La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la causa “Contratos”, que investiga el presunto desvío de fondos de la Legislatura, debe tramitarse en la justicia de la provincia de Entre Ríos. La resolución por parte de los miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fue unánime.
“De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, corresponde rechazar el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal n° 1 de Paraná, lo que así se dispone. Hágase saber al Juzgado de Garantías n° 1 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos”, señalaron al dar su veredicto.
De esta manera, y en línea con el dictamen que había emitido el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la Corte Suprema resolvió devolver la competencia de la causa al Juzgado de Garantías N°1 de Paraná, que está a cargo de la jueza Marina Barbagelata.
Cabe recordar que, en agosto del año pasado, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, consideró que la inhibitoria que había presentado el Juez Federal subrogante, Daniel Alonso, para que la causa tramite en su Juzgado, debía ser rechazada porque “no se había reunido la suficiente cantidad de elementos para probar que el dinero que se habría sustraído de la Legislatura, a través de los contratos, habría sido usado para financiar campañas electorales”.
En su dictamen, Casal había indicado que tanto el Juzgado Federal, a cargo de Daniel Alonso, como el Juzgado de Garantías, a cargo de Marina Barbagelata, “reconocen que los hechos objeto de la causa constituyen delitos contemplados en el Código Penal que, en principio, no son de materia federal ni fueron cometidos por o contra personas aforadas al fuero excepcional, pues se trata de una defraudación contra la Legislatura de la provincia de Entre Ríos, cometida por funcionarios públicos de ese nivel de gobierno asociados con particulares, sin una intervención de empleados de la nación vinculada al ejercicio de sus funciones específicamente federales”. En ese sentido, resaltó que “sentado ello, la razón por la cual el juez federal reclama su competencia está basada en la supuesta conexión de esos delitos de contenido patrimonial con el financiamiento de campañas electorales nacionales, en tanto el dinero invertido en ellas habría tenido origen en los primeros”.
La causa
La causa “Contratos” investiga el presunto desvío de fondos públicos de la Legislatura provincial a través de un sistema de contrataciones espurio, donde al supuesto contratado se le entregaba un porcentaje mínimo del monto nominal total.
Los imputados fueron acusados de formar parte de una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial de Entre Ríos, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización.
El dinero en cuestión habría salido desde la Legislatura entre 2008 y 2018. La causa se inició luego de que tres de los imputados fueron interceptados por agentes de la Policía a la salida de un cajero automático de calle Alsina, de Paraná, con una mochila llena de dinero. Fue un agente el que vio que estas personas estaban realizando numerosas operaciones con varias tarjetas de débito.
Horas más tarde, la Policía allanó el domicilio de uno de los detenidos. Allí encontró documentación y más tarjetas. Ese día, también quedó detenida la pareja del hombre.
Durante la investigación, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry pudieron determinar la existencia de una banda, integrada por empleados de la Legislatura y personas aparentemente ajenas al sistema político, organizados para extraer dinero de las arcas públicas.
El 1º de junio de 2021, los fiscales decidieron cerrar la Investigación Penal Preparatoria y pedir su elevación a juicio oral. Desde entonces el trámite no registró avances. Por tal motivo, los abogados defensores realizaron un planteo de competencia y consideraron que la causa debía resolverse en la Justicia Electoral, ya que el dinero desviado habría sido presuntamente utilizado para financiar campañas políticas. De esta manera, la causa recayó en el juez federal Daniel Alonso.
Luego pasó a la Justicia Electoral y después a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Más tarde volvió a la Justicia Electoral y finalmente regresó a la Corte Suprema, que este martes resolvió que la causa debe tramitarse en los tribunales provinciales.
A partir de ahora, el trámite proseguirá su curso hasta llegar a las audiencias públicas, ya que la Fiscalía ya había presentado la remisión de la causa a juicio cuando se planteó el conflicto de jurisdicción.