Las dudas y sospechas respecto de la transparencia del acto electoral del 11 de agosto, planteada por la oposición, se transformaron esta mañana en actos concretos.
El Frente de Todos anunció la presentación de un amparo ante el juzgado electoral de María Servini para que impida que la empresa Smartmatic participe del escrutinio provisorio de los votos, y se utilice el sistema tradicional para el recuento, ante el temor de un posible fraude o desinformación en la difusión de los resultados.
La presentación pedirá que “se deje sin efecto la aplicación del proceso de digitalización de los telegramas de escrutinio de cada mesa, transmisión y contabilización de los resultados provisorios”, designándose interventores veedores judiciales para presenciar los procesos técnicos el día de la elección y realizar auditorías.
El escrito está firmado por los apoderados del Frente Jorge Landau, Patricia Alejandra García Blanco, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Graciana Irma Ruth Peñafort y Gerónimo Javier Ustarroz.
En el texto, señala que la imagen que se genera en el scanner, ubicados en cada escuela, es de formato TIFF, y que el que llega al Correo Argentino es de formato PNG, un archivo diferente del que salió del recuento original de votos.
Tras recordar la mala reputación de la empresa, tras denuncias de irregularidades en El Salvador, Filipinas o Uganda, y sospechas en Bélgica o Venezuela.
“Acabamos de presentar una cautelar contra Smartmatic para que la Justicia la aparte del recuento provisorio, creemos que pueden manipular la información, no están dadas las garantías para nada”, aseguró el diputado nacional Felipe Solá.
Jorge Landau, histórico apoderado del peronismo, aseguró que tienen preparado el recurso de amparo, y que están esperando la indicación de la fórmula presidencial (Alberto Fernández-Cristina Fernández) para presentarlo.
El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que “hay otros pedidos a la Justicia para que intervenga y evite consecuencias negativas”, y añadió que “todo es muy turbio en torno a Smartmatic”.
Esta mañana, en su visita a La Plata, el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, aseguró que “lo que han denunciado nuestros apoderados, y también Alberto Fernández, es lo que creo que hoy expresa el sentir de todos los argentinos. Y es que este gobierno ha cambiado súbitamente los procedimientos”.
Al pedido del peronismo se había sumado Consenso Federal, el espacio que postula a la fórmula Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, se había sumado al pedido del PJ ante para que no se utilice el sistema de Smartmatic.
Daniel Pires, apoderado del espacio, había advertido sobre los riesgos de manipulación que podría ocurrir en el conteo de datos. “El escrutinio provisorio, con el correr de los años, se convirtió en una elección mediática: el que instala el primer número es la tapa del lunes, en un sistema electoral que se está queriendo polarizar. Tenemos que tener cuidado para que no ocurra y que los números sean los reales y no tendencias”, aseguró.
Días atrás, la Cámara Nacional Electoral pidió que la Dirección Nacional Electoral y el Correo Argentino aseguren instancias de fiscalización para la oposición en todo el proceso. Y además se refirió al proceso de conversión de archivos.
La CNE tuvo en cuenta lo advertido por los apoderados “respecto de la supuesta conversión de los archivos de imagen obtenidos a partir del escaneo de los telegramas, fija que “la Dirección Nacional Electoral deberá asegurar que las agrupaciones políticas cuenten con los mecanismos o el acceso a la información suficiente que permita comprobar la integridad e inalterabilidad del archivo y la trazabilidad del documento desde su escaneo hasta su puesta a disposición para la carga por parte de los agentes responsables de esa tarea”.
La elección de Smartmatic -una firma cuestionada en otros países- para llevar adelante el escrutinio provisorio por una suma de 17 millones de dólares, sumada a la falta de apertura del proceso generararon fuertes dudas. Entre otras, no se le entregó a la oposición el código fuente del software 30 días antes de la elección, como había planteado el tribunal electoral.