El Derecho a Morir está cada vez más cerca de ser tratado en el Congreso. Como indica el artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados, si por los menos tres miembros de la misma comisión piden que se discuta un asunto, quien presida debe integrarlo al temario. Con esa regla a su favor, siete diputadas de distintos bloques firmaron una nota para que la presidenta de la Comisión de Salud, la socialista Mónica Fein, incluya en próximas reuniones el tratamiento de dos proyectos para darle marco legal a la eutanasia. Uno es de la UCR y se llama Ley de Buena Muerte; y el otro es conocido como Ley Alfonso, y lo propone el Frente de Todos. Ambos fueron presentados el año pasado.
El pedido lleva la firma de una de las autoras del proyecto Ley de Buena Muerte, la diputada radical Jimena Latorre, que representa a Mendoza. La acompañan las diputadas del Frente de Todos, Mara Brawer (Ciudad de Buenos Aires), Jimena López (Provincia de Buenos Aires) y Ana Carolina Gaillard (Entre Ríos). Por Evolución Radical, que integra Juntos por el Cambio, firmaron Carla Carrizo (Ciudad de Buenos Aires) y Marcela Antola (Entre Ríos). Se sumó la diputada de la UCR Soledad Carrizo (Córdoba).
“La Comisión de Salud, dentro de muchos temas que tiene, también incorporará en ‘Asesores’, en primer lugar, los proyectos referidos a eutanasia por el pedido que hicieron diputadas de distintos bloques”, dijo a elDiarioAR Mónica Fein, presidenta de la Comisión. ¿De qué se trata que incorporen el asunto a “Asesores”? La convocatoria de especialistas en tema, a favor y en contra. “Una asesoría a los miembros de la Comisión regidos por la Ciencia, la Bioética y el Derecho. Creemos que para el próximo mes empezarían las reuniones informativas”, agregó a este diario la diputada Latorre, publicó DiarioAr.
La idea es llegar a un dictamen de mayoría para que pase al recinto. Pero el proceso llevará tiempo. El contexto no ayuda: la prioridad sigue siendo la atención de la pandemia y la crisis económica no da tregua. Latorre es, sin embargo, optimista: “La regulación del derecho a morir puede llegar al Congreso este año. Estamos preparados. Logramos el derecho al divorcio vincular, al matrimonio igualitario y a la IVE; no hay que subestimar a la ciudadanía. Por otro lado, no sería justo decirle a un padeciente que hay otros temas, más importantes o urgentes, que el suyo”.
¿Qué es la eutanasia?
La eutanasia es una práctica médica que consiste en provocar la muerte de un paciente a su requerimiento por ser portador de una enfermedad terminal o que provoca un sufrimiento incontrolable, a través de la administración de una medicación o un tóxico en dosis letales. La muerte asistida es un procedimiento que acompaña un médico, pero es la persona que lo ha decidido quien se administra el tóxico. Es un derecho en Colombia y varios países europeos.
En la Argentina, desde 2012 la ley permite que un paciente con una enfermedad terminal e irreversible pida que le retiren el soporte de hidratación y alimentación. Y desde 2015, una modificación del Código Civil habilita a las personas a formular directivas anticipadas: puede consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo.
Tres proyectos en total: dos en carrera y uno que debería volver a presentarse
En diciembre, el entonces senador radical Julio Cobos presentó su proyecto para legalizar la eutanasia. Lo llamó Interrupción Voluntaria de la Vida. En las últimas elecciones legislativas del año pasado, el ex vicepresidente ganó una banca como diputado. Así que para que su proyecto vuelva a ser considerado debería ingresarlo en la Cámara Baja.
Por lo pronto hay dos proyectos en carrera. “Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente”, pero por la historia de vida que la inspiró se la conocerá como “Ley Alfonso”. Fue el primer borrador terminado y el último en presentarse en el Congreso. Lo redactó Gabriela Estévez, diputada del Frente de Todos en representación de Córdoba, junto a un equipo de especialistas con especial participación de Carlos “Pecas” Soriano, médico especialista en Emergentología y máster en Bioética.
La “Ley Alfonso” es un mix entre el presentado por Cobos y el de Jimena Latorre, que fue escrito junto a Alfredo Cornejo -en ese momento diputado, ahora senador-, y Alejandro Cacace -diputado en funciones-. Como en el proyecto de Cobos, introduce una cadena de profesionales de la salud para que intervengan en el proceso, y excluye a los menores de edad. Como el de Cornejo, Latorre y Cacace, no obliga a que el paciente que requiera la eutanasia tramite un consentimiento informado por escrito ante un escribano público o juzgado de primera instancia, pero sí solicita dos testigos que den cuenta de que el paciente actúa por voluntad propia. Los tres proyectos, de todas maneras, tienen el mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad incurable y que afecte su dignidad pueda decidir cuando morir.
Poder decidir sobre los finales de la vida es un derecho reconocido en España, Bélgica, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Luxemburgo y varios de los estados de Estados Unidos. En Latinoamérica solo es legal en Colombia. En ese país hubo una controversia hace poco por una caso de “muerte por piedad”. En Perú no es legal pero, después de un largo juicio, el Estado le garantizó a Ana Estrada su derecho a acceder a la eutanasia cuando ella lo decida.