El jefe del PRO en Diputados Cristian Ritondo consideró que la reforma judicial anunciada por Alberto Fernández y que se materializará en un proyecto de ley que llegará al Senado debería demorar su tratamiento por la pandemia del coronavirus.
“Vivimos un momento de preocupación por la pandemia, la sociedad ya padece numerosos problemas como para abrumarla con temas que no son prioritarios. Creo que la prioridad pasa por superar los efectos nocivos de la cuarentena en el plano laboral, comercial, empresarial y financiero”.
“Nosotros consideramos que la reforma judicial puede tratarse en otro momento, pero la economía y la seguridad no pueden esperar. Muchos menos pueden esperar los miles de trabajadores registrados que quedaron en la calle, las miles de empresas que quebraron, los miles de comerciantes que bajaron la cortina, no pueden esperar”, señaló Ritondo, ni bien conoció el anuncio del presidente.
“Nosotros vamos a dar todos los debates y alcanzar todos los consensos que sean necesarios para mejorar el servicio de Justicia y de cualquier otra institución, pero siempre respetando los tiempos de la sociedad, y ocupándonos en cuestiones que merecen un tratamiento prudente porque debemos legislar para las próximas generaciones”, prometió.
Fue el único pronunciamiento oficial de la oposición: la UCR mantuvo una cumbre virtual por la noche entre las autoridades legislativas y las del Comité Nacional para definir una postura sobre el proyecto de ley. La harían pública este jueves, pero sin embargo varios diputados anticiparon su rechazo.
“La Reforma Judicial presentada ayer por el Presidente es inconstitucional, nada tiene de transparente y confirma que busca someter y controlar a la Justicia. El huevo de la serpiente está en las designación de Jueces subrogantes”, sostuvo Luis Petri, mendocino y tan cercano al presidente de su partido Alfredo Cornejo como a la del PRO, Patricia Bullrich.
“Este proyecto sintetiza lo peor de la Reforma Judicial del menemismo, con el escandaloso Proyecto de Democratización de la Justicia del Kirchnerismo, que designó jueces subrogantes irregularmente. Y culmina con la ampliación de la Corte con la vuelta de la mayoría automática”.
Hay consenso en rechazar la ampliación de la Corte Suprema, que no es parte del proyecto sino de un debate de expertos juristas que se prolongará por 2 meses. “La ampliación de la Corte nos hace retroceder 30 años. El menemismo la llevó de 5 a 9 jueces en abril de 1990 para generar vacantes y formar una mayoría que avalara las decisiones de un Gobierno que integraron muchos de la actual gestión. El min de Justicia era Arslanian”, se apuró a tuitear Gustavo Mena.
Sin Cambiemos, al oficialismo sólo le resta aceitar los contactos con los aliados de Diputados, como son el bloque Unidad para el Desarrollo, que preside el mendocino José Luis Ramón; y los federales referenciados en el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y Roberto Lavagna, quien viene habilitando la rebeldía de sus dirigidos en los temas más importantes. En el Senado no hay inconvenientes: la mayoría oficialista garantiza la aprobación.