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Economía

El FMI podría exigir un ajuste extra de 60.000 millones de pesos

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El FMI podría exigir un ajuste fiscal adicional de unos $ 60.000 millones superior al previsto hasta ahora por el Gobierno para el año 2019, que asciende entre Nación y provincias a $ 500.000 millones. Así surge de las proyecciones económicas que acaba de publicar el organismo para Argentina y de los cálculos que se incluyeron en el propio Presupuesto -a pedido del Fondo- sobre el impacto en el déficit fiscal de la marcha de la actividad económica.

Según publica Infobae, el FMI, en su World Economic Outlook (WEO), dado a conocer esta semana como parte de la cumbre anual del organismo, rebajó las proyecciones de la evolución de la economía argentina: ahora prevé una caída del PBI de 2,6% en 2018, y de 1,6% en 2019. La anterior estimación, en el acuerdo firmado con el Gobierno a fines de junio, era en el “escenario adverso” una baja del producto de 1,3% en 2018 y un 0% de crecimiento para 2019. Todos estos datos son elaborados por el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, que comanda el mexicano Alejandro Werner y para el caso argentino sigue el italiano Roberto Cardarelli, quienes mantienen línea abierta permanente con Nicolás Dujovne. Al margen del grosero fallo de pronóstico, que ratifica el fracaso el primer acuerdo con el Fondo, lo importante ahora es contrastar la nueva proyección del FMI con los números del Presupuesto 2019 que Dujovne envió al Congreso.

Allí se prevé una contracción del PBI de 2,4% para este año; pero, lo más relevante en términos de las metas fiscales, una caída de solo 0,5% para 2019. Es decir que para el Fondo Monetario habrá 1,1 puntos menos de actividad de lo que dice el Presupuesto, lo cual impactaría sobre las previsiones de recaudación para llegar al “déficit cero”, en términos primarios (antes del pago de intereses).

En el propio Presupuesto 2019 -en un capítulo llamado “riesgos fiscales”- se aclara que “una reducción de 1% en la tasa anual de variación del PBI en relación al escenario base utilizado para la proyección presupuestaria redundaría en una pérdida por impactos directos de 0,3% del PBI ($ 57.000 millones) en la recaudación de impuestos nacionales y de 0,2% del PBI ($ 32.000 millones) en los recursos tributarios de la Administración Pública Nacional”. Luego dice que “un menor crecimiento económico no afectaría de forma directa los gastos primarios de la Administración Nacional. Sin embargo, en el marco del acuerdo stand-by vigente con el FMI, una desaceleración de la actividad económica con su posible impacto en el mercado laboral, podría implicar la posibilidad de incrementar el gasto social en 0,2% del PBI ($ 36.500 millones). Y concluye: “considerando entonces el impacto de un menor crecimiento sobre los recursos tributarios y un mayor gasto social, un desvío negativo de 1% en la pauta estipulada de crecimiento económico impactaría en 0,4% del PBI en el resultado primario de la Administración Pública Nacional”. En un cuadro del Presupuesto se precisan las cifras exactas de ese desvío: no habría déficit “cero”, sino un déficit de 0,4% del PBI, que significarían un rojo de $ 68.713 millones.

Más ajuste

Si el FMI impone su proyección, entonces habría de mínimo $ 57.000 millones menos de recaudación ($ 62.700 millones para ser precisos con el desvío de 1,1% en relación al pronóstico del FMI) que la prevista para Nación y provincias. Pero al Fondo sólo controla los números del Gobierno nacional, así que podría exigir de inmediato un ajuste adicional de $ 32.000 millones en el gasto, para compensar la menor recaudación para el Estado nacional. Y habrá que ver si acepta el desvío de los otros $ 36.500 millones extra que podrían destinarse para gastos sociales -un plus de Asignación Universal por Hijo- en un año electoral recesivo.

Esto cambiaría toda la discusión sobre la magnitud del ajuste en el Presupuesto 2019, que todavía se debate en el Congreso. En realidad, si siguieran los nuevos números del FMI el desvío sería todavía mayor. En el FMI creen que por la mayor recesión, la inflación será menor el año próximo: estiman que será de 20,2% en lugar del 23% previsto en el Presupuesto 2019. En el capítulo de riesgos fiscales, se estima que cada punto adicional de inflación achica el déficit fiscal en casi $ 10.000 millones, porque incrementa la recaudación en mayor medida de que lo que aumenta el gasto público. Al revés, si la inflación, como dice el Fondo, fuera casi 3 puntos menor que la proyectada por el Gobierno, entonces el agujero fiscal se incrementaría en otros 28.000 millones, y desde Washington reclamarían también una mayor poda de gastos.

Dólar

El Gobierno también podría jugar con que el dólar que el Presupuesto 2019 supone con un promedio de 40,5 pesos el año próximo sea otro factor que ayude a compensar la caída de la recaudación por la mayor recesión proyectada por el FMI. En el proyecto de ley se dice que por cada 1% de suba del dólar por arriba de lo proyectado, la reducción del déficit fiscal sería de 1.200 millones de pesos: porque la mejora de la recaudación vía retenciones por la devaluación extra sería mayor que el aumento de gastos por subsidios energéticos principalmente, y en menor medida por subsidios al transporte. Dicho de otro modo: con que el promedio del dólar el año próximo sea 20% superior al proyectado -48 pesos-el déficit fiscal se achicaría en unos 24.000 millones.

En conclusión, si la caída del PBI se perfila como la que pronostica del Fondo para 2019, entonces sólo una mayor inflación y un dólar más alto permitirían evitar la exigencia de más ajuste fiscal que tarde o temprano llegará desde Washington. Todas opciones que no son agradables para ningún Gobierno, en especial en un año electoral.

Economía

Sica admite que la industria sufre la mayor caída del empleo

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El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, admitió hoy que “la mayor caída del empleo” se registra en la actividad industrial y, por otra parte, aseguró que llevará “un poco más de tiempo” combatir la inflación.
El funcionario dijo que la cuestión laboral “es una preocupación diaria” de su gestión, y resaltó: “nuestro centro de atención de la economía está en la generación de empleo formal, de calidad y con derechos que puedan proteger a los trabajadores.”

“Es por este motivo que estamos tan concentrados en trabajar contra la informalidad laboral, que en los últimos treinta años no ha bajado del 30%”, añadió Sica, en declaraciones a radio Continental.

El ministro puntualizó que en el mercado del trabajo “tenemos particularidades distintas. En el sector industrial es donde estamos viendo la mayor caída de empleo. De alguna manera, hoy los sectores más dinámicos en la generación de empleos son los de servicio”.
Además, evaluó que “estamos frente a una situación compleja, no solo por la coyuntura, sino porque el cambio tecnológico nos está llevando a nuevas modalidades de trabajo, a las cuales tenemos que acompañar con nuestras políticas públicas, como lo estamos haciendo”.

Con relación a la decisión del Gobierno de reducir las contribuciones patronales para las pymes de las economías regionales, el funcionario subrayó: “el objetivo de esta nueva medida en términos netos, según el promedio del salario, va a representar mejoras en el costo laboral para las empresas de entre un 8% y un 12%. Y también es un elemento importante en la batalla contra la informalidad”.

Sica también hizo referencia a la inflación que -según el INDEC-trepó al 2,9% en enero último: “la batalla contra la suba de precios se gana todos los días y eso nos va a llevar un poco más de tiempo”.
“Los dos principales elementos para combatirla son disciplina fiscal y monetaria y mayor competencia en los mercados, y claramente hacia eso vamos. Lo importante es mirar la tendencia”.

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Economía

La inflación fue de 2,9% en enero

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La inflación de enero se ubicó en el 2,9%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una cifra que resultó superior al esperado por consultoras privadas.

El rubro Alimentos y Bebidas, que más incidencia tiene en los sectores de menores recursos, registró en el primer mes del año un aumento superior al índice general, ya que fue del 3,4%.

El sector que más subió en enero fue Comunicación con el 7,4%, debido al ajuste en tarifas de celulares, seguido por Restaurantes y Hoteles, 3,7% y Recreación y Cultura, con el 3,5%, por la incidencia de las vacaciones.

Según los datos oficiales, la inflación acumulada con relación a enero del año pasado trepó al 49,3%, cuando durante 2018 había llegado al 47,6%.

En enero, la inflación más baja se registró en la región del Gran Buenos Aires, con un aumento de los precios minoristas del 2,8, mientras que en la del Noreste se registró la más alta con un 3,4%.

De ese modo, la cifra difundida por el organismo que conduce Jorge Todesca superó a las proyecciones privadas, ubicadas en el 2,5% en promedio.

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Economía

Europa oficializó la compra de biodiésel argentino sin aranceles extra

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A través de su Boletín Oficial, la Unión Europea (UE) confirmó este martes el regreso del biodiésel argentino a ese mercado, libre de aranceles extra, aunque siempre que cumpla con un precio mínimo establecido.

Según publicó la agencia Reuters, ocho empresas productoras de biodiésel fueron autorizadas a exportar el biocombustible sin abonar los aranceles de entre 25 y 33,4 por ciento que la Comisión Europa impuso como sanción el año pasado, porque considera que en Argentina se subsidia indirectamente a la industria por medio de las retenciones diferenciadas.

Se trata de Aceitera General Deheza (AGD), Bunge Argentina, LDC Argentina, Molinos Agro, Oleaginosa Moreno Hermanos, Vicentin, Cargill y Cofco International Argentina, las firmas que concentran casi la totalidad del combustible a base de aceite de soja que se produce y exporta en Argentina.

Según aclaró a fines de enero el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, la exportación de biodiésel ya paga un arancel del 6,5 por ciento y la medida lo que hace es eliminar el porcentaje extra que Europa había establecido como sanción.

Precio mínimo

Como se mencionó, la UE aceptó acabar con sus reclamos en contra del biodiésel argentino, siempre que las empresas cumplan con vender el combustible a un precio fijado.

El mismo no se conoce pero, según Reuters, estaría vinculado a datos del valor promedio mensual del grano de soja publicado por la Secretaría de Agroindustria, en el que se refleja el peso de los derechos de exportación y que está basado en el precio de cierre del mercado de futuros de Chicago.

El conflicto comenzó en 2012 cuando la Comisión Europea comenzó a investigar las importaciones de biodiésel de Argentina y de Indonesia, tras un pedido de productores de biocombustibles del bloque.

Al año siguiente, Europa aplicó aranceles al producto nacional por presunto dumping, una medida que tuvo que rever en 2018 tras perder la disputa que Argentina planteó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), aunque no dudó en aplicar luego estos aranceles que ahora se quitan.

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