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Analizan si siguen obras de empresas involucradas

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Mauricio Macri se enteró el fin de semana por un familiar que su primo Angelo Calcaterra iba a declarar este lunes ante el juez Claudio Bonadio por la causa de los denominados “cuadernos de la corrupción”, en la que admitió haber entregado dinero en negro al gobierno kirchnerista como titular de la constructora IECSA. En el gobierno justifican que en la medida que “declaren” más empresarios involucrados en el escándalo de coimas, “más rápido” podrá sustanciarse la causa y anoche en Casa Rosada se produjo una reunión para analizar la continuidad de las obras públicas que llevan adelante las empresas involucradas en la investigación judicial.

Se trató de una “reunión técnica” de la que formaron parte funcionarios de los ministerios del Interior, Energía, Jefatura de Gabinete y la Oficina Anticorrupción. El viernes la ex diputada Margarita Stolbizer había pedido una medida de este tipo. Pero en el oficialismo hay cautela: recuerdan el caso de la brasileña Odebretch, que confesó haber pagado coimas en Argentina y otros países, y luego de haber sido separada de distintas obras, emprendió un juicio contra el estado. La OA lo mantiene frenado ese litigio con un recurso de amparo.

Lo cierto es que ayer en el oficialismo intentaron mostrar tranquilidad luego de la exposición de Calcaterra ante el juez Bonadio en la que se autoinculpó, quedó mencionado como “imputado colaborador”, pero no fue detenido. Sí está apresado el segundo en la ex IECSA la constructora con la que se pagó los sobornos y fue vendida en 2017 al ejecutivo Marcelo Mindlin-, Javier Sánchez Caballero. Lo extraño es que, pese a estar mencionados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, el primo presidencial nunca fue demorado por la justicia. Su presentación espontánea se trató de parte de su estrategia judicial para obtener ventajas procesales, admiten en Balcarce 50.

En el gobierno negaron un llamado telefónico entre Mauricio y Angelo. “Calcaterra avisó el fin de semana a alguien de la familia de su presentación en Comodoro Py pero no habló con Macri”, esgrimieron.

Una fuente cercana al presidente dijo que “es una persona querida. Pero Mauricio tiene la postura que la justicia avance sin importar quién”.

Otro estrecho colaborador de Macri intentó justificar los pagos de Calcaterra. “Lo apretaban, eran una banda de delincuentes (por los funcionarios kirchneristas). Sino participaba le mandaban a la Afip para extorsionarlo”, argumentó.

Pese a la repercusión mediática del tema, en el oficialismo dicen que por ahora no hay encuestas sobre los efectos del “cuaderno gate” pero que el tema de la transparencia va a salir a la superficie en los próximos sondeos porque ha generado una “grieta” en la opinión pública. “Para algunos una operación y para otros la constatación de la corrupción”, opinó una fuente calificada que depende de Jefatura de Gabinete.

Con todo, en Presidencia intentan contrastar lo actuado hasta el momento con lo vivido durante el kirchnerismo. “Ahora cambió todo. Con la anterior administración se había montado un sistema para delinquir desde el presidente hacia abajo. Acá pueden aparecer algunos episodios, algún funcionario o como el tema de la campaña (de los aportantes truchos en la Provincia) donde hubo alguien que se equivocó. Pero no es lo mismo”, indicó otra calificada fuente oficial.

Y, puertas adentro, en el gobierno se animan a hacer un arqueo de la corrupción K: la estiman en unos $15 mil millones de dólares por lo recaudado por coimas en las diferentes cajas del estado durante 12 años.

En la OA, conducida por Laura Alonso, sostienen que mientras más “empresarios arrepentidos” declaren a la justicia, más rápido va a transcurrir la causa y que la misma también podría disparar pesquisas judiciales en los países de origen de las multinacionales que participan con firmas locales de las licitaciones.

Otro de los temas que resuenan en Casa Rosada es la sesión de hoy en el Senado en la que se discutirá la autorización a Bonadio para allanar el departamento de Recoleta de Cristina Kirchner, una de las cabezas de la supuesta asociación ilícita que investiga el magistrado. “Se está negociando. Pero soy cauto porque por ahora hay senadores del PJ que plantean sus reparos”, dijo un integrantes de Cambiemos en la cámara alta que ayer tuvo una audiencia en el palacio de gobierno.

En declaraciones a una radio de la localidad correntina Gobernador Virasoro, Macri declaró al respecto que “eso lo va a decidir el peronismo que tiene mayoría en el Senado. Estamos todos a la espera de esa posición. En principio han dicho que ‘no’, insisten en una posición que a muchos nos cuesta entender’. El jefe de estado apuntó a la bancada que conduce el sinuoso Miguel Angel Pichetto, cuyo apoyo es clave a la moción de Cambiemos para aprobar la requisitoria de Bonadio.

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Aprobaron cambio en Bienes Personales y renovó Monzó

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La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que modifica el impuesto a los Bienes Personales por 125 votos afirmativos , 64 negativos y 28 abstenciones.

Los cambios a la ley 23.966, sobre exenciones y progresividad del gravamen, son parte del paquete económico que acompañó el texto del Presupuesto 2019 y establecen un nuevo mínimo no imponible en el tributo. Luego de obtener media sanción, el Senado introdujo modificaciones en materia de vivienda en el proyecto.

Al inicio del debate, el titular de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, recordó que los cambios en bienes personales son parte de “una negociación entre el gobierno nacional y las provincias en materia de subsidios de transporte y tarifa social eléctrica”.

Además Laspina calificó a los cambios realizados por la Cámara alta como “un alivio fiscal a la clase media, una modificación atinada”.

La legisladora Fernanda Vallejos, del FpV-PJ, en tanto criticó al proyecto y al oficialismo y sostuvo: “Apurados por el FMI nos proponen un nuevo parche para recaudar algunos pesos y sostener los intereses de la deuda, es un impuesto en contra de la casa media trabajadora”, sostuvo.

A continuación, Axel Kicillof ratificó que la bancada del Frente para la Victoria no acompañará el texto. “Plantea cobrarle a los sectores medios el impuesto a los bienes personales, como una forma de pasar la gorra o rascar la olla. Este es el final de la estafa electoral contra la clase media”, criticó. “Los sectores medios ya están liquidados, ya no pueden seguir pagando impuestos”.

Además, se aprobó en el recinto una autorización al presidente Mauricio Macri para ausentarse del país en 2019 “cuando razones de gobierno lo requieran”.

También recibió media sanción y giró al Senado una iniciativa de la diputada radical Karina Banfi para facilitar la nacionalizacion de personas apátridas.

El dictamen busca asegurar a las personas apátridas y “solicitantes del reconocimiento de tal condición, el disfrute más amplio posible de sus derechos humanos y regular la determinación del estatuto, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de las personas apátridas”.

Previamente al comienzo de la sesión en la Cámara de Diputados, se ratificó a sus autoridades, encabezadas por el diputado de Cambiemos, Emilio Monzó.

Con elogios de sus pares, Monzó fue confirmado en su cargo por cuarta y última vez, luego de que hiciera pública su decisión de no renovar su banca de legislador el año que viene.

También se les renovó el cargo a José Luis Gioja (FpV-PJ) como vicepresidente primero, a Luis Petri (UCR) como vicepresidente segundo, y a Martín Llaryora (Argentina Federal) como vicepresidente tercero.

En tanto, continuarán como secretarios Eugenio Inchausti (Parlamentario), Florencia Romano (Administrativa), María Luz Alonso (Coordinación Operativa) y Marcio Barbosa Moreira (General).

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Impulsarán que todas las policías del país puedan disparar sin dar voz de alto

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El Gobierno nacional inició gestiones para que las provincias incorporen el nuevo reglamento de las fuerzas de seguridad federales, que les permite a usar sus armas de fuego aun cuando no exista una agresión directa o cuando reciban una amenaza con una pistola de juguete. Incluso los autoriza a disparar sin dar la voz de alto.

La Casa Rosada puso en marcha el manual de procedimiento que amplía el campo de acción con uso de la fuerza letal de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los familiares de víctimas de violencia policial denunciaron que la disposición permite “matar con impunidad” y convierte en “ley” el “gatillo fácil”. Sin embargo, en medio de la polémica, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redobló la apuesta y adelantó que buscarán que las fuerzas de seguridad provinciales incorporen el reglamento.

“Ahora estamos haciendo el reglamento igual para todas las fuerzas de seguridad, tenemos un solo reglamento”, destacó la ministra Bullrich, quien luego reveló: “Les vamos a decir a todas las policías del país que lo adopten, ya nos han llamado varias”.

El decreto
El decreto 956/2018 del Ministerio de Seguridad, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, puso en práctica el denominado “reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales”. En líneas generales, se otorga mayor libertad para disparar “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”.

El texto establece que los efectivos podrán hacer uso de sus armas reglamentarias “para impedir un delito particularmente grave”, “para proceder a la detención de quien represente un peligro inminente (de muerte o de lesiones graves) y oponga resistencia a la autoridad”, y “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y hasta lograr su detención”.

El flamante reglamento también habilita los disparos “cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal” y “cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”.

Sobre esta última hipótesis, se indica que los posibles escenarios serán cuando un sospechoso que realice “movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”, “cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aun sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona”, o “cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muerte o lesiones graves”.

Además, la normativa permite que los integrantes de las fuerzas federales no tengan que identificarse a voz viva antes de intervenir.

“Se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones en las que dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”, dice el decreto.

Bullrich justificó los cambios al advertir que “hasta ahora los miembros de las fuerzas de seguridad no podían usar armas para defenderse o para defender a la gente”, y que “tampoco lo podían hacer para detener a un delincuente o para impedir que un delincuente peligroso se fugue”.

“Tal cual estaban escritos los reglamentos, primero el delincuente tenía que tirar y una vez que él tirase o que manifiestamente estuviese a punto de tirar, recién en ese momento lo podía hacer (el uniformado). Es decir, que siempre se dejaba a las fuerzas de seguridad en una situación de inferioridad”, opinó la ministra.

Bullrich remarcó que la medida les “permitirá a las fuerzas de seguridad proteger a la gente y no estar pensado que, si toman alguna decisión (de actuar con su arma de fuego), van a terminar procesadas o encarceladas”.

Sin nombrarlo, pareció referirse al policía comunal Luis Chocobar, quien se encuentra procesado por el asesinato de Pablo Kukoc (18) tras el ataque con arma blanca que sufrió un turista norteamericano en 2017, en el barrio porteño de La Boca.

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Desde el viernes aumentan los peajes en la ruta 14

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Este viernes 30 de noviembre, regirá una nueva escala de precios para los peajes en lo que se denomina el Corredor 18, que incluye las cabinas de la empresa Caminos del Río Uruguay, en la autovía José Gervasio Artigas. Todas las categorías se incrementarán entre un 11 y un 18%.

La decisión fue comunicada por el gobierno nacional a través de la resolución 1507/2018, que salió publicada en el Boletín Oficial de la Nación este miércoles 28 de noviembre.

Según da cuenta el sitio Diario Río Uruguay, los nuevos precios para la Cabina Yeruá, al sur del departamento Concordia son los siguientes:

Categoría 1: 70 pesos (actualmente se cobra 55)

Categoría 2 y 3: 140 pesos (actualmente se cobra 110)

Categoría 4: 210 pesos (actualmente se cobra 165)

Categoría 5 y 6: 280 pesos (actualmente se cobra 220)

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