Los presos de las cárceles entrerrianas están en estado de alerta por la pandemia del coronavirus (COVID-19); temen el contagio en establecimientos superpoblados, donde viven hacinados y con carencias de elementos de higiene.
El temor se materializó en la presentación de infinidad de habeas corpus, individuales y colectivos, a través de abogados o por mano propia, solicitando la excarcelación. Este recurso ha sido sistemáticamente rechazado por los tribunales entrerrianos, pero los jueces han atendido el temor colectivo concediendo prisiones domiciliarias a 129 internos que se encontraban comprendidos en el régimen de libertad condicional, en condiciones de acceder a la libertad asistida y otros que tenían salidas laborales o familiares.
Sin embargo, la ministra Rosario Romero admite que la situación en las cárceles es “especialmente delicada” a partir de la irrupción de la pandemia.
La situación en las cárceles se había puesto tensa a partir del 13 de marzo cuando las autoridades limitaron las visitas a dos personas por interno y explotó una semana después cuando directamente se prohibió el ingreso de familiares a las unidades penales por el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional.
Primero el Colegio de Abogados de Entre Ríos, luego los organismos de derechos humanos y finalmente el propio Superior Tribunal de Justicia (STJ) advirtieron sobre la crítica situación que se estaba viviendo dentro de las cárceles.
En respuesta a esos cuestionamientos, el Ministerio de Gobierno y Justicia dispuso una serie de medidas internas, “desde la desinfección de los pabellones, más limpieza, se proveen más productos de limpieza para el personal penitenciario y para los internos; para los detenidos se incrementó la entrega de productos que consumen en la cotidianeidad, como yerba y azúcar, y los familiares siguen teniendo la posibilidad de acercar cosas al penal y el personal penitenciario se los entrega a los internos. También hubo planteos de los internos que han ido resolviéndose”, explicó la ministra Romero en diálogo con el programa En el dos mil también (FM Litoral).
El Servicio Penitenciario les informó a los tribunales que implementó un servicio de vigilancia sanitaria y realiza un monitoreo permanente a los internos, como también al personal, a los civiles y a las autoridades que ingresen a las unidades penales.
También hubo otros beneficios para los detenidos en unidades penitenciarias entrerrianas: el STJ autorizó a los internos el uso de teléfonos celulares para comunicarse con sus familiares mientras dure la cuarentena.
El 20 de marzo había 2.667 internos distribuidos en las nueve unidades penales de la provincia. Según datos oficiales, en un mes se concedieron 129 prisiones domiciliarias y excarcelaciones (64 para internos dependientes de la justicia provincial y 65 para detenidos a disposición de la justicia federal, que incluso lo venía disponiendo desde antes), lo que ha generado una reducción del 5 por ciento de la población penal. Sin embargo, hasta el 2 de abril todavía permanecían detenidas 98 personas mayores de 60 años –el mayor tiene ¡83 años!– y 302 internos con HIV, sífilis, cáncer, chagas, hepatitis, diabetes, enfermedades pulmonares e hipertensión. En su caso, los jueces coinciden en que no corresponde la excarcelación “si el condenado se encuentra recibiendo el debido tratamiento en el establecimiento carcelario y no se demostró que la circunstancia de que se conceda la prisión domiciliaria asegure que reciba el tratamiento adecuado para su enfermedad, ni que el alojamiento carcelario conduzca indefectiblemente al agravamiento de su salud”.
No obstante, es probable que en los próximos días se concedan más excarcelaciones o prisiones domiciliarias, ya que los planteos se analizan caso por caso, teniendo en cuenta si los peticionantes integran o se aproximan a los grupos de riesgo, según la edad y las condiciones físicas, y si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de causas.
Cada pedido de excarcelación o prisión morigerada que realizan los defensores –o los propios internos– es recibido por el juzgado natural del caso que, a su vez, le corre vista al fiscal para que opine y finalmente el juez resuelve si concede o no los beneficios.
Uno que no
Gustavo Andrés Barrientos también pidió cumplir la cuarentena en su casa.
Petaco Barrientos, reconocido jefe de la barrabrava de Patronato, se encuentra detenido purgando una condena de once años de prisión por doble homicidio y presentó un habeas corpus pidiendo el arresto domiciliario. El planteo fue rechazado en la justicia provincial y entonces recurrió a la justicia federal, pero esta vez lo hizo con una denuncia contra los jueces Cecilia Bértora, Pablo Barbirotto y Román Saint Marie por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Hasta el estallido de la pandemia, Barrientos estaba gozando de salidas socio-familiares y había iniciado el trámite para acceder a la libertad condicional; por eso los magistrados provinciales rechazaron su pedido de arresto domiciliario.
El juez federal Daniel Alonso ratificó aquella resolución y luego también lo hizo la Cámara Federal de Apelaciones. Resaltó que en la unidad penal no se ha registrado ningún caso de coronavirus y que Barrientos no integra ningún grupo de riesgo que amerite brindarle un tratamiento diferencial; y aseveró que “la situación de encierro no agrava el riesgo ante la pandemia” y que la suspensión del régimen de visitas o la reubicación de los internos no constituye un agravamiento de las condiciones de detención.