El Consejo Directivo nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) envió una carta abierta al presidente Alberto Fernández, en la que sostuvo que “la revalorización del Estado como garante de las políticas públicas no puede ser acompañada por una precarización salarial”, y rechazó “el desdoblamiento del pago del medio aguinaldo y la ausencia de un aumento”.
En la misiva, el gremio aseveró que “la precarización salarial” se basa en “la ausencia de propuesta de aumento de los haberes, el desdoblamiento del pago del medio aguinaldo y la reducción de las jubilaciones”, y añadió que “los estatales nacionales ya sufrieron el recorte del 37 por ciento del poder de compra de sus haberes en los últimos cuatro años, 35 mil despidos -no se abandonará el reclamo de reincorporación- y la constante precarización laboral”, puntualizó.
“Es necesario implementar las medidas que garanticen un mayor ingreso de los recursos del Estado, por lo que la ATE reclama un impuesto sobre las 114 mil fortunas personales de más de 1 millón de dólares como paso previo a una profunda reforma tributaria progresiva”, afirmó ATE en este texto.
“La ATE enfrentó desde el primer día las políticas macristas de vaciamiento y el intento de una tercera reforma del Estado para garantizar los intereses de los grupos económicos. La prioridad fue los derechos adquiridos de los trabajadores y la derrota de las políticas neoliberales. La pandemia profundizó un escenario de crisis económico-social que sumergió al país en la recesión”, señaló el mensaje.
La ATE respaldó las iniciativas del gobierno de Fernández y “las premisas fundamentales de la lucha contra el hambre y el lanzamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al igual que la vida del pueblo por sobre la economía”, y también apoyó “el proyecto de expropiación de la cerealera Vicentin y la necesidad de investigar la legitimidad del endeudamiento externo”.
El gremio reconoció “la jerarquización de áreas clave del Estado y la devolución del rango ministerial a las carteras de Salud, Trabajo y Ciencia y Tecnología”, y aseguró que los estatales arriesgan en muchas ocasiones su propia seguridad para sostener “las políticas oficiales implementadas” por el gobierno, concluyó la carta.