Como consecuencia del “principio de lesividad” y la idea de afectación a los derechos de terceros, nace lo que se constituye en la esencia del derecho penal, esto es, la violación a un bien jurídico.
Cabe entonces preguntarse si este planteo jurídico puede aplicarse al derecho colectivo de recibir una contraprestación por los servicios y contribuciones que pagan los vecinos de Paraná.
Desde 2015 hasta la fecha, la administración municipal ha caído sistémicamente en cuestionamientos de orden público y jurídico.
El re direccionamiento de partidas de afectación específica, la falta de prestación de servicios acorde a los parámetros pre establecidos en el ordenamiento jurídico que supone el presupuesto municipal y la ejecución de partidas sin control de obra y su eficiencia y durabilidad, dejan abierta la duda si no resulta viable un cuestionamiento jurídico de lesividad al erario público municipal.
El ingreso de personal a la planta del estado sin dar cumplimiento a los concursos previstos por la orgánica municipal 10027 y sus modificatorias y la creación de cargos jerárquicos sin una tarea específica suponen también una presunta lesividad.
Teniendo en cuenta entonces que los bienes jurídicos, en este caso el erario público, son el conjunto de garantías, derechos e intereses que se hallan protegidos a lo largo de la Constitución de la República y en otras leyes, tales como el derecho a la vida, a la libertad, a la honra, a la propiedad, en suma, todo aquello a lo tenemos derecho de disponer y que podría entenderse como un bien jurídico colectivo al municipio, sólo que son muchos los titulares, es que planteo este interrogante.
El accionar del Tribunal de Cuentas, no despeja dudas. Las suma. Es inexplicable que la falta de ejecución de partidas específicas no haya sido causal, al menos, de un cuestionamiento jurídico ante la justicia ordinaria.
Habiéndose dado este tipo de situaciones desde el comienzo mismo de la gestión, cabe la pregunta de que si todo lo actuado no podría enmarcarse en Lesividad desde el origen mismo.
La administración de Sergio Varisco ha sido, a mi entender, la más ultrajante contra la ciudad, la más nociva a los intereses colectivos y la más despiadada que atentó en contra de la continuidad saludable del estado.