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sábado, julio 24, 2021
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El Congreso interviene en la licitación de la hidrovía con una bicameral de control

El Senado dictaminó este jueves un proyecto de ley para crear una bicameral que controle la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde atraviesa el 80% de las exportaciones argentinas y está concesionada desde 1995 y hasta fin de mes a un consorcio del empresario argentino Gabriel Romero y la belga Jan de Nul.

El proyecto lo impulsó la santafesina del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun pero tuvo respaldo de Cambiemos, que sólo pidió como condición agregar un seguimiento del desarrollo de las siete provincias por las que atraviesa el curso de la hidrovía.

La polémica surgió cuando en enero Alberto Fernández le otorgó por decreto al ministro de Transporte Mario Meoni la facultad de licitarla sin mayores explicaciones sobre los alcances y condiciones del nuevo concesionario.

De inmediato el gobernador Axel Kicillof reclamó participar en el futuro del canal de Magdalena para integrar la hidrovía al río de la Plata y de ahí a las costas bonaerenses, una obra que fue defendida por el senador Jorge Taiana. Lo cierto es que poco se sabe de cuando se lanzará la licitación y los legisladores, con esta ley, deberán intervenir y hasta marcarle la cancha a quien resulte favorecido.

“El Estado debería tener control de las mercaderías que ingresan y salen del país. Por esta hidrovía se cometen delitos como contrabando, evasión fiscal, trata de personas, narcotráfico”, justificó el proyecto Sacnun, quien coordinó el plenario por ser la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La acompañó Carlos Caserio, a cargo de la de Presupuesto.

La santafesina sostuvo además que la falta de control de la hidrovía permitió casos de “criminalidad económica. Estoy hablando de contrabando, de la evasión fiscal y de la trata de personas. Y también del narcotráfico”.

La comisión será integrada por 12 legisladores, que podrá solicitar “todo tipo de documentación e información”, tanto “del sector privado como del sector público, y de organismos locales como internacionales”.

Además de “citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes y a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación”. Y requerir informes a universidades, elaborar informes y “auditar las inversiones, costos y gastos” del proceso.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, reclamó formar parte de la discusión y junto a otros colegas promovió un documento a favor de la bicameral de “Las federales”, un movimiento de dirigentes mujeres como la senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara y la diputada entrerriana Blanca Osuna.

“Solicitamos que una vez vencida la concesión en curso, el Estado Nacional sea el responsable directo en la adopción de medidas que garanticen la continuidad de este servicio de interés público de navegación. Y se garantice a las provincias de la Mesopotamia, NEA y NOA el acceso a los puertos públicos y privados ubicados al norte del puerto de Rosario hasta Confluencia mediante el dragado, canalización y promoción del transporte multimodal ferro-fluvial”. También pidieron que “se avance en la obra del Canal Magdalena”.

El texto coquetea con la idea de una estatización, pero Alberto la rechazó porque no hay tecnología pública capaz de llevar adelante una gestión que, aún con las críticas, permitió incrementar el traslado de mercadería necesario para acrecentar las divisas.

Taiana celebró la ley pero advirtió sobre la demora en la toma de decisiones. “A pocos días del fin de la concesión todavía hay muchos interrogantes que no tienen respuesta como por ejemplo qué vamos a hacer con el trazado de la vía, vamos a ir por el Paraná de las Palmas, vamos a fortalecer el Paraná Guazú, cómo vamos a hacer para desarrollar el puerto de Ibicuy”.

“Tampoco se han realizado los estudios batimétricos ni ambientales y no hay una propuesta clara sobre la traza ni sobre el cobro del peaje ni sobre los mecanismos de control. Hasta ahora todo es un misterio”, se indignó el ex canciller y contó que con las reglas actuales, hay buques que deben pasar por Montevideo porque el canal de Punta Indio debe dragarse mucho.

“Por eso surge el camino magdalena, para tener un camino directo al atlántico y la posibilidad de conectar los puertos marítimos a pluviales. Hoy no se puede ir de Bahía Blanca a Ramallo sin pasar por Uruguay”, explicó.

Caserio fue más lejos y reclamó que la licitación contemple una mejora de la marina mercante. “Hoy utilizamos las barcazas paraguayas, vienen con una carga de sospecha que es el segundo punto que tenemos que ver, que es el tema del control”. El entrerriano Edgardo Kueider, también del Frente de Todos, propuso que en tal caso el contralor sea desde la prórroga de la concesión.

Y reclamó que no haya una prórroga temporal de dos años a cargo de Romero, quien en 2018 tuvo sus cinco minutos de fama por quedar implicado en la causa de los cuadernos de la corrupción. “Habrá que poner un proceso de transición que nos de la tranquilidad que todo esto va por los carriles que son mas racionales”.

El radical chaqueño Víctor Zimmerman fue quien logró incorporar un seguimiento de “las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones” y la representación de las siete provincias involucradas. Sacnun lo aceptó.

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