El bloque opositor presentó un pedido de informes sobre el aumento del boleto de colectivos en la ciudad de Paraná y reclamó a las autoridades municipales que pongan en funcionamiento el Órgano de Seguimiento previsto por ordenanza. Advirtieron falta de transparencia y debilidad en los mecanismos de control.
El bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante de Paraná y fijó posición sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control en el sistema de transporte público tras la reciente actualización del valor del boleto.
A través de la iniciativa se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que brinde los detalles técnicos y económicos que fundamentaron el incremento tarifario. Desde el bloque señalaron que toda modificación en el cuadro tarifario “debe estar respaldada por información precisa, verificable y acorde a los parámetros establecidos en la ordenanza vigente”.
En ese sentido, requirieron conocer la metodología de cálculo aplicada, la composición actualizada de la matriz de costos, las variaciones registradas desde la última actualización y los niveles de prestación del servicio. También pidieron información sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa concesionaria y la eventual aplicación de sanciones.
“Es indispensable que los usuarios sepan qué están pagando y que el Concejo pueda ejercer plenamente su rol de control”, sostuvieron, y remarcaron la necesidad de contar con informes técnicos que respalden las decisiones del Ejecutivo.
En paralelo, los concejales reclamaron la puesta en funcionamiento efectivo del Órgano de Seguimiento del sistema de transporte, previsto en la Ordenanza Nº 10.213, y cuestionaron que, pese a estar contemplado en la normativa, aún no haya sido convocado. “Esto genera un vacío en el control social y técnico que la ordenanza establece”, advirtieron.
Finalmente, desde Juntos por Entre Ríos alertaron que la falta de funcionamiento de este ámbito debilita los controles sobre un servicio esencial y reclamaron al Ejecutivo que regularice la situación en un plazo de 15 días.