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Diputados sancionó la ley que regula a los cuidadores domiciliarios

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En una breve sesión, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a un proyecto de ley que regula la actividad de los cuidadores domiciliarios, que son quienes se desempeñan en “tareas de apoyo socio-sanitario de baja complejidad en los establecimientos asistenciales, geriátricos privados o domicilios particulares, a personas que por diversas patologías biológicas, psicológicas, físicas y/o sociales no puedan realizar por sí solas tareas de la vida cotidiana o requieran apoyarse en personal capacitado para realizarlas y cuya condición requiera atención personalizada con dependencia directa de la persona que las realice”.

El proyecto fue impulsado por una referente de las cuidadoras domiciliarias y presentado por la ahora exdiputada Rosario Romero y el legislador José Allende, quien destacó que ahora se posibilita que “la formación de los cuidadores sea reconocida”.

“Esta ley determina quiénes son los cuidadores, para qué están y a quiénes deben brindar servicio”, explicó Allende, quien destacó que esta norma “protege al cuidador, pero también al adulto mayor a quien se le garantiza una buena atención”.

Por su parte el diputado Alberto Rotman (Cambiemos) coincidió con los argumentos de Allende y adelantó el acompañamiento de su bloque: “Esto viene a poner justicia”.
Amparo ambiental
Por otra parte, la Cámara de Diputados también aprobó un proyecto del diputado Jorge Monge (UCR en Cambiemos) que facilita las acciones de amparo ambiental.

El artículo 1º establece la derogación del Capítulo V de la Ley 8.369 incorporado por el art. 16º de la Ley 9.550 cuyos artículos 62º, 63º, 64º y 65º regulatorios de la acción de amparo ambiental, se reemplazarán por los siguientes: “Capítulo V.- Amparo Ambiental”.

El diputado Monge dijo que esta norma “viene a ampliar esta herramienta procesal” y destacó que una de las modificaciones plantea que la acción de amparo se puede presentar contra “un hecho lícito o ilícito” que, por acción u omisión, anticipe la probabilidad de riesgo o daño ambiental”.

Según la iniciativa estarán legitimados para interponer Acción de Amparo “las personas humanas, individual o colectivamente; las personas jurídicas; asociaciones no gubernamentales cuyo fin estatutario sea la defensa ambiental; el Defensor del Pueblo de la Provincia; el Defensor del Pueblo del Municipio o Comuna y el Estado Nacional, Provincial, Municipalidades o Comunas”.

También dispone que “cuando la acción de amparo ambiental sea promovida por una Organización No Gubernamental dedicada a la defensa del ambiente, el trámite contará con beneficio de litigar sin gastos”.

Otro de los puntos del proyecto aprobado dispone que “se puede dictar de inmediato una acción cautelar”.

Por último, Monge indicó en la sesión que “se incorpora la herramienta de la audiencia de conciliación entre las partes”.

Protocolo de prevención del delito de trata

Más adelante la Cámara de Diputados también aprobó un proyecto del diputado Gustavo Zavallo por el que se “reconoce como protocolo aplicable para los casos de Tráfico y

Trata de Personas, el Protocolo Interinstitucional e Intersectorial de Acciones

Destinadas a la Prevención, Asistencia y Recuperación de las Personas Víctimas del Delito de Trata”.

Se establece que la autoridad de contralor es el Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas.

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Aprobaron cambio en Bienes Personales y renovó Monzó

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La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que modifica el impuesto a los Bienes Personales por 125 votos afirmativos , 64 negativos y 28 abstenciones.

Los cambios a la ley 23.966, sobre exenciones y progresividad del gravamen, son parte del paquete económico que acompañó el texto del Presupuesto 2019 y establecen un nuevo mínimo no imponible en el tributo. Luego de obtener media sanción, el Senado introdujo modificaciones en materia de vivienda en el proyecto.

Al inicio del debate, el titular de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, recordó que los cambios en bienes personales son parte de “una negociación entre el gobierno nacional y las provincias en materia de subsidios de transporte y tarifa social eléctrica”.

Además Laspina calificó a los cambios realizados por la Cámara alta como “un alivio fiscal a la clase media, una modificación atinada”.

La legisladora Fernanda Vallejos, del FpV-PJ, en tanto criticó al proyecto y al oficialismo y sostuvo: “Apurados por el FMI nos proponen un nuevo parche para recaudar algunos pesos y sostener los intereses de la deuda, es un impuesto en contra de la casa media trabajadora”, sostuvo.

A continuación, Axel Kicillof ratificó que la bancada del Frente para la Victoria no acompañará el texto. “Plantea cobrarle a los sectores medios el impuesto a los bienes personales, como una forma de pasar la gorra o rascar la olla. Este es el final de la estafa electoral contra la clase media”, criticó. “Los sectores medios ya están liquidados, ya no pueden seguir pagando impuestos”.

Además, se aprobó en el recinto una autorización al presidente Mauricio Macri para ausentarse del país en 2019 “cuando razones de gobierno lo requieran”.

También recibió media sanción y giró al Senado una iniciativa de la diputada radical Karina Banfi para facilitar la nacionalizacion de personas apátridas.

El dictamen busca asegurar a las personas apátridas y “solicitantes del reconocimiento de tal condición, el disfrute más amplio posible de sus derechos humanos y regular la determinación del estatuto, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de las personas apátridas”.

Previamente al comienzo de la sesión en la Cámara de Diputados, se ratificó a sus autoridades, encabezadas por el diputado de Cambiemos, Emilio Monzó.

Con elogios de sus pares, Monzó fue confirmado en su cargo por cuarta y última vez, luego de que hiciera pública su decisión de no renovar su banca de legislador el año que viene.

También se les renovó el cargo a José Luis Gioja (FpV-PJ) como vicepresidente primero, a Luis Petri (UCR) como vicepresidente segundo, y a Martín Llaryora (Argentina Federal) como vicepresidente tercero.

En tanto, continuarán como secretarios Eugenio Inchausti (Parlamentario), Florencia Romano (Administrativa), María Luz Alonso (Coordinación Operativa) y Marcio Barbosa Moreira (General).

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Impulsarán que todas las policías del país puedan disparar sin dar voz de alto

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El Gobierno nacional inició gestiones para que las provincias incorporen el nuevo reglamento de las fuerzas de seguridad federales, que les permite a usar sus armas de fuego aun cuando no exista una agresión directa o cuando reciban una amenaza con una pistola de juguete. Incluso los autoriza a disparar sin dar la voz de alto.

La Casa Rosada puso en marcha el manual de procedimiento que amplía el campo de acción con uso de la fuerza letal de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los familiares de víctimas de violencia policial denunciaron que la disposición permite “matar con impunidad” y convierte en “ley” el “gatillo fácil”. Sin embargo, en medio de la polémica, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redobló la apuesta y adelantó que buscarán que las fuerzas de seguridad provinciales incorporen el reglamento.

“Ahora estamos haciendo el reglamento igual para todas las fuerzas de seguridad, tenemos un solo reglamento”, destacó la ministra Bullrich, quien luego reveló: “Les vamos a decir a todas las policías del país que lo adopten, ya nos han llamado varias”.

El decreto
El decreto 956/2018 del Ministerio de Seguridad, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, puso en práctica el denominado “reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales”. En líneas generales, se otorga mayor libertad para disparar “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”.

El texto establece que los efectivos podrán hacer uso de sus armas reglamentarias “para impedir un delito particularmente grave”, “para proceder a la detención de quien represente un peligro inminente (de muerte o de lesiones graves) y oponga resistencia a la autoridad”, y “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y hasta lograr su detención”.

El flamante reglamento también habilita los disparos “cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal” y “cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”.

Sobre esta última hipótesis, se indica que los posibles escenarios serán cuando un sospechoso que realice “movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”, “cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aun sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona”, o “cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muerte o lesiones graves”.

Además, la normativa permite que los integrantes de las fuerzas federales no tengan que identificarse a voz viva antes de intervenir.

“Se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones en las que dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”, dice el decreto.

Bullrich justificó los cambios al advertir que “hasta ahora los miembros de las fuerzas de seguridad no podían usar armas para defenderse o para defender a la gente”, y que “tampoco lo podían hacer para detener a un delincuente o para impedir que un delincuente peligroso se fugue”.

“Tal cual estaban escritos los reglamentos, primero el delincuente tenía que tirar y una vez que él tirase o que manifiestamente estuviese a punto de tirar, recién en ese momento lo podía hacer (el uniformado). Es decir, que siempre se dejaba a las fuerzas de seguridad en una situación de inferioridad”, opinó la ministra.

Bullrich remarcó que la medida les “permitirá a las fuerzas de seguridad proteger a la gente y no estar pensado que, si toman alguna decisión (de actuar con su arma de fuego), van a terminar procesadas o encarceladas”.

Sin nombrarlo, pareció referirse al policía comunal Luis Chocobar, quien se encuentra procesado por el asesinato de Pablo Kukoc (18) tras el ataque con arma blanca que sufrió un turista norteamericano en 2017, en el barrio porteño de La Boca.

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Desde el viernes aumentan los peajes en la ruta 14

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Este viernes 30 de noviembre, regirá una nueva escala de precios para los peajes en lo que se denomina el Corredor 18, que incluye las cabinas de la empresa Caminos del Río Uruguay, en la autovía José Gervasio Artigas. Todas las categorías se incrementarán entre un 11 y un 18%.

La decisión fue comunicada por el gobierno nacional a través de la resolución 1507/2018, que salió publicada en el Boletín Oficial de la Nación este miércoles 28 de noviembre.

Según da cuenta el sitio Diario Río Uruguay, los nuevos precios para la Cabina Yeruá, al sur del departamento Concordia son los siguientes:

Categoría 1: 70 pesos (actualmente se cobra 55)

Categoría 2 y 3: 140 pesos (actualmente se cobra 110)

Categoría 4: 210 pesos (actualmente se cobra 165)

Categoría 5 y 6: 280 pesos (actualmente se cobra 220)

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