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Economía

El FMI podría exigir un ajuste extra de 60.000 millones de pesos

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El FMI podría exigir un ajuste fiscal adicional de unos $ 60.000 millones superior al previsto hasta ahora por el Gobierno para el año 2019, que asciende entre Nación y provincias a $ 500.000 millones. Así surge de las proyecciones económicas que acaba de publicar el organismo para Argentina y de los cálculos que se incluyeron en el propio Presupuesto -a pedido del Fondo- sobre el impacto en el déficit fiscal de la marcha de la actividad económica.

Según publica Infobae, el FMI, en su World Economic Outlook (WEO), dado a conocer esta semana como parte de la cumbre anual del organismo, rebajó las proyecciones de la evolución de la economía argentina: ahora prevé una caída del PBI de 2,6% en 2018, y de 1,6% en 2019. La anterior estimación, en el acuerdo firmado con el Gobierno a fines de junio, era en el “escenario adverso” una baja del producto de 1,3% en 2018 y un 0% de crecimiento para 2019. Todos estos datos son elaborados por el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, que comanda el mexicano Alejandro Werner y para el caso argentino sigue el italiano Roberto Cardarelli, quienes mantienen línea abierta permanente con Nicolás Dujovne. Al margen del grosero fallo de pronóstico, que ratifica el fracaso el primer acuerdo con el Fondo, lo importante ahora es contrastar la nueva proyección del FMI con los números del Presupuesto 2019 que Dujovne envió al Congreso.

Allí se prevé una contracción del PBI de 2,4% para este año; pero, lo más relevante en términos de las metas fiscales, una caída de solo 0,5% para 2019. Es decir que para el Fondo Monetario habrá 1,1 puntos menos de actividad de lo que dice el Presupuesto, lo cual impactaría sobre las previsiones de recaudación para llegar al “déficit cero”, en términos primarios (antes del pago de intereses).

En el propio Presupuesto 2019 -en un capítulo llamado “riesgos fiscales”- se aclara que “una reducción de 1% en la tasa anual de variación del PBI en relación al escenario base utilizado para la proyección presupuestaria redundaría en una pérdida por impactos directos de 0,3% del PBI ($ 57.000 millones) en la recaudación de impuestos nacionales y de 0,2% del PBI ($ 32.000 millones) en los recursos tributarios de la Administración Pública Nacional”. Luego dice que “un menor crecimiento económico no afectaría de forma directa los gastos primarios de la Administración Nacional. Sin embargo, en el marco del acuerdo stand-by vigente con el FMI, una desaceleración de la actividad económica con su posible impacto en el mercado laboral, podría implicar la posibilidad de incrementar el gasto social en 0,2% del PBI ($ 36.500 millones). Y concluye: “considerando entonces el impacto de un menor crecimiento sobre los recursos tributarios y un mayor gasto social, un desvío negativo de 1% en la pauta estipulada de crecimiento económico impactaría en 0,4% del PBI en el resultado primario de la Administración Pública Nacional”. En un cuadro del Presupuesto se precisan las cifras exactas de ese desvío: no habría déficit “cero”, sino un déficit de 0,4% del PBI, que significarían un rojo de $ 68.713 millones.

Más ajuste

Si el FMI impone su proyección, entonces habría de mínimo $ 57.000 millones menos de recaudación ($ 62.700 millones para ser precisos con el desvío de 1,1% en relación al pronóstico del FMI) que la prevista para Nación y provincias. Pero al Fondo sólo controla los números del Gobierno nacional, así que podría exigir de inmediato un ajuste adicional de $ 32.000 millones en el gasto, para compensar la menor recaudación para el Estado nacional. Y habrá que ver si acepta el desvío de los otros $ 36.500 millones extra que podrían destinarse para gastos sociales -un plus de Asignación Universal por Hijo- en un año electoral recesivo.

Esto cambiaría toda la discusión sobre la magnitud del ajuste en el Presupuesto 2019, que todavía se debate en el Congreso. En realidad, si siguieran los nuevos números del FMI el desvío sería todavía mayor. En el FMI creen que por la mayor recesión, la inflación será menor el año próximo: estiman que será de 20,2% en lugar del 23% previsto en el Presupuesto 2019. En el capítulo de riesgos fiscales, se estima que cada punto adicional de inflación achica el déficit fiscal en casi $ 10.000 millones, porque incrementa la recaudación en mayor medida de que lo que aumenta el gasto público. Al revés, si la inflación, como dice el Fondo, fuera casi 3 puntos menor que la proyectada por el Gobierno, entonces el agujero fiscal se incrementaría en otros 28.000 millones, y desde Washington reclamarían también una mayor poda de gastos.

Dólar

El Gobierno también podría jugar con que el dólar que el Presupuesto 2019 supone con un promedio de 40,5 pesos el año próximo sea otro factor que ayude a compensar la caída de la recaudación por la mayor recesión proyectada por el FMI. En el proyecto de ley se dice que por cada 1% de suba del dólar por arriba de lo proyectado, la reducción del déficit fiscal sería de 1.200 millones de pesos: porque la mejora de la recaudación vía retenciones por la devaluación extra sería mayor que el aumento de gastos por subsidios energéticos principalmente, y en menor medida por subsidios al transporte. Dicho de otro modo: con que el promedio del dólar el año próximo sea 20% superior al proyectado -48 pesos-el déficit fiscal se achicaría en unos 24.000 millones.

En conclusión, si la caída del PBI se perfila como la que pronostica del Fondo para 2019, entonces sólo una mayor inflación y un dólar más alto permitirían evitar la exigencia de más ajuste fiscal que tarde o temprano llegará desde Washington. Todas opciones que no son agradables para ningún Gobierno, en especial en un año electoral.

Economía

Los bancos cortan la tarjeta a quienes no pagan a tiempo el mínimo

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Como los bancos saben que la mora está creciendo, también están ajustando los pagos mínimos, que eran de entre el 5 al 10% del total, y ahora pasaron a entre el 20 y el 25%. “Subimos el pago mínimo para forzarlo a pagar más y achicar la deuda, de modo de reducir el impacto de una posible mora. Claro que esto hace caer el consumo, porque hoy la gente está usando la tarjeta para poder pagar la comida en el supermercado”, reveló un banquero al diario El Cronista.

Si uno no hace el pago mínimo, los bancos están facultados a inhabilitar el uso del plástico “Es como si quisieras sacar un nuevo préstamo pero tenés una cuota vencida impaga de un préstamo anterior. Si no pagás el mínimo, entrás en categoría moroso: hasta que no regularices no podés sacar un nuevo crédito, ya que usar la tarjeta es como obtener un nuevo crédito del banco”, aseguran.

En la actualidad, con las altas tasas vigentes y la restricción a nuevos créditos que existe en el mercado, los bancos quieren evitar que por un uso excesivo de la tarjeta el saldo se convierta en incobrable.

“Por eso cortan de raíz la posibilidad de seguir usándola si no tenés capacidad de realizar el pago mínimo. Si tenés dificultades financieras, no llegás a pagar el mínimo, hoy no hay otras alternativas donde financiarte, se redujeron drásticamente los nuevos financiamientos, entonces te ves tentado a usar más la tarjeta que antes, con lo cual si no pagaste el mínimo, tenés todo el saldo anterior, más lo nuevo que consumís, más los intereses compensatorios y punitorios. El mes siguiente también es difícil que llegues al pago mínimo, por lo cual se empieza a formar una bola de nieve financiera, ergo, la cortan de raíz más rápido que tarde”, precisa Guillermo Barbero, partner de la compañía de servicios financieros First Data

Alejandro Cosentino, CEO de Afluenta, explica que cuando suceden crisis como la actual, los bancos reducen los límites máximos de financiación a los que ya tienen tarjeta de crédito, y si están muy cerca del límite máximo hacen que la tarjeta no sea útil: “Por otro lado, también restringen el crédito porque la inflación le quita poder de pago a los que solicitan nuevos créditos. Además, cancelan los descubiertos en cuentas”.

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Economía

El gobierno asegura volverá a la carga para avanzar con la reforma laboral

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Tras reunirse con empresarios y al participar del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, destacó: “No dejamos de impulsar la Reforma Laboral”.

En diálogo con la prensa, indicó: “Venimos trabajando desde que comenzó el Gobierno. Seguimos tratando de alcanzar acuerdos a nivel sectorial, como el caso de Vaca Muerta”.

“No estamos solos. Tenemos que tratar de que nos acompañen distintas fuerzas políticas o que se trate en Diputados y Senadores”, apuntó el funcionario durante la conferencia en el Sheraton Hotel de la ciudad de Mar del Plata.

De ese modo, insistió: “No es que vamos a dar un nuevo impulso, seguimos trabajando”.

El ministro fue el expositor central en el 54° Coloquio de IDEA desarrollado en la Ciudad de Mar del Plata, en un panel denominado “Un país competitivo”, en el cual también hizo referencia a esa cuestión.

Así, Sica fue el referente del Gobierno que este jueves expuso en el encuentro luego de que la gobernadora María Eugenia Vidal lo hiciera el miércoles por la noche.

En tanto, los empresarios esperarán al presidente Mauricio Macri para cerrar el tradicional encuentro este viernes.

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Economía

Cerca de acuerdo definitivo por el presupuesto nacional

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El oficialismo de la Cámara de Diputados logró hoy dictamen de mayoría favorable al paquete fiscal que incluye el revalúo de Ganancias por inflación, la reforma del impuesto a los Bienes Personales y la “adenda” al Consenso Fiscal.

Se trata de una batería de proyectos que el Gobierno pactó con los gobernadores, y buscan blindar el Presupuesto 2019, ya que son medidas orientadas a aumentar la recaudación de la Nación y de las provincias, en compensación de los ajustes que impone a las distintas jurisdicciones la llamada “ley de leyes”.

El Frente para la Victoria se opuso a las tres iniciativas, mientras que el Frente Renovador avaló sólo el revalúo, y el bloque Justicialista acompañó los tres proyectos, con la excepción de Diego Bossio, quien sólo estampó su firma al de revalúo en consonancia con el massismo.

El diputado del Frente Renovador Marco Lavagna adelantó su rechazo a la adenda al Pacto Fiscal, que los gobernadores pactaron con el Gobierno nacional hace menos de un año para compensar a las provincias por los recortes estipulados en el Presupuesto, vía un incremento de la recaudación (por ejemplo permite derogar las exenciones del impuesto a las Ganancias para empleados y funcionarios públicos, y suspender la rebaja del impuesto a los Sellos).

Según dijo, se trata de una reforma impuesta por el Poder Ejecutivo que “avasalla” las facultades propias del Poder Legislativo para fijar impuestos.

“Le anticipo que la adenda fiscal no la voy a estar acompañando porque creo que avasalla las atribuciones del Poder legislativo y estamos en un país con independencia de poderes”, avisó.

El diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof cuestionó la “improvisación” con que el oficialismo quiere cerrar el paquete fiscal, y atribuyó esta búsqueda de mayor recaudación a las dificultades para alcanzar la meta de déficit cero.

“Nos cuesta mucho saber hacia dónde van. La frase es recular en ojotas. Porque nos tuvieron un buen rato discutiendo la centralidad para que vengan las inversiones de bajar los impuestos a bienes personales en correlato con esa ley de blanqueo, y ahora el Poder Ejecutivo inventa impuestos a contramano de toda su filosofía”, señaló el ex ministro de Economía, quien hizo hincapié en marcar las contradicciones del oficialismo.

El proyecto de reforma de Bienes Personales incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que aumenta el patrimonio, mientras casi duplica el mínimo no imponible, que pasa de $1.050.000 a $2.000.000.

Para Lavagna ese piso sigue siendo muy bajo y “golpea” a la clase media, ya que equivale a poco más de 50.000 dólares, “menos que un departamento de un ambiente en Capital”.

Por otra parte, se reponen los gravámenes a los inmuebles rurales por Bienes Personales, que estaban exentos, aunque en este caso en particular la alícuota se congela en 0,25 independientemente del monto patrimonial declarado por esos bienes.

El año pasado, el Congreso había modificado la ley de Ganancias de manera tal de habilitar a las empresas a ajustar sus balances a la inflación por única vez cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) superara el 100% en tres años, o cuando en cada período se superara el 33% anual.

Como ese porcentaje de inflación se superó en agosto último, la reforma dictaminada eleva el tope que activa la cláusula gatillo del ajuste por inflación, pasando del 33% al 55% para este año, al 30% para 2019 y al 15% para 2020.

Los tres proyectos con dictamen se tratarán en el recinto de Diputados el próximo miércoles en conjunto con el Presupuesto 2019.

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