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Economia

El IPC Congreso podría complicar las paritarias

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El IPC Congreso registró en diciembre una suba del 3,1%, impulsado principalmente por las subas registradas en Vivienda y Servicios Básicos (tarifas de luz y gas) y Transporte y Comunicaciones (combustibles). De este modo, en 2017 la inflación alcanzó 24,6% en el año, por encima de la meta del Banco Central del 17%.

En tanto, la inflación núcleo- que elimina del cálculo los precios estacionales y regulados, como es el caso de las tarifas de servicios públicos, la medicina prepaga, los cigarrillos y los productos incluidos en Precios Cuidados- mostró en diciembre una suba del 1,6%, acumulando en el año 22,6%.

“La suba promedio mensual del IPC Core en 2017 del 1,7% muestra que independientemente de las subas tarifarias la inflación permanece en rangos preocupantes.”, sostuvo el informe dado a conocer hoy.

La inflación promedio anual alcanzó 26,6%, más de dos puntos por encima de lo estimado en el reciente Presupuesto, se consignó.

“Con la inflación de 24,6%, en 2017 las jubilaciones mínimas y AUH se recuperaron el año pasado en términos reales sólo 1,7% en promedio y 2,7% entre puntas, lo que implica que aún muestran una pérdida de 5% en promedio y 4% entre puntas frente a 2015”, se agregó en el reporte.

Cabe destacar que en diciembre se cumplieron 20 meses de coexistencia entre el IPC Congreso y el nuevo IPC GBA del Indec . En los primeros 19 meses (abril de 2016 a noviembre de 2017) ambos índices mostraron una muy elevada correlación, y por ende subas acumuladas muy similares (41,4% el IPC Indec GBA y 42,1% el IPC Congreso). Más aún, en los primeros 11 meses de 2017 ambos índices mostraron una suba acumulada de 20,9%.

Este jueves el Indec dará a conocer el número de la inflación de diciembre y según los especialistas, los valores van en coincidencia con el informe del Congreso, que toma los datos de distintas consultoras. Elypsis calculó una inflación para diciembre del 2,6%, a la vez que el porcentaje anual redondea el 25%. “Lo que más impulso la suba fue el aumento del gas y electricidad, sobre todo en la primera parte del año”, explicó el director de la consultora. “Lamentablemente esperamos una inflación del orden del 19%, es decir, que no se cumpla la nueva meta de inflación, que se explica principalmente por la suba de tarifas y expectativas en el conjunto de los agentes económicos por encima de lo esperado por el Gobierno”.

En relación a las consecuencias que trae el incremento de la inflación, explicó: “Es marginal la suba, pero la mayor inflación provoca más incertidumbre en el mediano y largo plazo, más volatilidad del crecimiento y dificulta la expansión del crédito”.

Fausto Spotorno, del estudio Orlando Ferreres y Asociados, explica que la inflación de diciembre, según sus mediciones, alcanzó el 2,8% y 23,8% para el año. Además, presentó sus expectativas respecto al anuncio de las nuevas tasas de interés. “El cambio de las metas inflacionarias no debería cambiar el porcentaje de la inflación, pero sí influyen los movimientos de las tasas de interés, que creo que van a bajar a 150, con lo que no subiría el dólar. Nosotros esperamos un 16,7% de inflación para el 2018 si se mantienen las tasas, pero con un cambio en las tasas de interés sí va a subir la inflación”. Además, destacó que para este año, el mayor impacto se encontrará en “la suba del transporte público y las tarifas”.

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El Gobierno ya no buscará una ley de reforma laboral sino acuerdos puntuales

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El Gobierno reconoció que ya no buscará una ley de reforma laboral sino que buscará lograr acuerdos puntuales con distintos sectores. Desde el Ejecutivo aclararon que “no es de vida o muerte que sea una ley o varias leyes”. La intención de la Casa Rosada -no explicitada abiertamente- es que las modificaciones se realicen en la primera mitad del 2018.

“Acuerdos sectoriales viene habiendo y van a seguir ocurriendo, pero también van a suceder modificaciones normativas, que el Congreso decidirá en el debate de los consensos parlamentarios y todos tenemos minorías para ver si es mejor que ese conjunto de normas sean varias leyes separadas o sea una ley conjunto. Lo importante es entender esa idea del reformismo laboral, que va más allá de una reforma laboral”, sostuvo el jefe de Gabinete Marcos Peña en declaraciones radiales.

“Había varias iniciativas que eran fruto del consenso con la CGT a fin de año y se empaquetaron en una sola ley, pero para nosotros no es de vida o muerte que sea una ley o varias leyes”, agregó el funcionario.

La idea, según afirman en la Casa Rosada, es que no habrá una ley de reforma laboral sino un conjunto de iniciativas, algunas vía acuerdos y otras vía leyes.

En el Ejecutivo creen que es importante avanzar durante en el primer semestre de 2018. Aunque no lo dicen abiertamente, el temor es que en la segunda mitad del año arranque de hecho la pelea por la elección presidencial del año que viene y la búsqueda de acuerdos se haga cuesta arriba. El no insistir con una ley amplia de reforma laboral busca además evitar un desgaste como el que sufrió el oficialismo con el debate de la reforma previsional.

Lo que sí hará el Gobierno
Hoy Peña insistió: “No hay una sola reforma, en la Argentina, que sea sacamos una ley y ya cambiamos el tema. Todo requiere trabajo, requiere diálogo, implementación y seguimiento y eso va a seguir haciéndose”.

“Lo que para nosotros es importante es que avancemos en un blanqueo laboral para que los trabajadores informales puedan ingresar al mercado formal; es de vida o muerte generar mejoras en el tema capacitación para que todos puedan incluirse, y queremos mejorar, por ejemplo, el régimen de licencias”, agrego.

Para lograr los cambios, en el Gobierno son conscientes de que necesitan el apoyo de todos los actores. “Lo que queremos hacer y lo queremos hacer dialogando con los sindicalistas, los trabajadores, los gobiernos y la sociedad, en general”, agregó el jefe de Gabinete.

“Si el título (de ‘reforma laboral’) evoca otros momentos que parece que pierden los trabajadores, volvamos a la mesa de trabajo y discutamos herramienta por herramienta. No tenemos un problema en eso, lo que no podemos aceptar es no debatir cambios en un sistema laboral injusto, desigual y obsoleto en muchos planos”, finalizó Peña.

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El gobierno defendió el decreto que generó polémica con gremios docentes

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El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, aseguró que el decreto oficial que modificó las pautas negociadoras nacionales entre los gremios docentes y el gobierno “no fue hecho contra nadie” sino que “ordena” y “pone blanco sobre negro” sobre “la confusión existente en relación con una paritaria nacional”, lo que fue rechazado por dos de las cinco organizaciones con representación en todo el país.

Los cinco gremios con representación nacional son la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), aunque hoy se expresaron en contra del decreto la Ctera, el Sadop y el bonaerense Suteba.

El Gobierno nacional difundió el decreto 52/18, publicado hoy en el Boletín Oficial, que ordenó “muchas cuestiones que generaban confusión y malentendidos en el anterior decreto reglamentario del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, como “la supuesta existencia de una paritaria nacional” docente, explicó el funcionario.

“Si el ex presidente Néstor Kirchner -que dictó el decreto reglamentario modificado hoy- hubiese querido la paritaria nacional docente hubiese hecho una ley al respecto”, afirmó Finocchiaro, quien aclaró que el nuevo instrumento “aclara y ordena” los temas de la negociación entre gobierno y sindicatos, que serán gremiales y no salariales.

La medida fue rechazada por Sonia Alesso, Roberto Baradel y María Lazzaro, jefes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y principal gremio bonaerense y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), respectivamente.

El Sadop fue el sindicato que con más énfasis la repudió, ya que según sus dirigentes el artículo 3 elimina de cuajo su participación en la paritaria con el Estado bajo el argumento de que existen cámaras privadas con las que ese gremio debe negociar.

La Ctera rechazó la decisión oficial de igualar la representación de los gremios nacionales en el ámbito de discusión -la norma anterior determinó la proporcionalidad- y Baradel lo juzgó “un absoluto mamarracho jurídico”, aunque Finocchiaro sostuvo que hay actores que “se creen el ombligo del mundo, pero el gobierno piensa en la gente y no en la reacción de las variables que tenga el kirchnerismo”.

Alesso adelantó que la Ctera denunciará al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que acudirá a la justicia por “esta medida absolutamente política”.

“Los privilegios de los que gozaron los gremios docentes durante el kirchnerismo no significa que deban mantenerse sin una base normativa”, dijo a Télam el ministro, quien defendió la proporcionalidad que estipulada en la representación negocial.

Para Finocchiaro, la Ctera ya “tenía decidido ir al conflicto, hubiese o no decreto”, y defendió la exclusión de lo salarial de la mesa de diálogo con los gremios nacionales porque “el Estado no abona un solo sueldo sino que lo hacen las provincias”.

El decreto ratificó el acuerdo firmado en 2016, cuando gobierno y gremios convinieron que el piso de discusión salarial debía ser “un 20 por ciento por encima del mínimo, vital y móvil”, aunque eliminó la posibilidad de la discusión federal que exigen los sindicatos.

El gobierno procura también un acuerdo anual de “un convenio marco” sobre condiciones laborales, calendario educativo y carrera docente, entre otros temas no salariales, según el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña; y los ministros Finocchiaro y de Trabajo, Jorge Triaca.

Baradel consideró “una aberración” el cambio de la representación gremial en la discusión con la Nación, tildó como “mamarracho jurídico” la decisión oficial de dejar afuera la discusión salarial y sostuvo que “la representación en la mesa paritaria es proporcional a la cantidad de trabajadores representados por cada organización”.

“Esto elimina la paritaria nacional porque se pretende quitar derechos a los trabajadores. El gobierno los desprecia, es autoritario e incumple los convenios internacionales. Los gremios rechazarán de plano un aumento salarial del 15 por ciento”, aseguró.

Mirta Petrocini, secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), aseguró a su vez que “no es posible borrar por decreto ámbitos de discusión y diálogo” e indicó que “esta sucesión de actitudes a pocos días de la paritaria genera un clima caldeado que no favorece un buen arranque”, porque “se demoniza a los docentes”.

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Economia

Schmid: “El 15% de las paritarias es una fantasía, no lo va aceptar nadie”

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“El 15% no pasa si no hay actualización por la inflación. ¿Por qué voy a creer en un programa económico que hasta ahora lleva un 70% de inflación acumulado en los dos años de gestión?”, afirmó Schmid.

En declaraciones a Infobae, el secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento consideró que “bajo ningún punto de vista puede ser ese” el techo de las paritarias.

“Cada mesa paritaria tiene su propia naturaleza, su característica. La CGT, en todo caso, lo que establece es una respuesta de orden político de que no podemos confiar en las pautas que da el Gobierno porque evidentemente ha fallado. Yo diría que cada vez demuestran menos confianza las declaraciones del Gobierno, cada vez tenemos menos confianza en lo que dice el Ejecutivo”, señaló.

Para Schmid, la situación “se soluciona, si se puede, a través del diálogo” pero advirtió que de lo contrario la CGT actuará “a través de las medidas que puede llevar adelante el sindicalismo argentino que es la confrontación a través de medidas de fuerza, de movilizaciones”.

También consideró que “obviamente tiene que haber una cláusula gatillo” porque “cuando uno se sienta en la mesa de tratativas lo que busca es no perder poder adquisitivo”.

“En los últimos dos años hubo pérdida de poder adquisitivo, algunos perdieron más que otros”, reconoció también el triunviro de la CGT.

Schmid indicó además que “bo es la legislación laboral la que impide el despegue económico o la llegada de inversiones” sino que hubo “errores enormes que se están cometiendo en materia social y económica” por parte del Gobierno nacional.

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