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Aprobaron cambio en Bienes Personales y renovó Monzó

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La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que modifica el impuesto a los Bienes Personales por 125 votos afirmativos , 64 negativos y 28 abstenciones.

Los cambios a la ley 23.966, sobre exenciones y progresividad del gravamen, son parte del paquete económico que acompañó el texto del Presupuesto 2019 y establecen un nuevo mínimo no imponible en el tributo. Luego de obtener media sanción, el Senado introdujo modificaciones en materia de vivienda en el proyecto.

Al inicio del debate, el titular de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, recordó que los cambios en bienes personales son parte de “una negociación entre el gobierno nacional y las provincias en materia de subsidios de transporte y tarifa social eléctrica”.

Además Laspina calificó a los cambios realizados por la Cámara alta como “un alivio fiscal a la clase media, una modificación atinada”.

La legisladora Fernanda Vallejos, del FpV-PJ, en tanto criticó al proyecto y al oficialismo y sostuvo: “Apurados por el FMI nos proponen un nuevo parche para recaudar algunos pesos y sostener los intereses de la deuda, es un impuesto en contra de la casa media trabajadora”, sostuvo.

A continuación, Axel Kicillof ratificó que la bancada del Frente para la Victoria no acompañará el texto. “Plantea cobrarle a los sectores medios el impuesto a los bienes personales, como una forma de pasar la gorra o rascar la olla. Este es el final de la estafa electoral contra la clase media”, criticó. “Los sectores medios ya están liquidados, ya no pueden seguir pagando impuestos”.

Además, se aprobó en el recinto una autorización al presidente Mauricio Macri para ausentarse del país en 2019 “cuando razones de gobierno lo requieran”.

También recibió media sanción y giró al Senado una iniciativa de la diputada radical Karina Banfi para facilitar la nacionalizacion de personas apátridas.

El dictamen busca asegurar a las personas apátridas y “solicitantes del reconocimiento de tal condición, el disfrute más amplio posible de sus derechos humanos y regular la determinación del estatuto, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de las personas apátridas”.

Previamente al comienzo de la sesión en la Cámara de Diputados, se ratificó a sus autoridades, encabezadas por el diputado de Cambiemos, Emilio Monzó.

Con elogios de sus pares, Monzó fue confirmado en su cargo por cuarta y última vez, luego de que hiciera pública su decisión de no renovar su banca de legislador el año que viene.

También se les renovó el cargo a José Luis Gioja (FpV-PJ) como vicepresidente primero, a Luis Petri (UCR) como vicepresidente segundo, y a Martín Llaryora (Argentina Federal) como vicepresidente tercero.

En tanto, continuarán como secretarios Eugenio Inchausti (Parlamentario), Florencia Romano (Administrativa), María Luz Alonso (Coordinación Operativa) y Marcio Barbosa Moreira (General).

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Longvie suspenderá sus actividades desde el lunes en su fábrica de Paraná

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La empresa de electrodomésticos Longvie pidió este martes reestructurar las Obligaciones Negociables emitidas un año atrás porque no puede hacer frente a los vencimientos por la crisis económica.

Los voceros confirmaron a este medio que la fábrica suspenderá sus actividades desde el próximo lunes. “Sólo algunos trabajadores seguirán en la planta con las tareas de mantenimiento”, se informó. Mientras tanto, precisaron que durante el período que dure la interrupción de las tareas y hasta tanto los empleados inicien el período de vacaciones, percibirán el 75 por ciento de sus sueldos.

Asimismo, algunos de los trabajadores hicieron notar la incertidumbre reinante entre ellos. “Después de las vacaciones no sabemos qué ocurrirá”, dijeron, a la vez que dejaron trascender que por la información que manejan en marzo podría haber más despidos.

Mientras tanto, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), señalaron a este medio que la suspensión de actividades esta “preacordada” con la empresa y que estaban al tanto desde hace un tiempo de que esto sucedería.

Asimismo, dieron cuenta de que se firmó un acuerdo con las cámaras metalúrgicas que implica una suba salarial del 5% en febrero y 7,27% en marzo, acumulativo, al tiempo que las empresas deben hacer frente al bono de 5.000 pesos previsto por el gobierno, cuya segunda cuota debe hacerse efectiva con los haberes de enero.

Cabe recordar que hace algo más de un mes la firma dispuso reducir la planta de personal en Paraná. Frente a la crisis que se vive en el sector “decidió despedir a los solteros y a los que tienen menos años de antigüedad”.

Imposibilidad de hacer frente a los vencimientos

El presidente de la compañía, Raúl Zimmermann, escribió este martes una carta a la Bolsa para informar que la empresa iniciará conversaciones con entidades bancarias y tenedores de sus obligaciones negociables para “redefinir el perfil de vencimientos”.

Pidió iniciar negociaciones para “readecuar” los vencimientos a la capacidad de generación de fondo de la compañía, que está siendo afectada por una baja en sus ventas producto de la recesión económica.

Longvie SA es una empresa nacional que desde 1918 produce y comercializa artefactos para el hogar bajo estándares de calidad; cuenta con más de 800 personas en sus tres plantas ubicadas en Buenos Aires, Paraná y San Fernando de Catamarca en las cuales produce lavarropas, lavasecarropas, cocinas, hornos, anafes, calefones, termotanques y calefactores para el mercado interno e internacional.

Cuestión financiera

Esta empresa había emitido Obligaciones Negociables Clase IV en noviembre de 2017 .

En junio de este año Fix SCR SA Agente de Calificación de Riesgo (afiliada de Fitch Ratings) bajó a la Categoría BB+(arg) desde BBB(arg) a la calificación de Emisor y de la Obligación Negociable Clase IV de hasta $ 50 millones, ampliable hasta $ 150 millones emitidas por Longvie S.A.

La calificador le asignó perspectiva “negativa” a las ON de la compañía por el aumento del riesgo de refinanciación de pasivos que Longvie deberá enfrentar ante la actual persistencia de elevadas tasas de intereses en el mercado local y la consecuente elevada carga financiara.

Asimismo, FIX estimó que la demanda para productos de consumo discrecional enfrentará una caída real para el segundo semestre del ejercicio 2018, produciendo de este modo un impacto negativo en la generación de fondos.

Al último cierre anual, Longvie presentaba un elevado nivel de apalancamiento con indicadores financieros deteriorados consecuencia de una débil generación de Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA, por sus siglas en inglés).

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Avanza investigación a Varisco por presunto peculado

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La información contenida en la causa por narcotráfico que lideraría Gustavo “Tavi” Celis y que tiene procesados al intendente Sergio Varisco, al concejal Pablo Hernández y a la funcionaria Griselda Bordeira (estos dos últimos, detenidos), fue remitida por el Juzgada Federal al Tribunal de Cuentas en el último resolutorio del Juez Ríos, donde además se incluye un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, donde se detallan una serie de irregularidades administrativas conexas al delito federal que se investiga.

Ríos tiene bajo la lupa no solo el negocio del narcotráfico, sino el presunto redireccionamiento de fondos públicos municipales para financiar la actividad ilícita, para lo cual se habrían utilizado mecanismos diversos, desde contratos falsos hasta pautado ficticio de publicidad oficial.

La investigación del Tribunal de Cuentas sobre procedimientos sospechosos en la Municipalidad comenzó en junio pasado, con el dictamen 12.789 de la Fiscal de Cuentas Nº 6 (a cargo de Lucrecia Zuttión) en el que solicita informes a la Justicia Federal sobre los antecedentes en base a los cuales “se ha establecido la figura de peculado en relación exclusiva al uso de fondos públicos”.

Luego, los Jefes del Cuerpo de Auditores emitieron otro dictamen, el 36.321, que generó la apertura del expediente 381/2018 (“Municipalidad de Paraná – Área Municipios – Inicia actuaciones relacionadas con información periodística”), donde se tramita ante la Justicia Federal el pedido de Zuttión, que fue respondido ahora por Ríos.

En tanto, el fiscal federal Carlos García Escalada, pediría esta semana la elevación a juicio oral de la mencionada causa, porque en estos días se le vence el plazo para solicitar otras instancias de la investigación. Si todo ello ocurre, como se prevé, el Tribunal Oral Federal de Paraná podría llevar a juicio a Varisco y sus allegados, entre abril y mayo del año próximo, informó Análisis Digital.

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Impulsarán que todas las policías del país puedan disparar sin dar voz de alto

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El Gobierno nacional inició gestiones para que las provincias incorporen el nuevo reglamento de las fuerzas de seguridad federales, que les permite a usar sus armas de fuego aun cuando no exista una agresión directa o cuando reciban una amenaza con una pistola de juguete. Incluso los autoriza a disparar sin dar la voz de alto.

La Casa Rosada puso en marcha el manual de procedimiento que amplía el campo de acción con uso de la fuerza letal de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los familiares de víctimas de violencia policial denunciaron que la disposición permite “matar con impunidad” y convierte en “ley” el “gatillo fácil”. Sin embargo, en medio de la polémica, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redobló la apuesta y adelantó que buscarán que las fuerzas de seguridad provinciales incorporen el reglamento.

“Ahora estamos haciendo el reglamento igual para todas las fuerzas de seguridad, tenemos un solo reglamento”, destacó la ministra Bullrich, quien luego reveló: “Les vamos a decir a todas las policías del país que lo adopten, ya nos han llamado varias”.

El decreto
El decreto 956/2018 del Ministerio de Seguridad, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, puso en práctica el denominado “reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales”. En líneas generales, se otorga mayor libertad para disparar “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”.

El texto establece que los efectivos podrán hacer uso de sus armas reglamentarias “para impedir un delito particularmente grave”, “para proceder a la detención de quien represente un peligro inminente (de muerte o de lesiones graves) y oponga resistencia a la autoridad”, y “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y hasta lograr su detención”.

El flamante reglamento también habilita los disparos “cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal” y “cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”.

Sobre esta última hipótesis, se indica que los posibles escenarios serán cuando un sospechoso que realice “movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”, “cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aun sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona”, o “cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muerte o lesiones graves”.

Además, la normativa permite que los integrantes de las fuerzas federales no tengan que identificarse a voz viva antes de intervenir.

“Se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones en las que dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”, dice el decreto.

Bullrich justificó los cambios al advertir que “hasta ahora los miembros de las fuerzas de seguridad no podían usar armas para defenderse o para defender a la gente”, y que “tampoco lo podían hacer para detener a un delincuente o para impedir que un delincuente peligroso se fugue”.

“Tal cual estaban escritos los reglamentos, primero el delincuente tenía que tirar y una vez que él tirase o que manifiestamente estuviese a punto de tirar, recién en ese momento lo podía hacer (el uniformado). Es decir, que siempre se dejaba a las fuerzas de seguridad en una situación de inferioridad”, opinó la ministra.

Bullrich remarcó que la medida les “permitirá a las fuerzas de seguridad proteger a la gente y no estar pensado que, si toman alguna decisión (de actuar con su arma de fuego), van a terminar procesadas o encarceladas”.

Sin nombrarlo, pareció referirse al policía comunal Luis Chocobar, quien se encuentra procesado por el asesinato de Pablo Kukoc (18) tras el ataque con arma blanca que sufrió un turista norteamericano en 2017, en el barrio porteño de La Boca.

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