Si bien desde la bancada opositora acompañaron ambas iniciativas, marcaron una serie de críticas. Advirtieron sobre la falta de acceso al crédito, producto del “leonino convenio” con el agente financiero, y consideraron que los elevados impuestos atentan contra el desarrollo de la provincia. Consideraron que el alivio impositivo al sector agropecuario ayuda, pero es insuficiente: “Es como querer curar el cáncer con una aspirina”.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el nuevo Régimen de Promoción y Desarrollo Industrial: “Celebramos esta iniciativa porque es necesario modernizar el régimen para potenciar el desarrollo de nuestra provincia y establecer políticas públicas que favorezcan la inversión privada”, afirmó el diputado Esteban Vitor.
También destacó que en el debate del proyecto haya habido “una articulación con los sectores privados” y resaltó “la amplitud” que tuvo el oficialismo al incorporar algunas sugerencias realizadas por la oposición.
Consideró que “es necesario analizar por qué la ley anterior no funcionó”, sostuvo que “hay que agilizar algunos trámites” y manifestó que en este marco la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) deberá tener “un papel preponderante”.
Luego Vitor hizo referencia a la falta de competitividad que tiene la provincia en relación a Córdoba, Santa Fe y Corrientes, y atribuyó esta situación a la existencia de impuestos altos, a la falta de infraestructura y a la ausencia de un sector financiero que brinde facilidades a quienes invierten. En este sentido, apuntó contra “el leonino convenio” por el cual se otorgó la adjudicación del Agente Financiero al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. sin que haya una cláusula que lo obligue a brindar créditos y volcar recursos a los sectores productivos e industriales.
Por último, el diputado del PRO hizo hincapié en la necesidad de que se avance en el proyecto de ley que crea un Observatorio del Empleo: “Solo tenemos los datos del Indec basados en Paraná y Concordia, pero no tenemos números del resto de la provincia”.
“Para generar políticas públicas necesitamos tener una foto que determine cuál es la realidad de la provincia en materia de empleo”, señaló.
. Alivio tributario para productores
El Interbloque de Juntos por Entre Ríos también respaldó la sanción del proyecto que condona la obligación de pago de los anticipos 1° y 2° del 2022 del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural a productores agropecuarios afectados por la sequía.
Si bien mencionó la importancia de esta exención, el diputado Vitor opinó que “es insuficiente” y fue más allá al afirmar que “es como querer curar un cáncer con una aspirina”.
“Muchos productores están en una situación terminal y las herramientas que el Estado le ha ofrecido no están a la altura de las circunstancias”, añadió.
En este sentido, volvió a hacer referencia a la falta de créditos a tasa preferencial y cuestionó el incumplimiento de varios anuncios vinculados a ayudas al sector agropecuario: “De los 800 millones de pesos que se anunciaron para el sector productivo, solo se otorgaron 200 millones y resultaron beneficiados 65 productores”.
“El decreto Nº 3.496 de 2022 establecía el otorgamiento de aportes no reembolsables por 300 millones de pesos principalmente para el sector tambero: se anotaron 150 productores y no hubo ningún crédito”, acotó, al tiempo que dijo que espera que “se materialicen” los 400 millones de pesos que el Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció para el sector.
Por su parte, el diputado Nicolás Mattiauda expuso sobre las múltiples herramientas que tiene el Gobierno para hacer frente a la sequía y consideró que “el Estado es un peso tremendo para los productores agropecuarios, es socio en las ganancias pero no en las pérdidas”.
Calificó a las retenciones como “un impuesto injusto que grava al bruto de la producción” y se refirió al impacto negativo que éstas y las distorsiones del tipo de cambio tienen en la producción entrerriana.
Tras lamentar las consecuencias de la deficiente infraestructura vial, las trabas para importar repuestos destinados a maquinaria y la falta de crédito, destacó la necesidad de modificar algunas leyes laborales en el ámbito de economías regionales como la citricultura y la producción de arándano.