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Politica

¿Fin a la eternización sindical?

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La diputada nacional cordobesa de Cambiemos Soledad Carrizo planteó ayer que la crisis dentro del sindicalismo, asociada a los recientes casos de corrupción que apuntan contra los sindicalistas Víctor Santa María, Marcelo Balcedo, Omar “Caballo” Suárez y Juan Pablo “Pata” Medina, “abre una gran oportunidad” para debatir la limitación de la reelección sindical y la democratización del sector.

Durante el período que va de 2014 a 2016 se ingresó un total de 11 proyectos ante la Comisión de Legislación de Trabajo para modificar la ley 23. 551, de asociaciones sindicales, vigente desde 1988. Uno de ellos lo presentó Carrizo, hace dos años.

La diputada precisó que ninguno de ellos tuvo lugar en el Congreso en gran medida por la composición anterior de la comisión, que tenía una gran cantidad de diputados con “filial gremial”.

Entre los puntos más resonantes del proyecto se destacan “la renovación y la alternancia de las autoridades sindicales” y la limitación de la reelección indefinida.

Si bien la diputada sostiene que “la motivación de este debate no es debilitar al sindicalismo, sino más bien fortalecerlo”, la modificación de la ley limitaría el poder de los gremios, en medio de la pulseada que lleva el Gobierno con los sindicatos por la reforma laboral, los despidos y las paritarias.

“El sindicalismo debe castigar los hechos de corrupción”, dijo a LA NACION la diputada oficialista, y apuntó contra el sector sindical que se “ha enriquecido durante los últimos 50 años”. Se refirió a los gremios de camioneros, gastronómicos, taxistas y del correo, entre los que encabezan “la lista de los 10 sindicalistas” históricos.

Asimismo, describió: “La mayoría de los sindicalistas creen que el Estado no debe involucrarse, pero debe hacerlo porque hay un libertad sindical que está dañada”, También, distinguió que hay una resistencia importante a la hora de tratar estas cuestiones por parte de los sectores más “combativos del peronismo”.

Los días negros del sindicalismo

Según Carrizo, el gran desafío será negociar con el peronismo. Pero distinguió algunas diferencias dentro del justicialismo. Se refirió al Peronismo Federal como una rama más dialoguista. Además explicó que muchas veces desde este sector se encuentran más predispuestos a negociar porque no pueden dejar de lado las exigencias de las provincias a las que representan.

Las dificultades a la hora de acercar posiciones sobre un proyecto de democratización sindical estaría, según Carrizo, en el diálogo con los diputados kirchneristas y del Frente Renovador.

Así, incluyó al sector de Sergio Massa como parte de un peronismo “más combativo”, e indicó que “con anterioridad supo sentarse a debatir, pero hoy viró de acuerdo con las urgencias de su propia agenda electoral”.

“Es un debate que se viene que no lo vamos a poder soslayar, sobre todo con los hechos que han salido a la luz”, afirmó la diputada cordobesa, quien sostiene también que si esto insta a los sindicalistas a modificar sus propios estatutos, el Poder Legislativo “no se va a meter”. Y agregó: “Es la misma sociedad la que va a exigir mayor transparencia”.

Fuente: La Nación

Economia

El Gobierno ya no buscará una ley de reforma laboral sino acuerdos puntuales

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El Gobierno reconoció que ya no buscará una ley de reforma laboral sino que buscará lograr acuerdos puntuales con distintos sectores. Desde el Ejecutivo aclararon que “no es de vida o muerte que sea una ley o varias leyes”. La intención de la Casa Rosada -no explicitada abiertamente- es que las modificaciones se realicen en la primera mitad del 2018.

“Acuerdos sectoriales viene habiendo y van a seguir ocurriendo, pero también van a suceder modificaciones normativas, que el Congreso decidirá en el debate de los consensos parlamentarios y todos tenemos minorías para ver si es mejor que ese conjunto de normas sean varias leyes separadas o sea una ley conjunto. Lo importante es entender esa idea del reformismo laboral, que va más allá de una reforma laboral”, sostuvo el jefe de Gabinete Marcos Peña en declaraciones radiales.

“Había varias iniciativas que eran fruto del consenso con la CGT a fin de año y se empaquetaron en una sola ley, pero para nosotros no es de vida o muerte que sea una ley o varias leyes”, agregó el funcionario.

La idea, según afirman en la Casa Rosada, es que no habrá una ley de reforma laboral sino un conjunto de iniciativas, algunas vía acuerdos y otras vía leyes.

En el Ejecutivo creen que es importante avanzar durante en el primer semestre de 2018. Aunque no lo dicen abiertamente, el temor es que en la segunda mitad del año arranque de hecho la pelea por la elección presidencial del año que viene y la búsqueda de acuerdos se haga cuesta arriba. El no insistir con una ley amplia de reforma laboral busca además evitar un desgaste como el que sufrió el oficialismo con el debate de la reforma previsional.

Lo que sí hará el Gobierno
Hoy Peña insistió: “No hay una sola reforma, en la Argentina, que sea sacamos una ley y ya cambiamos el tema. Todo requiere trabajo, requiere diálogo, implementación y seguimiento y eso va a seguir haciéndose”.

“Lo que para nosotros es importante es que avancemos en un blanqueo laboral para que los trabajadores informales puedan ingresar al mercado formal; es de vida o muerte generar mejoras en el tema capacitación para que todos puedan incluirse, y queremos mejorar, por ejemplo, el régimen de licencias”, agrego.

Para lograr los cambios, en el Gobierno son conscientes de que necesitan el apoyo de todos los actores. “Lo que queremos hacer y lo queremos hacer dialogando con los sindicalistas, los trabajadores, los gobiernos y la sociedad, en general”, agregó el jefe de Gabinete.

“Si el título (de ‘reforma laboral’) evoca otros momentos que parece que pierden los trabajadores, volvamos a la mesa de trabajo y discutamos herramienta por herramienta. No tenemos un problema en eso, lo que no podemos aceptar es no debatir cambios en un sistema laboral injusto, desigual y obsoleto en muchos planos”, finalizó Peña.

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Politica

Para Frigerio, “no hay que enamorarse” de la cláusula gatillo

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El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró que en las paritarias de este año no será necesario incluir “cláusulas gatillo”, ya que “tenemos una pauta inflacionaria revisada” del 15% para 2018.

Según el funcionario, “creemos en las paritarias libres, pero si tenemos una lucha contra la inflación todos los sectores tienen que actuar en consonancia. Lo lógico sería que la discusión paritaria tenga en cuenta esto”.

En declaraciones a un canal de TV, Frigerio señaló además que la denominada “cláusula gatillo” es “un buen instrumento del que no hay que enamorarse”, pero dijo que para las paritarias que se avecinan, no será necesario utilizarla.

“Hoy el país tiene una pauta inflacionaria revisada”, resaltó el ministro.

Y añadió: “no podremos derrotar a la inflación si no bajamos el déficit fiscal. Desde 2004 los recursos del Estado fueron mayores a los gastos. Hemos bajado el déficit fiscal con una economía creciendo que hace mucho no ocurría”.

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Economia

El gobierno defendió el decreto que generó polémica con gremios docentes

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El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, aseguró que el decreto oficial que modificó las pautas negociadoras nacionales entre los gremios docentes y el gobierno “no fue hecho contra nadie” sino que “ordena” y “pone blanco sobre negro” sobre “la confusión existente en relación con una paritaria nacional”, lo que fue rechazado por dos de las cinco organizaciones con representación en todo el país.

Los cinco gremios con representación nacional son la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), aunque hoy se expresaron en contra del decreto la Ctera, el Sadop y el bonaerense Suteba.

El Gobierno nacional difundió el decreto 52/18, publicado hoy en el Boletín Oficial, que ordenó “muchas cuestiones que generaban confusión y malentendidos en el anterior decreto reglamentario del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, como “la supuesta existencia de una paritaria nacional” docente, explicó el funcionario.

“Si el ex presidente Néstor Kirchner -que dictó el decreto reglamentario modificado hoy- hubiese querido la paritaria nacional docente hubiese hecho una ley al respecto”, afirmó Finocchiaro, quien aclaró que el nuevo instrumento “aclara y ordena” los temas de la negociación entre gobierno y sindicatos, que serán gremiales y no salariales.

La medida fue rechazada por Sonia Alesso, Roberto Baradel y María Lazzaro, jefes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y principal gremio bonaerense y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), respectivamente.

El Sadop fue el sindicato que con más énfasis la repudió, ya que según sus dirigentes el artículo 3 elimina de cuajo su participación en la paritaria con el Estado bajo el argumento de que existen cámaras privadas con las que ese gremio debe negociar.

La Ctera rechazó la decisión oficial de igualar la representación de los gremios nacionales en el ámbito de discusión -la norma anterior determinó la proporcionalidad- y Baradel lo juzgó “un absoluto mamarracho jurídico”, aunque Finocchiaro sostuvo que hay actores que “se creen el ombligo del mundo, pero el gobierno piensa en la gente y no en la reacción de las variables que tenga el kirchnerismo”.

Alesso adelantó que la Ctera denunciará al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que acudirá a la justicia por “esta medida absolutamente política”.

“Los privilegios de los que gozaron los gremios docentes durante el kirchnerismo no significa que deban mantenerse sin una base normativa”, dijo a Télam el ministro, quien defendió la proporcionalidad que estipulada en la representación negocial.

Para Finocchiaro, la Ctera ya “tenía decidido ir al conflicto, hubiese o no decreto”, y defendió la exclusión de lo salarial de la mesa de diálogo con los gremios nacionales porque “el Estado no abona un solo sueldo sino que lo hacen las provincias”.

El decreto ratificó el acuerdo firmado en 2016, cuando gobierno y gremios convinieron que el piso de discusión salarial debía ser “un 20 por ciento por encima del mínimo, vital y móvil”, aunque eliminó la posibilidad de la discusión federal que exigen los sindicatos.

El gobierno procura también un acuerdo anual de “un convenio marco” sobre condiciones laborales, calendario educativo y carrera docente, entre otros temas no salariales, según el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña; y los ministros Finocchiaro y de Trabajo, Jorge Triaca.

Baradel consideró “una aberración” el cambio de la representación gremial en la discusión con la Nación, tildó como “mamarracho jurídico” la decisión oficial de dejar afuera la discusión salarial y sostuvo que “la representación en la mesa paritaria es proporcional a la cantidad de trabajadores representados por cada organización”.

“Esto elimina la paritaria nacional porque se pretende quitar derechos a los trabajadores. El gobierno los desprecia, es autoritario e incumple los convenios internacionales. Los gremios rechazarán de plano un aumento salarial del 15 por ciento”, aseguró.

Mirta Petrocini, secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), aseguró a su vez que “no es posible borrar por decreto ámbitos de discusión y diálogo” e indicó que “esta sucesión de actitudes a pocos días de la paritaria genera un clima caldeado que no favorece un buen arranque”, porque “se demoniza a los docentes”.

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