El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizará este miércoles la primera de las audiencias públicas programadas para analizar la revisión tarifaria de 2022, en el que el Gobierno prevé autorizar incrementos inferiores a la inflación prevista, con una segmentación según el poder adquisitivo de los usuarios.
La audiencia del 19 de enero, “se celebrará virtualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se iniciará a las 9 vía streaming”, indicó Enargas en su página web.
En ese primer encuentro, se pondrán en consideración las propuestas de las distribuidoras y transportistas.
Las empresas alcanzadas en esta instancia son las distribuidoras Metrogas, Naturgy Ban. Litoral Gas, Gas Cuyana, Gasnor, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gas del Centro, GasNea y Redengas, en tanto en la faz de transporte están TGS (Transportadora de Gas del Sur y TGN (Transportadora de Gas del Norte).
Posteriormente, el lunes 31 de enero, se prevé debatir los precios mayoristas del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
El interventor del Enargas, Federico Bernal, destacó el rol de las audiencias y sostuvo que “cuando lleguemos al final de este camino y tengamos ya una tarifa renegociada que sea justa, razonable y asequible, vamos a valorar estas audiencias como hitos fundamentales de expresión popular”.
Para la audiencia, Bernal designó como “defensor oficial de los usuarios y usuarias de gas” a Francisco Verbic, quien ya había ocupado la misma función en la audiencia anterior, de marzo de 2021.
Días atrás, el secretario de Energía, Darío Martínez, ratificó que el aumento en las tarifas de los servicios de gas y de electricidad se ubicarían en torno al 20% promedio.
Mientras que las empresas distribuidoras de gas natural anticiparon diferentes propuestas que implicarían actualizaciones del 76% al 119%, aunque en algunos casos se dan porcentajes diferentes para cargos fijos y variables, así como para grandes usuarios y residenciales.
Entre las distribuidoras que presentaron una propuesta tarifaria uniforme, Metrogas elevó un pedido de aumento del 76,23% para todos los usuarios y cargos, en tanto Litoral Gas propuso un incremento del 79%.
El incremento del 20% promedio previsto por el Gobierno, no se aplicará de manera uniforme entre todos los usuarios sino de manera segmentada según su capacidad económica, con criterios que aún no se terminaron de definir.
La discusión se enmarca en el objetivo del Gobierno de aplicar una reducción de los subsidios energéticos, que representan aproximadamente dos tercios del total de transferencias a sectores económicos, empresas públicas y fondos fiduciarios.
De acuerdo con el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Gobierno nacional prevé destinar este año $873.397 millones en subsidios a la energía (sin discriminar entre gas y electricidad), un 1% menos que lo destinado en 2021.
En base al esquema previsto, la revisión de los cuadros tarifarios vigentes comenzarán a aplicarse a partir del 1 de marzo, en el marco del proceso de transición que el Gobierno acordó con las empresas el año pasado hasta realizar una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI).
En la composición final de la tarifa, el costo representa alrededor del 12%, el precio del gas en boca de pozo explica el 32% del total, el margen de distribución el 31% y la carga impositiva alrededor del 25%, según el promedio ponderado de las distintas categorías en clientes residenciales.
Los pedidos que incidirían en Entre Ríos
En el caso de GasNea, concesionaria del servicio en gran parte de Entre Ríos y de otras provincias de la Mesopotamia como Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, elevaron dos propuestas de modificación de tarifa.
Contemplando la modificación de los costos en más de dos años debido a que desde mediados de 2018 no se aplica la adecuación semestral tarifaria correspondiente a las normativas vigentes -en ese período hubo dos actualizaciones transitorias, en 2019 y en 2021- planteó dos escenarios alternativos: en uno de ellos el impacto final en la tarifa de los usuarios no supera el 20%, ya que van desde 19,46% en la categoría de clientes residenciales R1 o del 15,31% y el 15,97% en R2 y R3, en comercios el 10,89% en SGP1, por ejemplo, o el 19,16% en entes de bien público (EBP1).
El otro cuadro propone entre un 20% y un 25% en promedio en las distintas categorías.
Por su parte, Redengas SA, subdistribuidora prestataria del servicio a más de 55.000 hogares paranaenses, hizo en su escrito un repaso de sus 32 años, en los que apuntó que 15 años fueron gestionados bajo las condiciones impuestas por la Ley de Emergencia Económica. En ese sentido, argumenta que desde 2000 a 2012 se mantuvieron en los mismos valores, y “recién allí se aplicaron ajustes parciales que fueron claramente insuficientes para recuperar el poder adquisitivo de los ingresos necesarios para reponer y mantener el nivel de inversiones requerido y para ejecutar desde la empresa un nivel de servicio adecuado”.
Luego de período de ajustes retomado, Redengas recordó: “En abril de 2019 se efectuó el último ajuste autorizado de acuerdo con la normativa vigente, por lo que la falta de actualización de los ingresos de nuestra empresa alcanza el 180%”.
Menciona el incremento durante los últimos dos años y medio del 200% en los combustibles, y del 132% en la cotización del dólar, “moneda en la que cotiza la mayor parte de los insumos con los que trabaja la empresa. En tanto que el ajuste tarifario autorizado en este período -en junio de 2021, de carácter transitorio- fue del 20%”.
Y tras hacer referencia a “la situación financiera de la empresa afectada por la combinación de falta de actualización tarifaria, sobreestimación de los volúmenes considerados para el cálculo de la tarifa, el aumento de los índices de mora y un significativo aumento de los costos de operación e inversión por efectos de la inflación”, propone un cuadro tarifario “cuyo impacto en la factura final de un usuario residencial promedio, sin considerar variaciones en el gas ni en el transporte, sería de aproximadamente 40,5% respecto de la tarifa vigente, lo cual representa un incremento promedio total final en la factura de aproximadamente 562 pesos más impuestos por mes”.
La intención es que las subas sean aplicadas a partir de marzo.
Las solicitudes formalizan reclamos por actualizaciones que oscilan entre el 75% y el 85%, aunque de esos porcentajes aproximadamente un tercio se traslada al precio final de las facturas que reciben los usuarios.
La composición de las boletas determina el costo final de las tarifas a cada uno de los clientes: incluye rubros como el costo de transporte y distribución, el precio del gas y los impuestos. Además, para la facturación y la aplicación de los conceptos tarifarios hay ocho categorías, según rangos de consumo.