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El gobierno expropiará tierras y dará título de propiedad a habitantes de villas

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El Gobierno impulsará un proyecto de ley para expropiar tierras donde se levantan 4228 barrios precarios en todo el país y darles el título de propiedad a sus actuales habitantes. Será el primer paso para urbanizar asentamientos, en los que viven cerca de 3.500.000 personas.

La medida abarca los hogares que integran el Registro Nacional de Barrios Populares, que presentan graves deficiencias de infraestructura. El objetivo es declarar de “utilidad pública y sujetas a expropiación” estas viviendas que, en su gran mayoría, no cuentan con título de propiedad y carecen de servicios básicos. De la totalidad de barrios ocupados o tomados, el 61% pertenecen a propietarios particulares, el 7% son provinciales, el 13% son de los municipios y otro 13% no tienen información catastral que permita determinar a sus dueños. “Es la transformación más profunda del trabajo que venimos haciendo con las familias más vulnerables”, dijo al diario La Nación la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley .

El proyecto de ley, que ingresará en la Cámara de Diputados “en los próximos días”, es parte de un proceso que comenzó en agosto de 2016, con el relevamiento de todos los barrios. Desde ese momento se identificaron y visitaron todos los asentamientos para realizar un censo. Incluso, las entrevistas, según explicaron fuentes oficiales, fueron realizadas por los vecinos de los barrios en ciudades de más de 10.000 habitantes.

De ese relevamiento surgió que el 78,5 por ciento de los barrios populares tienen baja densidad, es decir que viven menos de 150 familias y los trazados urbanos tienden a ser regulares y planificados, mientras que en el 21,5% restante es donde está aglomerada la mayor cantidad de gente y las viviendas están construidas con materiales precarios.

Con 1656 barrios populares identificados, la provincia de Buenos Aires será el distrito más beneficiado; pero si se discrimina el conurbano -en total 30 partidos- junto con la Capital, el número alcanza 1132. Le siguen Santa Fe (333), Chaco (264), Mendoza (217) y Tucumán (186). En la otra punta aparecen La Pampa (4) y Santa Cruz (5).

Durante el trabajo, que duró un año y medio, también participaron organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cuya cara visible es Juan Grabois; Barrios de Pie, Techo y Cáritas Argentina. Desde el Gobierno, con Stanley a la cabeza, también trabajó en el proyecto el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, todo bajo el monitoreo del vicejefe de Gabinete Mario Quintana .

Cerca de Stanley también descartaron que esto provoque una toma masiva de terrenos en todo el país. “Solo se trabajará con los barrios populares existentes al 31 de diciembre de 2016. No hay margen para nada más”, dijo uno de los principales colaboradores de la ministra.

En caso de aprobarse la ley, intervendrá la AABE. El organismo que administra los bienes del Estado deberá individualizar los inmuebles a expropiar, realizar las tasaciones e iniciar los juicios de expropiación. Pero lo más destacado es que deberá establecer “un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas”.

Una vez que se apruebe la ley, el Gobierno estaría en condiciones de emitir un certificado de propiedad, lo que les permitiría a los ocupantes de esos inmuebles fijar un domicilio. Una vez finalizado el trámite se otorgará el título de propiedad.

No será una tarea sencilla. En el Gobierno descuentan que habrá resistencia, sobre todo de los propietarios particulares.

En ese segmento identifican tres variables: los que cansados de reclamar ante la Justicia por terrenos usurpados desde hace años acepten la oferta; los propietarios que decidan donar las propiedades a cambio de la condonación de deudas por el pago de impuestos -según fuentes oficiales son varios los que se comprometieron-, y los que rechacen la norma y judicialicen el tema.

“Esto va a llevar tiempo, pero la ley va a tener un impacto directo y le permitirá al Estado invertir en inmuebles en los que hasta ahora no puede entrar”, anticiparon fuentes oficiales. ¿Cuánto tiempo? “Esto puede demorar años”, admitieron.

Para este trabajo el Gobierno encuestó a 1.938.440 personas (se visitaron 514.850 casas), aunque los números no son definitivos, ya que alcanzan solo al 60% de los terrenos que el Gobierno busca expropiar.

Fuente: Diario La Nación

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Longvie suspenderá sus actividades desde el lunes en su fábrica de Paraná

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La empresa de electrodomésticos Longvie pidió este martes reestructurar las Obligaciones Negociables emitidas un año atrás porque no puede hacer frente a los vencimientos por la crisis económica.

Los voceros confirmaron a este medio que la fábrica suspenderá sus actividades desde el próximo lunes. “Sólo algunos trabajadores seguirán en la planta con las tareas de mantenimiento”, se informó. Mientras tanto, precisaron que durante el período que dure la interrupción de las tareas y hasta tanto los empleados inicien el período de vacaciones, percibirán el 75 por ciento de sus sueldos.

Asimismo, algunos de los trabajadores hicieron notar la incertidumbre reinante entre ellos. “Después de las vacaciones no sabemos qué ocurrirá”, dijeron, a la vez que dejaron trascender que por la información que manejan en marzo podría haber más despidos.

Mientras tanto, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), señalaron a este medio que la suspensión de actividades esta “preacordada” con la empresa y que estaban al tanto desde hace un tiempo de que esto sucedería.

Asimismo, dieron cuenta de que se firmó un acuerdo con las cámaras metalúrgicas que implica una suba salarial del 5% en febrero y 7,27% en marzo, acumulativo, al tiempo que las empresas deben hacer frente al bono de 5.000 pesos previsto por el gobierno, cuya segunda cuota debe hacerse efectiva con los haberes de enero.

Cabe recordar que hace algo más de un mes la firma dispuso reducir la planta de personal en Paraná. Frente a la crisis que se vive en el sector “decidió despedir a los solteros y a los que tienen menos años de antigüedad”.

Imposibilidad de hacer frente a los vencimientos

El presidente de la compañía, Raúl Zimmermann, escribió este martes una carta a la Bolsa para informar que la empresa iniciará conversaciones con entidades bancarias y tenedores de sus obligaciones negociables para “redefinir el perfil de vencimientos”.

Pidió iniciar negociaciones para “readecuar” los vencimientos a la capacidad de generación de fondo de la compañía, que está siendo afectada por una baja en sus ventas producto de la recesión económica.

Longvie SA es una empresa nacional que desde 1918 produce y comercializa artefactos para el hogar bajo estándares de calidad; cuenta con más de 800 personas en sus tres plantas ubicadas en Buenos Aires, Paraná y San Fernando de Catamarca en las cuales produce lavarropas, lavasecarropas, cocinas, hornos, anafes, calefones, termotanques y calefactores para el mercado interno e internacional.

Cuestión financiera

Esta empresa había emitido Obligaciones Negociables Clase IV en noviembre de 2017 .

En junio de este año Fix SCR SA Agente de Calificación de Riesgo (afiliada de Fitch Ratings) bajó a la Categoría BB+(arg) desde BBB(arg) a la calificación de Emisor y de la Obligación Negociable Clase IV de hasta $ 50 millones, ampliable hasta $ 150 millones emitidas por Longvie S.A.

La calificador le asignó perspectiva “negativa” a las ON de la compañía por el aumento del riesgo de refinanciación de pasivos que Longvie deberá enfrentar ante la actual persistencia de elevadas tasas de intereses en el mercado local y la consecuente elevada carga financiara.

Asimismo, FIX estimó que la demanda para productos de consumo discrecional enfrentará una caída real para el segundo semestre del ejercicio 2018, produciendo de este modo un impacto negativo en la generación de fondos.

Al último cierre anual, Longvie presentaba un elevado nivel de apalancamiento con indicadores financieros deteriorados consecuencia de una débil generación de Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA, por sus siglas en inglés).

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Avanza investigación a Varisco por presunto peculado

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La información contenida en la causa por narcotráfico que lideraría Gustavo “Tavi” Celis y que tiene procesados al intendente Sergio Varisco, al concejal Pablo Hernández y a la funcionaria Griselda Bordeira (estos dos últimos, detenidos), fue remitida por el Juzgada Federal al Tribunal de Cuentas en el último resolutorio del Juez Ríos, donde además se incluye un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, donde se detallan una serie de irregularidades administrativas conexas al delito federal que se investiga.

Ríos tiene bajo la lupa no solo el negocio del narcotráfico, sino el presunto redireccionamiento de fondos públicos municipales para financiar la actividad ilícita, para lo cual se habrían utilizado mecanismos diversos, desde contratos falsos hasta pautado ficticio de publicidad oficial.

La investigación del Tribunal de Cuentas sobre procedimientos sospechosos en la Municipalidad comenzó en junio pasado, con el dictamen 12.789 de la Fiscal de Cuentas Nº 6 (a cargo de Lucrecia Zuttión) en el que solicita informes a la Justicia Federal sobre los antecedentes en base a los cuales “se ha establecido la figura de peculado en relación exclusiva al uso de fondos públicos”.

Luego, los Jefes del Cuerpo de Auditores emitieron otro dictamen, el 36.321, que generó la apertura del expediente 381/2018 (“Municipalidad de Paraná – Área Municipios – Inicia actuaciones relacionadas con información periodística”), donde se tramita ante la Justicia Federal el pedido de Zuttión, que fue respondido ahora por Ríos.

En tanto, el fiscal federal Carlos García Escalada, pediría esta semana la elevación a juicio oral de la mencionada causa, porque en estos días se le vence el plazo para solicitar otras instancias de la investigación. Si todo ello ocurre, como se prevé, el Tribunal Oral Federal de Paraná podría llevar a juicio a Varisco y sus allegados, entre abril y mayo del año próximo, informó Análisis Digital.

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Aprobaron cambio en Bienes Personales y renovó Monzó

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La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que modifica el impuesto a los Bienes Personales por 125 votos afirmativos , 64 negativos y 28 abstenciones.

Los cambios a la ley 23.966, sobre exenciones y progresividad del gravamen, son parte del paquete económico que acompañó el texto del Presupuesto 2019 y establecen un nuevo mínimo no imponible en el tributo. Luego de obtener media sanción, el Senado introdujo modificaciones en materia de vivienda en el proyecto.

Al inicio del debate, el titular de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, recordó que los cambios en bienes personales son parte de “una negociación entre el gobierno nacional y las provincias en materia de subsidios de transporte y tarifa social eléctrica”.

Además Laspina calificó a los cambios realizados por la Cámara alta como “un alivio fiscal a la clase media, una modificación atinada”.

La legisladora Fernanda Vallejos, del FpV-PJ, en tanto criticó al proyecto y al oficialismo y sostuvo: “Apurados por el FMI nos proponen un nuevo parche para recaudar algunos pesos y sostener los intereses de la deuda, es un impuesto en contra de la casa media trabajadora”, sostuvo.

A continuación, Axel Kicillof ratificó que la bancada del Frente para la Victoria no acompañará el texto. “Plantea cobrarle a los sectores medios el impuesto a los bienes personales, como una forma de pasar la gorra o rascar la olla. Este es el final de la estafa electoral contra la clase media”, criticó. “Los sectores medios ya están liquidados, ya no pueden seguir pagando impuestos”.

Además, se aprobó en el recinto una autorización al presidente Mauricio Macri para ausentarse del país en 2019 “cuando razones de gobierno lo requieran”.

También recibió media sanción y giró al Senado una iniciativa de la diputada radical Karina Banfi para facilitar la nacionalizacion de personas apátridas.

El dictamen busca asegurar a las personas apátridas y “solicitantes del reconocimiento de tal condición, el disfrute más amplio posible de sus derechos humanos y regular la determinación del estatuto, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de las personas apátridas”.

Previamente al comienzo de la sesión en la Cámara de Diputados, se ratificó a sus autoridades, encabezadas por el diputado de Cambiemos, Emilio Monzó.

Con elogios de sus pares, Monzó fue confirmado en su cargo por cuarta y última vez, luego de que hiciera pública su decisión de no renovar su banca de legislador el año que viene.

También se les renovó el cargo a José Luis Gioja (FpV-PJ) como vicepresidente primero, a Luis Petri (UCR) como vicepresidente segundo, y a Martín Llaryora (Argentina Federal) como vicepresidente tercero.

En tanto, continuarán como secretarios Eugenio Inchausti (Parlamentario), Florencia Romano (Administrativa), María Luz Alonso (Coordinación Operativa) y Marcio Barbosa Moreira (General).

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