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martes, marzo 19, 2024
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Denuncian que Rodríguez Signes asesora a productores contra el amparo ambiental

Desde la Coordinadora Provincial por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos, iniciaron un nuevo amparo ante la Cámara Civil y Comercial de Paraná, Sala 3 para que la justicia determine la nulidad del Decreto 4407/18 emitido por el Gobierno provincial. A su vez, indicaron que el Fiscal de Estado, “convoca, asesora y organiza a las entidades empresariales de la agroindustria para que se sumen como afectadas por el amparo iniciado por el Foro Ecologista de Paraná y el gremio docente (Agmer)”.

Las organizaciones ambientalistas cuestionaron en este sentido el hecho de que “un fiscal de Estado convoque a los sectores empresariales para planificar acciones legales en contra de la protección de la salud de nuestros gurises” y apuntaron que “es una actitud contraria a los derechos humanos, carece de toda ética y termina ejerciendo como lobbista de corporaciones privadas ajenas al interés público”.

El Decreto 4407/18, considerado “regresivo en la protección de la salud de las niñas y niños entrerrianos” por la Coordinadora, redujo las distancias permitidas para la fumigación terrestre de 1000 metros a 100; y aéreas de 3000 a 500 metros.

Mientras sigue la controversia en torno al amparo ambiental presentado por Agmer y el Foro Ecologista, duramente cuestionado por las entidades agropecuarias de la provincia, desde la Coordinadora apuntaron: “A contramano de todas sus obligaciones en materia de derechos, el gobierno de Entre Rios, a través de su fiscal Rodríguez Signes, convoca, asesora y organiza a las entidades empresariales de la agroindustria para que se sumen como afectadas por el amparo”.

En ese sentido es que cuestionaron “que un fiscal de Estado convoque a los sectores empresariales para planificar acciones legales en contra de la protección de la salud de nuestros gurises es una actitud contraria a los derechos humanos, carece de toda ética y termina ejerciendo como lobbista de corporaciones privadas ajenas al interés público. ¿Acaso no tiene el sector agroindustrial, uno de los más dinámico del mundo, recursos materiales, políticos e inteligencia suficiente para organizar una defensa legal? Sin embargo, las familias humildes que precisan que desde el Estado se les brinde protección no lograron acceder a los servicios del fiscal de Estado”.

Por último, instaron al gobernador Gustavo Bordet “a que revise la decisión política de acompañar un sistema productivo que beneficia a un puñado de empresas extranjeras, destruye la fertilidad de nuestros suelos, contamina nuestras aguas, enferma y envenena a nuestra gente y  principalmente a nuestros niños”, señalaron y agregaron: “Nos quieren obligar a continuar un modelo fracasado, abandonado en muchos países”.

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