Ayelen Acosta, diputada provincial (Pro), expresó su preocupación ante las más de 50 designaciones en planta permanente realizadas en el último año y las jubilaciones privilegiadas dentro del gobierno provincial, que ha sido noticia nacional a través de la publicación de Infobae.
La legisladora manifestó su desaprobación, calificando como “inmoral” la inclusión de funcionarios en ejercicio y sus familiares en la nómina permanente, y amigos del poder, ejemplificando con casos como el hijo del candidato a gobernador kirchnerista, Adan Bahl, y el hijo del diputado nacional Marcelo Casaretto.
A días de las elecciones provinciales, Acosta hizo referencia a la publicación de Infobae que destapó la ola de contrataciones y nombramientos de funcionarios del oficialismo y sus allegados en el Estado. En medio de la pobreza destacada en ciudades como Concordia y Paraná, con elevados índices de pobreza, donde más del 50% de los niños en la provincia son pobres, la diputada criticó la persistencia de privilegios y designaciones de amigos y familiares en la política entrerriana. “Es inmoral que estos gastos no se destinen a obras que realmente mejoren la vida de los entrerrianos”, enfatizó.
Acosta sostuvo que, aunque cambien los nombres, “persiste la misma corriente kirchnerista que ha llevado a la provincia en dos décadas al abandono y decadencia”. Criticó la falta de reconocimiento al esfuerzo, privilegiando la corrupción. Además, señaló que” los entrerrianos conocen bien el uso opaco de los fondos que financian la política”, haciendo referencia al escándalo de contratos trucho de la legislatura provincial.
Por otro lado, la legisladora apunto al silencio del oficialismo en el caso de corrupción nacional, “nadie dice nada de Insaurralde, no hay excusa para que un funcionario no puede justificar sus gastos y ande paseando en un yate por Europa”.
Por último, la diputada resaltó la imperiosa necesidad de poner fin a este modo de ejercer la política en la provincia, subrayando que la coalición Juntos por el Cambio, con Rogelio Frigerio a nivel provincial y Patricia Bullrich a nivel nacional, representa la alternativa para erradicar estas prácticas kirchneristas que, perjudican a todos los ciudadanos argentinos y que promete poner fin a partir del 10 de diciembre.