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El gobierno expropiará tierras y dará título de propiedad a habitantes de villas

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El Gobierno impulsará un proyecto de ley para expropiar tierras donde se levantan 4228 barrios precarios en todo el país y darles el título de propiedad a sus actuales habitantes. Será el primer paso para urbanizar asentamientos, en los que viven cerca de 3.500.000 personas.

La medida abarca los hogares que integran el Registro Nacional de Barrios Populares, que presentan graves deficiencias de infraestructura. El objetivo es declarar de “utilidad pública y sujetas a expropiación” estas viviendas que, en su gran mayoría, no cuentan con título de propiedad y carecen de servicios básicos. De la totalidad de barrios ocupados o tomados, el 61% pertenecen a propietarios particulares, el 7% son provinciales, el 13% son de los municipios y otro 13% no tienen información catastral que permita determinar a sus dueños. “Es la transformación más profunda del trabajo que venimos haciendo con las familias más vulnerables”, dijo al diario La Nación la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley .

El proyecto de ley, que ingresará en la Cámara de Diputados “en los próximos días”, es parte de un proceso que comenzó en agosto de 2016, con el relevamiento de todos los barrios. Desde ese momento se identificaron y visitaron todos los asentamientos para realizar un censo. Incluso, las entrevistas, según explicaron fuentes oficiales, fueron realizadas por los vecinos de los barrios en ciudades de más de 10.000 habitantes.

De ese relevamiento surgió que el 78,5 por ciento de los barrios populares tienen baja densidad, es decir que viven menos de 150 familias y los trazados urbanos tienden a ser regulares y planificados, mientras que en el 21,5% restante es donde está aglomerada la mayor cantidad de gente y las viviendas están construidas con materiales precarios.

Con 1656 barrios populares identificados, la provincia de Buenos Aires será el distrito más beneficiado; pero si se discrimina el conurbano -en total 30 partidos- junto con la Capital, el número alcanza 1132. Le siguen Santa Fe (333), Chaco (264), Mendoza (217) y Tucumán (186). En la otra punta aparecen La Pampa (4) y Santa Cruz (5).

Durante el trabajo, que duró un año y medio, también participaron organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cuya cara visible es Juan Grabois; Barrios de Pie, Techo y Cáritas Argentina. Desde el Gobierno, con Stanley a la cabeza, también trabajó en el proyecto el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, todo bajo el monitoreo del vicejefe de Gabinete Mario Quintana .

Cerca de Stanley también descartaron que esto provoque una toma masiva de terrenos en todo el país. “Solo se trabajará con los barrios populares existentes al 31 de diciembre de 2016. No hay margen para nada más”, dijo uno de los principales colaboradores de la ministra.

En caso de aprobarse la ley, intervendrá la AABE. El organismo que administra los bienes del Estado deberá individualizar los inmuebles a expropiar, realizar las tasaciones e iniciar los juicios de expropiación. Pero lo más destacado es que deberá establecer “un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas”.

Una vez que se apruebe la ley, el Gobierno estaría en condiciones de emitir un certificado de propiedad, lo que les permitiría a los ocupantes de esos inmuebles fijar un domicilio. Una vez finalizado el trámite se otorgará el título de propiedad.

No será una tarea sencilla. En el Gobierno descuentan que habrá resistencia, sobre todo de los propietarios particulares.

En ese segmento identifican tres variables: los que cansados de reclamar ante la Justicia por terrenos usurpados desde hace años acepten la oferta; los propietarios que decidan donar las propiedades a cambio de la condonación de deudas por el pago de impuestos -según fuentes oficiales son varios los que se comprometieron-, y los que rechacen la norma y judicialicen el tema.

“Esto va a llevar tiempo, pero la ley va a tener un impacto directo y le permitirá al Estado invertir en inmuebles en los que hasta ahora no puede entrar”, anticiparon fuentes oficiales. ¿Cuánto tiempo? “Esto puede demorar años”, admitieron.

Para este trabajo el Gobierno encuestó a 1.938.440 personas (se visitaron 514.850 casas), aunque los números no son definitivos, ya que alcanzan solo al 60% de los terrenos que el Gobierno busca expropiar.

Fuente: Diario La Nación

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Estudiantes de Seguí colectaron alimentos con fines benéficos

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Dentro de las actividades que se realizan por la Semana del Estudiante, el martes 18 los chicos de las escuelas secundarias de la ciudad divididos en 4 grupos, llevaron adelante una colecta de alimentos para lo cual recorrieron toda la ciudad haciendo también partícipes a los vecinos de Segui.

Lo recaudado lo distribuyeron en diversas instituciones de la ciudad entre las cuales se encuentran en Centro de Desarrollo Infantil CDI y el Hogar de Adultos Mayores Nuestra Señora de la Merced quienes agradecen profundamente este gesto de parte de los jóvenes seguienses.

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La Justicia ratificó la condena por la fumigación sobre una escuela

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Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos – Campaña Paren de fumigar las escuelas inforon que la Cámara de Casación de la Provincia de Entre Ríos dejó firme el fallo de los jueces que, en octubre de 2017, condenaron a los responsables de la fumigación que causó daños a personal y alumnos de la Escuela Nº 44 “República Argentina” en cercanías de Santa Anita, departamento Uruguay. De esta forma, se convirtió en la primera causa por fumigación en elevarse a juicio y tener sentencia en nuestra provincia. El fallo encontró culpables al productor, al piloto y al presidente de la empresa de aviación, por los delitos de contaminación ambiental y lesiones culposas leves.

La causa se inició a partir de la denuncia de la docente Mariela Leiva, padres y representantes de la Campaña Paren de fumigar las escuelas encabezada de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

Consideraron que el acompañamiento activo del gremio docente AGMER ha sido y es fundamental en estos casos de fumigaciones que afectan a las comunidades educativas, ya que su posicionamiento desde su origen, es resguardar y proteger a los más vulnerables de un sistema productivo que busca rentabilidad a costa de la salud y vida de la población.

Este fallo nos impulsa a continuar. Estamos en el camino correcto: en defensa de nuestros docentes y alumnos, su derecho a la Salud y a vivir en un ambiente sano.

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Extienden el plazo para adherir a retiros voluntarios en el Estado

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El Gobierno extendió hasta el 30 de noviembre próximo el plazo para adherir a planes de retiro voluntario en distintos organismos de la administración pública.

La medida se adoptó a través de una resolución de la Secretaría de Gobierno de Modernización que encabeza Andrés Ibarra, publicada en el Boletín Oficial.

La norma aclaró que el personal que adhiera al retiro voluntario “puede optar por mantener la cobertura médica asistencial que presta la obra social a la que actualmente se encuentre afiliado” en caso de que así lo habilite la AFIP.

Alcanza al grueso del personal de la administración pública nacional, incluidos todos los Ministerios, salvo algunas áreas de gestión, las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales de Seguridad.

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