El gobernador Omar Perotti consiguió que Diputados, con mayoría progresista, le apruebe el nuevo Consenso Fiscal que reemplaza al de la era macrista y le permite subir impuestos. Sin embargo, el megaproyecto de emergencia y la reforma tributaria se seguirá discutiendo en los despachos de los Senadores y se podría tratar el viernes o lunes próximo.
El grupo de senadores, liderados por el sanlorencino Armando “Pipi” Traferri, impulsaron una serie de modificaciones al paquete de leyes de emergencia y aumentos impositivos enviados por el Ejecutivo provincial en medio de las tensiones que este sector viene acumulando con el nuevo gobernador.
El panorama en la Legislatura para el oficialismo no es simple. Mientras que en Diputados, el Frente Progresista cuenta con 28 de las 50 bancas y el PJ tiene un bloque de apenas siete legisladores, en el Senado la pelea con Traferri le dificulta a Perotti avanzar en leyes claves como en este caso donde los integrantes rebeldes de la Cámara Alta habían preparado un memo de 26 páginas con modificaciones a los proyectos originales.
Sin embargo, Perotti no da el brazo a torcer y en la Legislatura creen que Marcelo Saín, ministro de Seguridad, es quien lleva adelante la embestida para disciplinar a la tropa. Una de las cartas que jugó Saín fue la de intervenir la Unidad Regional de San Lorenzo, el territorio que gobierna Traferri.
Un papel similar tuvo el ministro de Seguridad cuando fue secretario de la misma cartera en Provincia de Buenos Aires contra los intendentes a quienes acusó de ser cómplices de las bandas narco y lo obligó, tiempo después a renunciar al cargo.
A su vez, los senadores sospechan que detrás de la viralización de un video muy bien editado dando cuenta de presuntos usos indebidos de subsidios para beneficios propios, fue obra de consultoras vinculadas a la campaña de Perotti.
Lo cierto es que mientras se aguardaba la discusión del proyecto impositivo en el Senado, que no se pudo zanjar durante la tarde; los diputados, a instancias del presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, decidieron abordar el Consenso 2019.
Cambiemos, de la mano de Julián Galdeano, votó de manera negativa; lo propio hizo Amalia Granata, del bloque Somos Vida. Ambos sostuvieron que el nuevo modelo “vuelve a poner presión tributaria al contribuyente y atacan al federalismo” pero el acompañamiento del resto de los bloques fue suficiente para que Perotti logre la adhesión.
“Pasamos la primera prueba”, respiraba profundo un legislador del peronismo al terminar la sesión en la Cámara donde habrá actividad al menos hasta la jornada de mañana aunque no descartan que la discusión por las leyes de emergencia y aumentos impositivos se postergue al próximo lunes.
“El socialismo va a garantizar la gobernabilidad”, adelantó el diputado Fabián Bastía, vocero del bloque, al anticipar el voto positivo a la norma. Para lograr el respaldo, impuso modificaciones tendientes a mantener el espíritu del debate legislativo para abordar las cuestiones fiscales y la estabilidad de las cuentas de la Provincia. Con los números puestos, Busatto agradeció el “gesto político” del Frente Progresista, pero se abstuvo de acompañar las enmiendas.
Los puntos clave de la reforma tributaria consisten en un fuerte aumento en la alícuota de Ingresos Brutos para las 18 empresas cerealeras ubicadas en Santa Fe que subiría del 0,25% al 2% mientras que los bancos pasarían a pagar un el 7 por ciento. Además, implica un incremento del Inmobiliario de entre el 10 y el 40% y subas de la Patente Automotor e impuesto sobre Sellos.
Aunque la cordialidad reinó a fin de la actividad, la mañana en la capital santafesina había comenzado con acusaciones cruzadas entre peronistas y socialistas ante la presencia de dos Ministros que concurrieron a explicar las distintas iniciativas propuestas por la Casa Gris. El Frente Progresista decidió no participar de la reunión informativa encabezada por el Ministro de Hacienda Walter Agosto y su par de Gobierno, Esteban Borgonovo.
En paralelo, citaron a una conferencia donde se despacharon contra el paquete de medidas elevado por el Ejecutivo. “En Santa Fe no queremos superpoderes”, vociferaba el diputado socialista Joaquín Blanco; su compañero de bancada Maximiliano Pullaro también fustigó el proyecto de emergencia en Seguridad.
El justicialista Leandro Busatto desmentía: “El gobierno debe tener solvencia para hacerse cargo de sus obligaciones. Nadie está pidiendo un cheque en blanco”.
Más allá de las opiniones, el socialismo adelantó que “el compromiso del Frente Progresista es estudiar seriamente estos temas, pero sin pretender un tratamiento express”. El radical Oliver deslizó que la UCR podría aportar el apoyo a la Ley de Emergencia.
Ya en los pasillos de la Legislatura, desde el peronismo chicanearon al socialismo. “No gravaron a los grandes durante su gobierno. Parece que no quieren cobrarle a los que más tienen”.