La pandemia de coronavirus obligó a miles de argentinos a cancelar viajes o reconfigurar itinerarios e inició un aluvión de gestiones orientadas a la devolución de reservas que, en muchos casos, estuvieron lejos de dejar conformes a los clientes. En medio de una situación atípica, en la que las empresas del sector de turismo tienen sus cuentas en rojo, es difícil encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad de las firmas y el derecho a recuperar el dinero por un servicio no prestado.
En este marco, y frente al surgimiento de más de 700 denuncias sobre prestadores de servicios de viajes, distintos organismos del Gobierno preparan una resolución conjunta para regular el tema, que podría establecer pautas y plazos para la devolución de reservas.
Según pudo saber La Nación, la resolución, sin fecha de publicación aún, surgirá del trabajo coordinado entre de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, que depende del Ministerio de Producción y a la que le corresponde regular hoteles; el Ministerio de Turismo, cartera que detenta el control de las agencias de viaje, y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que decide sobre las aerolíneas. Así, se abarcará a los tres grandes actores del sector turístico.
Según detallaron fuentes del Gobierno consultadas, en la resolución se podrían imponer pautas referidas a cómo devolver el dinero de las reservas no utilizadas y establecer plazos para las reprogramaciones, pero es algo que todavía se encuentra abierto a discusión. “El criterio es buscar el equilibrio entre la defensa del bolsillo de la gente que pagó una reserva y la sostenibilidad de las empresas de turismo, que están en una situación crítica”, aclararon.
Hace algunas semanas, ANAC adelantó que está analizando sanciones para las aerolíneas Copa y Gol por vender tickets sin tener autorización para volar. “Nos estamos encontrando con empresas que organizan vuelos que, sin estar previamente autorizados, suben a los pasajeros y luego les informan que ANAC no les permite volar. Lo que no comunican es que nunca hicieron el pedido de autorización”, explicó entonces Paola Tamburelli, la titular del organismo.
Por otro lado, ANAC también detectó vuelos que, “estando autorizados, decidieron no despegar porque a las empresas no les resulta redituable desde el punto de vista económico”. Para ese caso también señaló que se analiza aplicar sanciones.
Sin embargo, cabe aclarar que gran parte de los reclamos vienen asociados no a irregularidades de empresas, sino a las propias alteraciones generadas por la pandemia. Por esta situación, algunos abogados interpretan que se trata de una situación de fuerza mayor en la que ni el pasajero ni la aerolínea tiene el 100% de la responsabilidad.
“Hoy hay más solicitudes de reembolso que ventas y eso está poniendo en una situación sumamente complicada a las líneas aéreas, que se están quedando sin dinero”, dijo algunas semanas atrás el vicepresidente par las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerdá. Esto explica, en parte, por qué lograr el reembolso de un pasaje no utilizado en el marco de la pandemia es, por estos días, una tarea casi imposible.
$4500 millones para el turismo
Por otro lado, el Ministerio de Turismo tienen en agenda medidas para aliviar la situación de todo el entramado productivo que vive de la actividad turística. Según adelantó a este medio la cartera que conduce Matías Lammens, se está trabajando en un plan nacional que volcará $4500 millones al sector.
La iniciativa, que se denomina Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo (Pacit), divide los recursos en tres fondos distintos. Por un lado, el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT), que tiene como objetivo contener a las mipymes de hotelería, gastronomía y agencias de viaje otorgándoles un beneficio que les permita transitar la emergencia y adaptarse al escenario post pandemia. Según se anticipó, se dispondrá de US$40 millones que se distribuirán en forma de Aportes no Reembolsables (ANR) entre 500 agencias de viaje, 1000 hoteles y 500 restaurantes.
En segundo lugar, un “fondo complementario” al FACT para ayudar a los prestadores de actividades complementarias como guías, choferes y cabañeros, que pueden ser autónomos o monotributistas.
En tercer lugar, plantean el “Plan 50 destinos” que, con un fondo de $1410 millones originados en la recaudación del impuesto PAIS, destinará aproximadamente $60 millones por provincia para llevar adelante obras de infraestructura turística.