La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado un proyecto de protección contra la “violencia digital” a las mujeres y una iniciativa sobre créditos UVA, en el marco de una sesión en la que la oposición consiguió la convocatoria para que el plenario debata el 23 de agosto la Ley de Alquileres.
Además, el plenario del cuerpo dio el visto bueno a un proyecto que crea la figura del acompañante terapeútico y a otro que declara monumento histórico nacional al Parque de la Constitución en la capital de la provincia de Santa Fe.
En la continuidad de la agenda de la sesión, el plenario debate el de beneficio a la producción orgánica de alimentos y el que regulariza deudas de municipios con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).
En el inicio de la sesión de este miércoles, que se puso en marcha a las 12,30 con la presencia de 130 diputados, se le aceptó la renuncia a dos diputados y se le tomó juramento a sus dos reemplazantes.
El radical Atilio Benedetti asumió una banca de diputado nacional, en reemplazo de Rogelio Frigerio, que renunció para dedicarse a la campaña como precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio de Entre Ríos.
También, en el bloque de Juntos por el Cambio, asumió Santiago Espil de la Coalición Cívica, en reemplazo de Gabriel Mraida, que había asumido en la sesión del 28 de febrero pasado, en reemplazo de Waldo Wolff, que fue designado en el gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Benedetti tendrá mandato hasta 2025 y Espil hasta diciembre de este año.
Antes de que se abordaran los proyectos de ley, se sucedieron una serie de planteos relacionados con la coyuntura actual con preponderancia de los acontecimientos sucedidos en las provincias de Chaco y Jujuy.
En ese sentido, diputados nacionales jujeños del oficialismo cuestionaron la represión del gobierno de Gerardo Morales a manifestantes que rechazan la reforma constitucional en Jujuy, mientras que representantes del radicalismo defendieron la actuación del mandatario provincial, uno de los precandidatos a vicepresidente de Juntos por el Cambio y titular de la Unión Cívica Radical (UCR).
A continuación, la diputada nacional del Frente de Todos por Chaco Lucila Masin cuestionó hoy “la mediatización” y “politización” del ‘Caso Cecilia’ y coincidió con su comprovinciana Marilú Quiroz (Juntos por el Cambio) en manifestar “solidaridad” con la familia de Cecilia Strzyzowski, a un mes de su desaparición y femicidio.
En esa etapa de la sesión se dio una de las principales polémicas de la jornada: Diputados del Frente de Izquierda y el libertario José Luis Espert protagonizaron un cruce, con fuertes acusaciones por la situación en Jujuy, luego de que el ahora integrante de Juntos por el Cambio (JxC) pidiera la expulsión de los legisladores de Izquierda por haber visitado esa provincia durante las protestas y represión policial, y los apuntó por haber participado de los incidentes ocurridos, tras la reforma de la Constitución local.
Por otra parte, la mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados formalizaron hoy un pedido de sesión especial para debatir una Ley de Alquileres el próximo 23 de agosto, luego de que fracasara un intento de Juntos por el Cambio para que se avanzara en la derogación de la legislación vigente al pedir un tratamiento sobre tablas.
Ocho de los once bloques que forman JxC (encabezados por el PRO, la Coalición Cívica y los dos radicalismos); el interbloque Federal; Provincias Unidas y liberales y libertarios firmaron la nota en la que se pide a Cecilia Moreau, la titular de la Cámara baja, que se sesione ese día desde las 12.
Por lo pronto la nota no fue acompañada por la bancada del Frente de Todos, si bien no se descarta que ese día den quórum para facilitar el debate, con el objetivo de que en los próximos 48 días que restan para la potencial sesión se pueda llegar a un texto de consenso que permita contar con una nueva norma.
La Cámara aprobó por amplia mayoría, y giró al Senado, el texto consensuado para modificar la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, con el fin de incorporar la figura de la “violencia digital”, conocida como “Ley Olimpia”, que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.
La iniciativa se aprobó con 191 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, la izquierda, y dos en contra de los libertarios y una abstención del diputado Carlos Zapata (JXC).
Además, la Cámara aprobó por amplia mayoría, y envió al Senado, el proyecto de ley que regula la actividad del acompañante terapéutico, en una votación con 197 votos afirmativos y tres negativos.
A continuación, y sin debate, se aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley por el cual se propone declarar monumentos histórico nacional al Parque de la Constitución Nacional, situado en la ciudad de Santa Fe.
En el tratamiento más extenso -casi cuatro horas- la Cámara debatió el proyecto que buscar atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y busca modificar el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.
La votación arrojó 134 votos afirmativos; 40 negativos y 18 abstenciones.
En qué consiste el proyecto de ley para deudores de créditos UVA
La propuesta busca revaluar los criterios de adecuación de las cuotas, garantizando que los montos a pagar por el deudor hipotecario tomen como referencia a el índice mensual que dé más bajo entre el coeficiente de variación salarial basado en la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el IPC, que mide la inflación promedio.
Además, se establece que la cuota a pagar no podrá exceder el 30% de los ingresos acreditados por los deudores. En tanto, para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023. A su vez, se establece que aquellos deudores que estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos.
La iniciativa crea un “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” que tendrá como finalidad compensar los desbalances entre la cuota calculada en base a salarios y la estimada en base a la tasa UVA/UVI. El deudor deberá adherir de forma voluntaria al régimen para poder acceder a los beneficios del Fondo. En caso de que el deudor esté desempleado, este fondo especial se hará cargo de hasta tres cuotas.
El Banco Central hará un aporte mensual, “con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”, para el fondo compensador.
Sin embargo, la propuesta tiene como contraparte a otra que obtuvo un dictamen alternativo y fue creada por el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical), junto a un sector de la oposición que incluye a diputados del PRO y la Coalición Cívica.