La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos se declaró en estado de alerta este viernes 26 de diciembre, tras denunciar la caída de cientos de contratos en la administración pública provincial. El sindicato dirigió un reclamo urgente al gobernador Rogelio Frigerio, exigiendo una «respuesta positiva e inmediata» para evitar que cientos de familias queden sin ingresos en el cierre del año.
La tensión escaló luego de que se conociera un decreto de renovación de contratos en el que, según advierten desde el gremio, una parte significativa de los trabajadores no fue incluida. Para ATE, esta exclusión representa una baja de hecho que profundiza la vulnerabilidad de quienes sostienen el funcionamiento estatal bajo modalidades precarias.
El reclamo por la estabilidad
Desde la conducción provincial de ATE enfatizaron que los trabajadores no pueden ser «la variable de ajuste» de las cuentas públicas. La organización calificó la situación como un «grave daño social» y recordó que la precariedad en el empleo público es una responsabilidad que el Estado arrastra desde hace años, independientemente del signo político de turno.
“Las y los trabajadores no pueden cargar con la responsabilidad de formas de contratación precarias que el propio Estado sostiene desde hace años”, sentenciaron a través de un comunicado oficial emitido esta mañana.
Los puntos centrales de la demanda
El sindicato estructuró su pedido sobre tres ejes urgentes para desactivar el conflicto:
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Prórroga inmediata: Extender la vigencia de todos los contratos actuales para garantizar la continuidad salarial.
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Regularización laboral: Iniciar un proceso de pase a planta permanente o estabilidad para terminar con la rotación de contratos temporales.
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Mesa de diálogo: Una reunión urgente con las autoridades del Poder Ejecutivo para abordar la «sensibilidad» de la situación.
Un cierre de año bajo tensión
El conflicto estalla en un momento crítico, coincidiendo con el receso administrativo y las fiestas de fin de año, lo que aumenta la incertidumbre entre los empleados públicos. Desde el gremio ratificaron su postura en defensa del «trabajo digno» y advirtieron que se mantienen en sesión permanente a la espera de una convocatoria por parte del Gobierno provincial.
Por el momento, el Ejecutivo no ha emitido un comunicado oficial sobre el alcance de las bajas ni sobre si se abrirá una instancia de negociación con los representantes sindicales en las próximas horas.