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¿Cerca del final? Revelan detalles del presunto acuerdo narco

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El intendente de Paraná, que ayer se presentó en la sede del Concejo Deliberante local para repetir que es “inocente” y que nada tiene que ver con el narcotráfico, desde julio del año pasado está mencionado a lo largo y ancho de las resoluciones dictadas por el juez federal Leandro Ríos, quién le tomó declaración indagatoria la semana pasada y en estos días debe resolver su situación procesal. El magistrado manifestó, en el auto de procesamiento de los miembros de la banda comandada por Daniel “Tavi” Celis, que el nombrado, incluso después de su detencion en 2016 por el robo a una estancia, manejaba el negocio del narcotráfico en varias ciudades a partir de un “acuerdo político” con el intendente Sergio Varisco por el cual “obtenía fondos líquidos para la adquisición del estupefaciente, dado que a través de Cristian Javier Silva administraba los sueldos, bienes y recursos provenientes de la Unidad Municipal N° 2 de Paraná”.

De acuerdo con el texto oficial, como parte del acuerdo, Celis le abrió las puertas al candidato de Cambiemos en los barrios del oeste de Paraná donde tiene sus dominios y como contraprestación, pidió que fueran incorporados al aparato estatal 40 personas, entre ellas la pareja del jefe narco, María Fernanda Orundés Ayala. Varisco, ocho días después de asumir el cargo, el 10 de diciembre de 2015, comenzó a cumplir su compromiso y llevó a la plantilla estatal a 33 personas “de estrecha confianza” de Daniel Celis. Además de los puestos de trabajo, el acuerdo incluía “la concesión de obras públicas municipales, a canalizarse por la empresa constructora de Cristian Silva”. Esto no se pudo concretar, según se señaló en el escrito, porque el intendente tuvo algunas objeciones desde Buenos Aires.

Ocho días después de asumir, “mediante Decreto Nº 65 Varisco designó estratégicamente en el cargo de Director General de la Unidad Municipal Nº 2, con categoría 43 a Hernán Jesús Rivero (Legajo 32.788) y, del mismo modo, mediante Decreto Nº 67 nombró en el cargo de Director de la Unidad Municipal Nº 2 a Miguel Leguizamón, ambas personas de suma confianza y amistad con el organizador Daniel “Tavi” Celis”.

El juez resaltó que “sin lugar a dudas, esto le permitió al organizador dominar de facto los anhelados recursos materiales y humanos de dicha dependencia municipal, afectándolos clandestinamente al tráfico de estupefaciente”. Con posterioridad “a comienzos de junio de 2016, Varisco ya había designado a 15 personas más que le respondían a Celis” según refiere el jefe narco durante una discusión telefónica con el concejal Pablo Hernández, de acuerdo con una de las escuchas incorporadas a la causa. Tanto Hernández como Griselda Bordeira, la subsecretaria de Seguridad, ambas personas de confianza de Varisco, eran los que se comunicaban con los miembros de la banda. De las declaraciones indagatorias de Hernández y Bordeira –los dos quedaron detenidos– habrían surgido elementos que complican más la situación del intendente.

El fallo judicial subrayó que la designación de allegados a Celis “se pueden ejemplificar con las designaciones de la pareja del propio Celis, María Fernanda Orundés Ayala (Legajo 33.072), mediante el Decreto Nº 2181 de fecha 24/10/16, en la Dirección General de Comunidad Vecinal de Desarrollo Social, siendo en el mismo acto administrativo trasladada a la Unidad Municipal Nº 2”. Lo mismo ocurrió “con Renzo Bertana (Legajo 33.073), mediante Decreto Nº 2178 del mismo 24/10/16 y con la misma modificación, es decir se los designa en la Dirección General de Comunidad Vecinal de Desarrollo Social y en el mismo acto administrativo se lo traslada a la Unidad Municipal Nº 2”, que se encargaba del acopio y la distribución de estupefacientes en móviles del Estado municipal.

En el escrito se dejó constancia que las designaciones de personal impuesto a dedo por Celis “aún aconteció cuando éste ya se encontraba detenido por el Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, lo que ocurrió en el mes de agosto de 2016”. En esa resolución, en la que fueron procesadas unas veinte personas relacionadas con Celis, se aclaró que “Varisco no pudo o no quiso cumplir con otros aspectos del acuerdo ‘político’” con el jefe narco “puntualmente con la concesión de la obra pública a Daniel Andrés “Tavi” Celis y Cristian Javier Silva. El intendente alegó “objeciones desde la administración central nacional”. Según surge de las quejas expresadas por Celis en sus contactos con los funcionarios municipales, tampoco devolvió el dinero que el jefe narco había aportado a la campaña de Cambiemos, en afiches, logística e incluso en la organización de fiestas en barriadas del oeste de Paraná.

Por medio de las escuchas que totalizaron miles de horas, el juez pudo también determinar que funcionarios de estrecha vinculación con el intendente Varisco se interesaron y trataron de interceder en favor de Daniel Celis cuando éste fue detenido por la justicia provincial por el robo en la estancia. Cuando esas gestiones quedaron al descubierto, se produjo la renuncia de Marcelo Álvarez, secretario de Ambiente del municipio, quien negó haber realizado gestiones en favor del jefe narco y aseguró, en cambio, que dejaba el cargo “por motivos personales”.

De todos modos, en una de las consultas hay una conversación en tono de negociación entre el nombrado Alvarez y Hugo Gemelli, uno de los abogados de Celis. En la charla se advierte la existencia de una amenaza de Celis de tomar represalias por algo que consideraba una traición al “pacto político” sellado con el intendente. Otro elemento de prueba importante es el diálogo mantenido por la subsecretaria de Seguridad Griselda Bordeira con el funcionario policial Guillermo López, quien prestaba servicios en agosto de 2016 en la Departamental Diamante. El llamado, sin duda inapropiado, era para interesarse por la situación procesal del jefe narco, con el fin de darle una respuesta a sus familiares, tal vez para recordarle que había un acuerdo que cumplir. Hoy, la situación del intendente Varisco está más compleja que nunca, porque las sospechas y los indicios concretos se siguen acumulando.

Fuente: (Página 12)

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Duhalde y Alfonsín confirmaron que Lavagna será candidato

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El ex presidente Eduardo Duhalde, junto al referente del radicalismo Ricardo Alfonsín, confirmó la candidatura de quien fue su ministro de Economía, Roberto Lavagna, de cara a las elecciones presidenciales del 2019.

Según sus declaraciones, formaría una coalición que represente a parte del peronismo, sectores del radicalismo y algunos desilusionados con el proyecto político de Mauricio Macri.

“Lavagna, yo hablo permanentemente con él, yo no estaría diciendo lo que digo si no supiera de la voluntad patriótica que tiene,” explicó Duhalde, en diálogo con Perfil.

Y profundizó: “no es que esté encantado. En este momento necesitamos de la experiencia, no solo de él, sino de un equipo que entienda como se sale. Lo hablo con él, estamos haciendo un lio tremendo, un maremoto en una palangana. No es difícil salir si se tiene en claro los objetivos”.

Por su parte, Alfonsín concluyó que “hay muchos en la política nueva que creyeron que era fácil, parte de la sociedad creía que era fácil, y no es fácil la política. No es gobernar una empresa la política, no son 40 millones de empleados, son 40 millones de argentinos que piensan distinto”.

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Cristina pidió al Senado que autorice los allanamientos

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La ex presidenta Cristina de Kirchner presentó un comunicado este martes a sus compañeros senadores a través del jefe de bancada del FpV en la Cámara alta, Marcelo Fuentes, que participó en la reunión de Labor Parlamentaria. En él, aceptó los allanamientos pedidos por el juez federal Claudio Bonadio pero puso condicionamientos.

“Quiero dirigirme, en primer lugar, a los senadores y senadoras que, de distintas bancadas opositoras, se hicieron cargo de los críticos momentos que atraviesa el Estado de Derecho y el sistema de representación democrático en Argentina y no prestaron quorum para autorizar el -literalmente- inédito pedido de allanamiento múltiple sobre mi vivienda en esta ciudad y El Calafate y mi domicilio en la ciudad de Río Gallegos”, comienza el texto de la senadora.

“Tengo muy claro que dicha actitud no fue por solidaridad personal ni ‘corporativa’, sino que, por el contrario, obedeció a la firme decisión política de no convalidar la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución política a los opositores y de distracción mediática para la población”, continuó.

La expresidenta continuó que en su texto que no tiene “ningún inconveniente” en que el cuerpo que integra autorice lo solicitado por el magistrado Claudio Bonadio.

“Corresponde aclarar que esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadío en su cruzada persecutoria contra mi persona, sino que tiene por principal objetivo terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos”, explicó Cristina.

A pesar de la autorización, la ex mandataria realizó una serie de pedidos condicionantes a la autorización. Así solicitó que el Senado garantice que las medidas que se lleven adelante sean para garantizar pruebas relacionadas con la investigación y pidió que no se tomen imágenes de sus viviendas para difundir posteriormente en los medios.

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El ex dueño del frigorífico Santa Elena se presentó ante Bonadío

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La causa de los cuadernos de la coimas K sigue su vertiginoso curso y en las últimas horas se sumó el nombre de otro empresario, Sergio Taselli, que decidió presentarse de forma espontánea ante el juez federal Claudio Bonadio.

Si bien no había sido llamado a indagatoria por el magistrado, sus oficinas habían sido allanadas en los primeros procedimientos ordenados por Bonadio cuando se inició la investigación.

La trayectoria de Taselli encontró posiblemente su apogeo entre los inicios de la década del 90 y mediados del 2000. Después de gestionar empresas de electricidad y otras relacionadas a la construcción, logró generar la mayor parte de sus ingresos gracias a la producción carbonífera y al transporte.

También estos dos campos son los que le provocarían años después sus mayores problemas con la Justicia, tanto a nivel nacional como internacional.

En 1994, Taselli se hizo cargo de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, una vez que fue privatizada por el gobierno de Carlos Menem.

Pese a recibir un subsidio anual de USD 25,5 millones por parte del Estado, no sólo no logró cumplir con las inversiones ni el mínimo de producción estipulados, sino que además produjo un vaciamiento total de la empresa, en el que se liquidó el sistema de seguridad, se redujo notablemente la plantilla de operarios y se produjo el traspaso irregular de maquinarias a otras empresas suyas.

Como producto de esa política, en 2004 se produjo una tragedia dentro de una mina: un incendio dejó un saldo de 14 operarios muertos. Según la investigación, el fuego se inició en el rodillo de una cinta transportadora de carbón. El puesto del operario encargado de revisar el buen funcionamiento de ese dispositivo había sido eliminado durante la gestión de Taselli.

Taselli se encuentra ahora a la espera de un juicio oral por “administración fraudulenta y estafa procesal en perjuicio del Estado Nacional en ocasión del vaciamiento del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio”. El juicio sería llevado adelante por el Tribunal Federal Oral Nº 5, en manos del juez Sergio Torres, y la fiscalía Nº 7, a cargo de Miguel Osorio.

El otro gran escándalo judicial que involucró a Taselli se debió a su gestión al mando de tres líneas de Trenes Metropolitanos, publicó Infobae.

Desde finales de los 90, Taselli quedó a cargo de las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. Sin embargo, las irregularidades e incumplimientos de todo tipo se convirtieron en un común denominador durante toda su gestión. Así, recién en 2007, Néstor Kirchner decidió rescindir el contrato de explotación que tenía con Taselli respecto a los trenes.

En 2011, la justicia decidió procesarlo por el delito de “administración infiel agravado en perjuicio del Estado” por su labor irregular entre los años 1996 y 2002.

Las fallas de gestión estaba basada en aspectos como falta de mantenimiento del material rodante y las estaciones, deterioro de coches y vías, falencias en las condiciones de seguridad e inexistencia de estructuras de señalización reglamentarias, entre otros. Se trataba de un manejo irregular de unos 35 millones de pesos. Finalmente, esa causa prescribió.

En 2017, el gobierno de Cambiemos le reclamó una deuda por daños y perjuicios por incumplimientos contractuales que ascendería a los 4 mil millones de pesos.

El empresario también es investigado en Suiza por lavado de dinero. La justicia de ese país pidió a la Argentina las causas en las que está involucrado. Las sospechas surgieron a raíz de unos depósitos que se realizaron en cuentas a nombre de Taselli, que se presume fueron realizados por el mismo para blanquear la plata.

Fueron cuatro operaciones. Dos desde una cuenta en el Royal Bank de Canadá a una cuenta de ese banco en Ginebra a nombre de Taselli por 10 millones y 8,6 millones de dólares. Otro depósito fue por 3 millones de dólares entre dos cuentas a nombre del empresario en distintos bancos suizos. Y una cuarta por 5,4 millones de dólares vinculado a una empresa de energía en Formosa que presidía Taselli. Todos se realizaron entre agosto de 2003 y abril de 2009.

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