y los contratos se renovarán cada tres años de plazo.

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