“Según las relaciones cuota-ingreso declaradas por las entidades financieras otorgantes para cada una de las financiaciones, más del 90% de las personas deudoras enfrentará una relación cuota-ingreso inferior al 35% en julio de 2022, cuando finalice el cronograma de convergencia”, consideró la autoridad monetaria.
Para prevenir posibles situaciones de “vulnerabilidad” en el marco de la convergencia dispuesta tras el fin del congelamiento de las cuotas, se estableció “un mecanismo de reaseguro que obliga a las entidades financieras a ofrecer facilidades a los deudores, siempre que se supere la incidencia de las cuotas sobre los ingresos”.
Las estimaciones realizadas a partir del índice de salarios elaborado por el INDEC permiten concluir que la relación cuota- ingreso se ubicará por debajo del 35% al finalizar la convergencia en julio de 2022, indicó el Banco Central.
En ese escenario, el Banco Central resolvió crear un régimen informativo “que permitirá el monitoreo y alerta temprana para identificar y atender posibles casos de riesgo que afecten a personas deudoras”.
Ante la crisis por la pandemia, el Gobierno nacional y el Banco Central dictaron diferentes medidas para atender las consecuencias de la pandemia de Covid 19, “tendientes a resguardar la situación de las personas deudoras del sistema financiero”.
En particular, los Decretos 319/20 y 767/20 establecieron el congelamiento de las cuotas de créditos hipotecarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) con vigencia entre abril de 2020 y enero de 2021.
A fin de “evitar saltos sustanciales” en la evolución de las cuotas tras el prolongado período de congelamiento, luego se estableció el mecanismo de convergencia con vigencia entre febrero de 2021 y julio de 2022.
A su vez, tras los diversos reclamos por parte de los hipotecados, la Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado inició el tratamiento de iniciativas que buscan resolver la problemática de aquellas personas que tomaron el crédito ajustado por inflación.
Los proyectos de Julio Cobos y Mario Fiad comenzaron a ser analizados días atrás, iniciativas que proponen, por ejemplo, suspender las ejecuciones por parte de la Justicia por un plazo de seis meses.
Por su parte, la agrupación Hipotecados UVA reclama una ley que los “proteja”, ya que “los créditos son a treinta años”.