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Docentes universitarios no inician el segundo cuatrimestre

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Ante la falta de respuesta del Gobierno a los reclamos salariales, “a partir del 6 de agosto, los docentes declaramos un cese total de actividades en las 57 universidades nacionales y 100 colegios preuniversitarios de todo el país”, se informó desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En un documento, la Asociación indicó que, “en lo que va del año, el Gobierno solo convocó a tres reuniones paritarias y para repetir la oferta que intentó imponer a todos los trabajadores: un 15 por ciento en cuotas, no acumulativas, y sin cláusula gatillo ni fórmula de indexación salarial. Rechazamos sistemáticamente esa propuesta de vergüenza. Desde noviembre hasta hoy, solo hemos percibido un cinco por ciento de incremento en nuestros salarios”.

“Un cinco por ciento en un cuadro de una devaluación de la moneda del 50 por ciento, de una inflación que ya supera este año el 30 por ciento de acuerdo con el propio Banco Central, de aumentos siderales en los servicios de luz, gas y agua, de tarifazos en el transporte. Después del acuerdo Macri-FMI, pretenden que seamos las y los docentes, como el conjunto de los trabajadores, la variable del brutal ajuste”, agregan.

“En estos días se ha publicado la letra chica del pacto con el FMI que profundiza una política de ataque contra los sectores populares y nuestros derechos. Propone que para el 2019 el salario se incremente solo un ocho por ciento. Congelamiento y reducción de la planta de empleo público. Fin de los convenios con las universidades de los cuales dependen 6000 trabajadores. Se trata, como lo hemos denunciado desde principio de año, de un plan de guerra contra los trabajadores y el pueblo”.

“Para que se advierta claramente nuestro deterioro salarial: el cargo testigo de la docencia universitaria (ayudante de primera con dedicación semiexclusiva) percibe un salario de $12.000. El salario de un ayudante simple es de $6000. Y eso cuando cobra y no es ad honorem, como los miles y miles que trabajan gratuitamente en toda la UBA y en todas las universidades. Frente a estos salarios, la línea de indigencia y de pobreza, calculadas por el Indec oficial, es de $12.000 y de $20.000 respectivamente. Es decir, que la mayoría de los docentes pre y universitarios trabajan, dictan clases, preparan y corrigen parciales, desarrollan tareas de investigación y extensión, por salarios testigo que ya están igualando la línea de indigencia y muy por debajo de la línea de pobreza. Un atropello”.

“A esto debemos agregar la gravísima situación presupuestaria de las universidades nacionales. A un presupuesto totalmente insuficiente, el Gobierno aplicó un recorte de 4000 millones de pesos a la fecha, recorte que denunciamos desde el principio solo la AGD y la Conadu Histórica. Ahora, hasta los rectores, que convalidaron sin chistar ese presupuesto de ajuste, empiezan a levantar la voz para denunciar que las partidas prometidas no llegan y que la asfixia financiera hace peligrar la continuidad del ciclo lectivo, demostrándose que es imposible iniciar normalmente el segundo cuatrimestre. Con todo, Ministerio y Rectores, los que nos ajustan y lo convalidaron, vuelven a reunirse para enviarnos intimaciones por supuestas incompatibilidades, un atropello que también rechazamos y denunciamos en un cuadro de depreciación diaria de nuestros salarios”.

Un plan de lucha para conquistar el salario y nuestros derechos

La Conadu Histórica y la AGD “llevamos adelante 19 días de paros, movilizaciones al ministerio de Educación y a Plaza de Mayo, jornadas de decenas y decenas de clases públicas, paros sin concurrencia, petitorios. Es decir, desplegamos un enorme plan de lucha para quebrar la política salarial del Gobierno y los rectores. En la UBA tuvo una muy grande repercusión en prácticamente todas las facultades y en los colegios preuniversitarios. Los paros y las acciones resueltas recogieron la bronca e indignación de la docencia universitaria frente a la política del Gobierno. Pero no alcanzaron para derrotarla todavía. Las burocracias sindicales docentes, no docentes y estudiantiles se han negado a plantear la huelga general universitaria por el salario y el presupuesto. Lo mismo cabe para las centrales sindicales a quienes les planteamos la necesidad de un paro de 36 horas y un plan de lucha nacional y no que se postren frente a Cristine Lagarde ni en video conferencia ni en persona. Estos son los mayores obstáculos que enfrentamos para defender una universidad estatal, laica, gratuita y científica, nuestros salarios y el Convenio Colectivo de Trabajo”.

Sobre esta evaluación, la asamblea de AGD y el Congreso de Conadu Histórica “llaman a los 190 mil docentes pre y universitarios al no iniciar el segundo cuatrimestre, cesando todas las actividades de docencia, evaluación, investigación, extensión y administrativa. Otros sindicatos docentes universitarios han planteado el paro de una semana o de 48 hs desde el mismo 6 de agosto como hemos propuesto nosotros, demostrando el hartazgo y la indignación existente entre los trabajadores a pesar de sus direcciones burocráticas”.

“Los convocamos a movilizarse en asambleas los días previos y posteriores al 6 de agosto para garantizar desde Jujuy a Tierra del Fuego y en toda la UBA, un no inicio que paralice todas nuestras actividades hasta que el Gobierno dé respuesta a nuestro reclamo de un aumento salarial del 30 por ciento, de indexación salarial, de salario para los docentes ad honorem, de aplicación inmediata del Convenio Colectivo de Trabajo”, dice la carta de la Asociación.

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Aprobaron cambio en Bienes Personales y renovó Monzó

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La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que modifica el impuesto a los Bienes Personales por 125 votos afirmativos , 64 negativos y 28 abstenciones.

Los cambios a la ley 23.966, sobre exenciones y progresividad del gravamen, son parte del paquete económico que acompañó el texto del Presupuesto 2019 y establecen un nuevo mínimo no imponible en el tributo. Luego de obtener media sanción, el Senado introdujo modificaciones en materia de vivienda en el proyecto.

Al inicio del debate, el titular de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, recordó que los cambios en bienes personales son parte de “una negociación entre el gobierno nacional y las provincias en materia de subsidios de transporte y tarifa social eléctrica”.

Además Laspina calificó a los cambios realizados por la Cámara alta como “un alivio fiscal a la clase media, una modificación atinada”.

La legisladora Fernanda Vallejos, del FpV-PJ, en tanto criticó al proyecto y al oficialismo y sostuvo: “Apurados por el FMI nos proponen un nuevo parche para recaudar algunos pesos y sostener los intereses de la deuda, es un impuesto en contra de la casa media trabajadora”, sostuvo.

A continuación, Axel Kicillof ratificó que la bancada del Frente para la Victoria no acompañará el texto. “Plantea cobrarle a los sectores medios el impuesto a los bienes personales, como una forma de pasar la gorra o rascar la olla. Este es el final de la estafa electoral contra la clase media”, criticó. “Los sectores medios ya están liquidados, ya no pueden seguir pagando impuestos”.

Además, se aprobó en el recinto una autorización al presidente Mauricio Macri para ausentarse del país en 2019 “cuando razones de gobierno lo requieran”.

También recibió media sanción y giró al Senado una iniciativa de la diputada radical Karina Banfi para facilitar la nacionalizacion de personas apátridas.

El dictamen busca asegurar a las personas apátridas y “solicitantes del reconocimiento de tal condición, el disfrute más amplio posible de sus derechos humanos y regular la determinación del estatuto, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de las personas apátridas”.

Previamente al comienzo de la sesión en la Cámara de Diputados, se ratificó a sus autoridades, encabezadas por el diputado de Cambiemos, Emilio Monzó.

Con elogios de sus pares, Monzó fue confirmado en su cargo por cuarta y última vez, luego de que hiciera pública su decisión de no renovar su banca de legislador el año que viene.

También se les renovó el cargo a José Luis Gioja (FpV-PJ) como vicepresidente primero, a Luis Petri (UCR) como vicepresidente segundo, y a Martín Llaryora (Argentina Federal) como vicepresidente tercero.

En tanto, continuarán como secretarios Eugenio Inchausti (Parlamentario), Florencia Romano (Administrativa), María Luz Alonso (Coordinación Operativa) y Marcio Barbosa Moreira (General).

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Impulsarán que todas las policías del país puedan disparar sin dar voz de alto

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El Gobierno nacional inició gestiones para que las provincias incorporen el nuevo reglamento de las fuerzas de seguridad federales, que les permite a usar sus armas de fuego aun cuando no exista una agresión directa o cuando reciban una amenaza con una pistola de juguete. Incluso los autoriza a disparar sin dar la voz de alto.

La Casa Rosada puso en marcha el manual de procedimiento que amplía el campo de acción con uso de la fuerza letal de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los familiares de víctimas de violencia policial denunciaron que la disposición permite “matar con impunidad” y convierte en “ley” el “gatillo fácil”. Sin embargo, en medio de la polémica, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redobló la apuesta y adelantó que buscarán que las fuerzas de seguridad provinciales incorporen el reglamento.

“Ahora estamos haciendo el reglamento igual para todas las fuerzas de seguridad, tenemos un solo reglamento”, destacó la ministra Bullrich, quien luego reveló: “Les vamos a decir a todas las policías del país que lo adopten, ya nos han llamado varias”.

El decreto
El decreto 956/2018 del Ministerio de Seguridad, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, puso en práctica el denominado “reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales”. En líneas generales, se otorga mayor libertad para disparar “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”.

El texto establece que los efectivos podrán hacer uso de sus armas reglamentarias “para impedir un delito particularmente grave”, “para proceder a la detención de quien represente un peligro inminente (de muerte o de lesiones graves) y oponga resistencia a la autoridad”, y “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y hasta lograr su detención”.

El flamante reglamento también habilita los disparos “cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal” y “cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”.

Sobre esta última hipótesis, se indica que los posibles escenarios serán cuando un sospechoso que realice “movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”, “cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aun sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona”, o “cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muerte o lesiones graves”.

Además, la normativa permite que los integrantes de las fuerzas federales no tengan que identificarse a voz viva antes de intervenir.

“Se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones en las que dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”, dice el decreto.

Bullrich justificó los cambios al advertir que “hasta ahora los miembros de las fuerzas de seguridad no podían usar armas para defenderse o para defender a la gente”, y que “tampoco lo podían hacer para detener a un delincuente o para impedir que un delincuente peligroso se fugue”.

“Tal cual estaban escritos los reglamentos, primero el delincuente tenía que tirar y una vez que él tirase o que manifiestamente estuviese a punto de tirar, recién en ese momento lo podía hacer (el uniformado). Es decir, que siempre se dejaba a las fuerzas de seguridad en una situación de inferioridad”, opinó la ministra.

Bullrich remarcó que la medida les “permitirá a las fuerzas de seguridad proteger a la gente y no estar pensado que, si toman alguna decisión (de actuar con su arma de fuego), van a terminar procesadas o encarceladas”.

Sin nombrarlo, pareció referirse al policía comunal Luis Chocobar, quien se encuentra procesado por el asesinato de Pablo Kukoc (18) tras el ataque con arma blanca que sufrió un turista norteamericano en 2017, en el barrio porteño de La Boca.

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Desde el viernes aumentan los peajes en la ruta 14

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Este viernes 30 de noviembre, regirá una nueva escala de precios para los peajes en lo que se denomina el Corredor 18, que incluye las cabinas de la empresa Caminos del Río Uruguay, en la autovía José Gervasio Artigas. Todas las categorías se incrementarán entre un 11 y un 18%.

La decisión fue comunicada por el gobierno nacional a través de la resolución 1507/2018, que salió publicada en el Boletín Oficial de la Nación este miércoles 28 de noviembre.

Según da cuenta el sitio Diario Río Uruguay, los nuevos precios para la Cabina Yeruá, al sur del departamento Concordia son los siguientes:

Categoría 1: 70 pesos (actualmente se cobra 55)

Categoría 2 y 3: 140 pesos (actualmente se cobra 110)

Categoría 4: 210 pesos (actualmente se cobra 165)

Categoría 5 y 6: 280 pesos (actualmente se cobra 220)

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