Tras la jornada de debate del viernes 4, este martes 8 hubo una reunión en el Ministerio de Gobierno encabezada por su titular, Rosario Romero, de la que participaron además Larrarte; Lara; Ángel Giano y Juan Navarro, presidentes de las bancadas justicialistas en senadores y diputados, respectivamente, y el juez Elvio Garzón.
Allí se analizó el proyecto del Ejecutivo que ingresó por la Cámara alta “sobre la base de aportes expuestos en las jornadas que se llevaron a cabo este viernes”, informó Romero a través de su cuenta de Twitter.
“Estuvimos analizando la jornada y las exposiciones que se hicieron sobre el proyecto para incorporar algunas cuestiones al texto. Entendemos que hubo planteos interesantes que merecen ser atendidos para aportar claridad al texto de la norma y para mejorarla en su posterior aplicación práctica”, detalló Larrarte ante la consulta de esta Agencia.
Lara, en tanto, destacó que a diferencia de lo ocurrido hace una década (cuando otro proyecto de ley de juicio por jurados no prosperó), ahora existen los consensos y acuerdos políticos que permitirían aprobar la iniciativa que impulsa el gobernador Gustavo Bordet. Detalló que se registra una “mirada propositiva” de todos los sectores, más allá de que existen distintas posiciones sobre temas puntuales.
Esta tarde a las 16, legisladores de todas las bancadas se reunirán para avanzar en la discusión. La intención del oficialismo es que el texto salga discutido del Senado y su paso no se trabe en Diputados, indicó Lara a APFDigital.
En detalle
El justicialismo está dispuesto a aceptar cambios en la redacción del proyecto para lograr el segundo objetivo que Bordet les impuso a sus legisladores: que tenga respaldo y consenso político entre oficialismo y oposición.
Dos elementos se perfilan como los más importantes para el oficialismo en este debate: sostener la obligatoriedad y un cálculo de pena en abstracto con piso en los 20 años.
Sobre la primera cuestión, Lara indicó: “Nosotros tenemos una posición que coincide con la opinión del Dr. Horacio Rosatti (Ministro de la Corte Suprema), quien sostiene que el juicio por jurados es una facultad de las provincias para diseñar su sistema de enjuiciamiento y que debe entenderse como un derecho de la sociedad”. La visión contrapuesta es que ser juzgado por este sistema constituye un derecho del enjuiciado, lo que lo torna voluntario.
En referencia al cálculo de la pena, Larrarte anticipó que no habrá cambios y Lara detalló que se buscará una mejor redacción para precisar a qué se apunta.
Durante el debate del viernes, hubo varias propuestas para ajustar este apartado, ya que una acusación con varios delitos en concurso real llevarían el caso ante un jurado, mientras que la intención del proyecto es que este mecanismo sea para crímenes graves. Una de ellas fue establecer taxativamente qué delitos tipificados en el Código Penal estarían comprendidos. Otra, fue que se tome como parámetro el pedido de pena de Fiscalía.
Pero el oficialismo apunta a sostener la propuesta.
La idea de poner artículos determinados del Código no cierra porque cualquier modificación a la ley nacional desacoplaría la legislación provincial, según consignó Lara.
“Vamos a mejorar el artículo, para que cuando se hable de concurso (real) de delitos quede en claro que al menos uno de ellos debe tener una pena cuyo máximo, en abstracto, sea igual o superior a los 20 años de prisión”, consignó.
Lara adelantó también que se solicitarán más datos estadísticos al Poder Judicial para evaluar con precisión cuántos juicios por jurado por año podrían registrarse en función de las cláusulas del proyecto. Según los cálculos iniciales, no deberían ser más de 15 ó 20, pero una estimación del Defensor General, Maximiliano Benítez en función de las causas que se tramitaron en la primera mitad del 2019, llevó la proyección a 39 sólo en ese período.
• Unanimidad
El juicio por jurados es hoy “una corriente que se viene abriendo paso en el concierto de las provincias, en muchas de ellas se está debatiendo y en otras ya es ley”, describió el diputado provincial. Esto implica que las resistencias que existían “ya no están”, agregó.
“Que la mayoría de los estamentos de los operadores jurídicos del sistema penal tenga una mirada propositiva a este instituto, no es un tema menor. Por supuesto, habrá matices y visiones diferentes en cuanto a la técnica del proyecto o a algunos aspectos que no permitirán lograr un acuerdo unánime. Tendremos que trabajar en los consensos, pero no creo que lleguemos a la unanimidad. La mayoría de los bloques legislativos quiere avanzar con este proyecto”, puntualizó.
Lara estimó que este escenario puede favorecer que el proyecto se apruebe en los 60 días que le quedan a la actual composición de la Legislatura. “Hay voluntad política del Gobernador”, remarcó por último.
Fuente: APFDigital