La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para promover la construcción, considerada como una de las actividades que apuntala la economía y es gran generadora de empleo.
El proyecto se sancionó en una sesión extraordinaria en la que se aprobaron los proyectos de sostenibilidad de la deuda publica y una reparación económica a los familiares del submarino del ARA San Juan.
El proyecto para promover la construcción fue aprobado por 205 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Interbloque de Equidad y Unidad Federal, Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino, mientras que 11 legisladores de Juntos por el Cambio se abstuvieron y 2 de la izquierda votaron en contra.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo exime del impuesto de Bienes Personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y otorga un crédito fiscal para computar contra este impuesto igual al 1% de las inversiones realizadas en construcción.
Además determina que las personas que declaren voluntariamente activos en pesos o dólares y los destinen a obras nuevas pagarán un único impuesto (con alícuota creciente en el tiempo) y se les otorgará un “blanqueo fiscal” respecto a lo que pudiera corresponder por esos fondos, además de una serie de beneficios en acciones judiciales y administrativas.
De acuerdo al proyecto, las personas declaren sus capitales antes de los 60 días de promulgada la ley pagarán un impuesto del 5 por ciento, mientras las que lo hagan después de esa fecha y hasta los 90 días pagarán un único tributo del 10 por ciento, y los que lo hagan desde ese día y hasta 120 días abonarán un 20 por ciento.
Los beneficios contemplados en la ley será para obras privadas nuevas que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente ley o aquellas que tengan un grado de avance inferior al cincuenta por ciento para reactivar aquellas que se encuentran paralizadas.
También se permitirán reactivar las obras privadas de viviendas sociales que han quedado paralizada.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Vivienda, Domingo Amaya (Pro) afirmó que “con la pandemia hemos podido ver tanta gente que perdió el trabajo y tanta que perdió donde vivía alquilando porque no tenía para pagar. Es importante que trabajemos en conjunto para llevar soluciones”.
Destacó que es una iniciativa clave para la “reactivación económica de nuestro país y la construcción, porque va a generar puestos de trabajo de manera concreta”.
A su vez, el diputado oficialista Marcelo Casaretto , dijo que con esta ley vamos a permitir que retornen “capitales que se han ido de Argentina, pero que vuelvan a la inversión en la economía. Y vamos a conseguir que dinero que está en Argentina, pero que no está en la economía formal, sino que está tal vez en efectivo en un cajón o abajo de un colchón, o en una caja de seguridad, que salga y se ponga en la economía formal”.
Explicó que “se dan beneficios impositivos para los inversores en Bienes Personales y Diferimientos de Ganancias y Transferencia de Inmuebles; se promueve la declaración de activos en moneda nacional y extranjera para la inversión en obras privadas nuevas; y se establece la reactivación y terminación de las viviendas sociales paralizadas o abandonadas.
En tanto, la diputada del Frente de Todos, Melina Delu dijo que “la implementación de esta ley se encuentra en línea con el modelo de desarrollo sustentable en términos económicos, sociales y políticos” y anunció que “se podrán terminar las casi 55 mil unidades habitacionales hoy paralizadas”.
Por su parte, el presidente del bloque del Pro Cristian Ritondo, señaló que ” hoy festejamos una ley que trabajamos en conjunto, que reactiva un sector que da acceso a la vivienda a los sectores populares, que da la posibilidad de invertir a aquellos que tienen y crear trabajo para miles de argentinos”.