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País

El gobierno liberaría fondos a obras sociales para intentar frenar paro general

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El Gobierno prepara una propuesta para intentar desactivar o al menos seguir postergando la convocatoria a un paro general. El paquete todavía está en estudio e incluye la firma de un decreto para destrabar fondos y acelerar la cancelación de la deuda con las obras sociales sindicales, unos 4.000 millones de pesos por reintegros de tratamientos de alta complejidad. Se trata de uno de los pedidos sensibles de los gremios en términos económicos. Las exigencias de la CGT abarcan otros cuatro puntos, y sus dirigentes evaluarán si el alcance general de las respuestas posibilita el margen para enfriar la medida de fuerza.

“Estamos viendo alternativas, no todos pretenden lo mismo”, dijo a Clarín uno de los funcionarios que lleva las negociaciones con el objetivo de evitar que se confirme la huelga pocos días después de cerrarse el acuerdo con el FMI. “Por la deuda con las obras sociales hay un principio de acuerdo, con un mecanismo de redistribución de los fondos para cubrir lo que está pendiente”, contó sobre el decreto en el que trabaja en estas horas el Gobierno, que también planea avanzar con una compensación por la atención médica de los jubilados.

Macri puso en marcha la devolución de los fondos retenidos durante el kirchnerismo -llegaban a más de $ 27mil millones-, aunque luego se acumuló una deuda. En un gremio importante confirmaron las negociaciones por ese punto, aunque sostuvieron que exigirán respuestas en el resto de los ítems como condición para llegar a un acuerdo.

La propuesta formará parte de un paquete con el que los funcionarios buscarán cubrir en mayor o menor medida los cinco puntos elevados por la CGT el jueves. En cuanto a las paritarias “sin techo”, para el Gobierno en principio estará cumplido con el decreto que ya firmó Mauricio Macri: con el 5% extra la pauta subió a 20% y el resto hasta alcanzar el porcentaje de inflación podrá ser discutido en el momento de las revisiones, entre septiembre y abril, de acuerdo con el argumento de Jorge Triaca. “Tenemos un esquema de paritarias libres. La cláusula de revisión es para que las partes puedan definir cuál es la realidad de su sector”, aseguró ayer el ministro de Trabajo a radio Mitre.

Triaca a su vez confirmó que el oficialismo en el Congreso estará dispuesto a negociar por el cambio de fórmula de las indemnizaciones, el principal motivo de rechazo de los gremios a los proyectos de reforma laboral: “Si no existe consenso suficiente para un artículo, que salga la ley con el mayor de los consensos posibles y se discutirá en otro momento”. Como contó Clarín, el Gobierno decidió arrancar con las iniciativas menos controvertidas: este martes comenzará a tratarse la creación de la agencia de evaluación de tecnología médica, un pedido de los gremios.

En el resto de los puntos a priori la Casa Rosada cederá poco. A la suspensión de despidos por seis meses en los sectores público y privado los funcionarios replicarán con el armado de mesas con los empresarios como ya sucedió en los ámbitos de la construcción, energía, metalmecánica y otros. “No facilita el proceso de generación de empleo”, rechazó Triaca el formato de prohibición ya vetado por Macri en 2016. “Se ha votado la ley de exención a Ganancias, en un trabajo conjunto con la CGT”, desestimó el ministro que el aguinaldo quede afuera del impuesto.

Fuente: Clarín

Economía

YPF analiza iniciar un proceso de producción de biodiesel

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El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez anunció que la compañía comenzará a producir biocombustibles. “El compromiso de la compañía está puesto en la integración de combustibles y la participación en el sector de la bioenergía, no solo como compradores sino también como productores”, declaró el empresario durante el panel de apertura de la Semana Internacional de la Bioenergía – Argentina 2018. Pidió también acelerar el proceso de descarbonización de la economía y la normalización de los combustibles en la región .

Las declaraciones de Gutiérrez son un giro de 180 grados en la relación de YPF con los biocombustibles. Hasta ahora, la mayor empresa petrolera del país se había mostrado reacia a la política de biocombustibles, pero la firme decisión de la secretaría de energía de avanzar en la libre competencia de los combustibles habría impulsado esta decisión.

Según trascendió, el Secretario de Estado de Energia, Javier Iguacel mantiene la idea de continuar con el corte de biodiesel en el 10%, aunque pretende incorporar mezclas voluntarias de mayor porcentaje.

Hasta el 10%, se continuaría con el mismo mecanismo de fijación de precios y cupos que rige en la legislación actual. Pero para mezclas mayores, el precio del biocombustible por encima de este porcentaje sería acordado libremente por las partes. En el caso del gasoil grado 2 (90% del mercado), hasta un corte del 20% no sería necesario indicar en el surtidor el contenido de biodiesel, pudiendo permitirse mezclas mayores, pero el surtidor deberá contar con una leyenda que indique claramente el contenido del biocombustible. En el caso del gasoil grado 3 (premiun) la leyenda deberá existir por encima del corte de 10%.

En el caso de las naftas, el mecanismo sería similar. Seguirá igual la oferta de nafta con un corte mínimo de bioetanol de 12%, y se agregaría el combustible “flex fuel”, el cual tendrá una mezcla entre el 19% y 27% del biocombustible. Se sumaría también otra opción “full flex fuel” cuyo contenido de alcohol estaría entre el 85% y el 100%, es decir, bioetanol puro.

Sin embargo, estaría en la cabeza del secretario gravar la porción de biocombustible sobre el mínimo obligatorio. Pretendería aplicar el impuesto a los combustibles líquidos que rige hoy tanto para el gasoil, como para el bioetanol.

Los biocombustibles, por ser renovables y tener un balance de emisiones positivos están taxativamente excluidos de este tributo en la legislación vigente. Para que esta medida pueda aplicarse debería modificarse la Ley, por lo que debe contar con la aprobación del congreso.

Gravar una porción de los biocombustibles al igual que sus respectivos fósiles podría generar un peligroso antecedente. En la Argentina, una vez que se impone un nuevo impuesto, es muy fácil que se propague.

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Economía

El oficialismo cerca de cerrar el presupuesto 2019

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Cambiemos dio un paso más en su objetivo de lograr la media sanción del Presupuesto 2018 en la Cámara de Diputados antes de noviembre y su aprobación final en el Senado antes de que comience el G20. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, encabezaron una reunión con diputados del bloque Argentina Federal -que representa a los gobernadores no kirchneristas- y sus respectivos ministros de Economía para delinear los últimos detalles de la adenda al Consenso Fiscal.

El resultado fue que se avanzará “paso a paso”, aunque con buena predisposición. El primer eslabón es dictaminar sobre la adenda y una vez obtenido esto se hará lo propio con el Presupuesto. Si bien no se habló de fechas, la meta es que el jueves 18 salga el acuerdo fiscal y el martes 22 la “ley de leyes”, para luego realizar una sesión el 24 o a lo sumo el 31 para que se aprueben ambas iniciativas juntas. Esto igual está por verse, porque los legisladores de Argentina Federal quieren ir con cautela antes de dar el visto bueno.

Del encuentro participaron, además de Frigerio y Monzó, Mario Negri, Nicolás Massot, Luciano Laspina, Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, y Emilio Basavilbaso, titular de la Anses. Por el lado de la oposición, estuvieron Pablo Kosiner por Salta, Martín Llaryora por Córdoba, Walberto Allende por San Juan, Sergio Ziliotto por La Pampa, Juan José Bahillo por Entre Ríos, Elda Pertile por Chaco, Jorge Franco por Misiones y Danilo Flores por La Rioja. También estuvieron Rodrigo Pena, secretario de Hacienda, y los funcionarios de Interior Alejandro Caldarelli y Sebastián Garcia De Luca.

La presencia de Finocchiaro y Basavilbaso se debió a que los representantes de las provincias dejaron inquietudes para cuando se discuta el Presupuesto. Por el lado de educación, apuntaron contra el financiamiento de las universidades por transferencias que según los gobernadores no se cumplieron este año y necesitan una compensación en 2019. Con la Anses, le plantearon ciertas transferencias que el ente realiza a las provincias para no desfinanciarlas. Ambos se comprometieron a evaluarlas.

Los tres ejes centrales fueron la adenda fiscal, el impuesto a los Bienes Personales y el ajuste por inflación de las transferencias de la Nación a las provincias. Si bien no hubo mayores definiciones sobre lo qué pasará con la parte impositiva, desde el Gobierno explicaron que lo más probable es que prospere la propuesta de gravar los bienes en el exterior, incluyendo a los que entraron al blanqueo de 2017.

Miguel Ángel Pichetto se había opuesto a esto, pero la mayoría de las provincias está de acuerdo. Para esto, habría que suspender una cláusula del Consenso Fiscal 2017 que establecía que no se iban a “crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del impuesto sobre los bienes personales”.

Otro punto caliente de la reunión, que acaparó casi la primera hora, fue qué sucederá con las ciudades grandes del interior que tienen transporte urbano. Sucede que con el nuevo Presupuesto la Nación deja de subsidiar a las empresas el boleto de los colectivos y le da ese dinero directamente a las provincias para que negocien.

Pero hay casos como Córdoba, en donde en la capital el intendente Mestre debería aumentar el boleto a 36-38 pesos sin el subsidio. La provincia usa el dinero de la Nación para subvencionar el boleto entre ciudades y así afecta a los grandes municipios -como la capital- que tienen su propio servicio de colectivo. Será un tema para seguir discutiendo porque no se despejó al duda de quién va a poner ese dinero.

Sucede que, a fin de cuentas, el objetivo de la adenda es que, a raíz de un paquete de medidas impositivas, se compense a las provincias por el ajuste de cerca de 100 mil millones de pesos que deberán hacer.

En la Casa Rosada están convencidos que la ley es “verosímil” y afirman que todas las provincias “están compensadas” respecto del ajuste que tienen que hacer. Las únicas que salen perdiendo son la provincia y la ciudad de Buenos Aires, esta última en casi 900 millones de pesos.

El recorte estimado es en los ingresos pasar de un déficit de 1,3% a 0% y en los gastos bajar de 2,7% a 1,3%. Para el Ejecutivo, esto lo “pagan” los exportadores de servicios, los industriales, las personas con bienes en el extranjero y los bancos con el impuesto a los sellos y cheques, en donde se hace una postergación de la baja.

Con respecto a los municipios, que pierden el 30% del Fondo Sojero, que se anuló por decreto, dicen en el oficialismo que compensan con el IVA, Ganancias, sellos y cheques, que ninguno coparticipa.

Hay optimismo en Cambiemos para avanzar favorablemente con la ley. Una vez que pase Diputados, en el Senado no esperan negociaciones tan arduas porque ya están trabajando “en tándem” desde que se presentó la norma. Además, consideran que las conversaciones son más lineales con las provincias y saben que cuentan con el apoyo de Miguel Ángel Pichetto, lo cual acelera las gestiones con los bloques peronistas.

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Economía

El proyecto de ley de alquileres obtuvo dictamen en Diputados

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En texto presentado por el Ejecutivo introdujo algunos cambios a la iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado y que había sido impulsada por el Frente para la Victoria y por Inquilinos Agrupados en 2016.

En esta jornada, el FpV, el Bloque Justicialista y Felipe Solá acompañaron el dictamen aunque con disidencias, entre varios puntos, piden que se mantenga la actualización anual del valor del alquiler, como estipula el proyecto original de la senadora kirchnerista Silvina García Larraburu.

En tanto, Carla Pitiot del Frente Renovador y Juan Brugge (Argentina Federal) presentaron una alternativa para que los inquilinos no puedan imponer a los propietarios las garantías del alquiler.

De aquí a la llegada de la iniciativa al recinto se seguirá trabajando el texto para aunar las disidencias de los Diputados.

Entre los principales puntos del nuevo proyecto las comisiones quedarán a cargo del dueño, los aumentos se regularán segpun la inflación y los salarios y los contratos se renovarán cada tres años de plazo.

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