Los gobiernos provinciales enfrentan una serie de problemáticas que los sitúan en un lugar común. Incómodo.
La incomodidad de despertar cada mañana con un foco de conflicto en ciernes con el sector público. El dinero es escaso para atender las demandas de los gremios estatales, prestar servicios y planificar un futuro distinto. El gobernador Rogelio Frigerio es uno de ellos.
Más allá de expresar su acompañamiento y coincidencias con el norte trazado, a grandes rasgos, por el Presidente Javier Milei, el mandatario de la tierra de Urquiza se ve en la obligación de recurrir, como nunca antes se hizo, a los estrados judiciales para que el poder central envíe los recursos que por naturaleza jurídica le son propios a todos los entrerrianos.
La escasez de recursos, profundizada por la caída de consumo y actividad económica, complejiza aún más el escenario para el mandatario entrerriano.
Tanto el consumo como la actividad económica doméstica reportan recursos pecuniarios a los estados mediante la distribución de las percepciones imponibles desde el estado nacional y en menor medida por los organismos de recaudación municipal y provincial.
Hoy, casi toda la energía está puesta en resolver la coyuntura y apelar a la conciencia de los entrerrianos para transformar la lógica de una forma de gobierno con el foco puesto en el sector estatal y destinar parte de esa energía a los sectores privados que puedan garantizar el desarrollo sin dependencia del estado. El desafío es ser distintos, cambiar.
Frigerio apoyó en líneas generales, con matices en defensa de la economías regionales, la ley bases con la que Milei pretende transformar la economía nacional.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue uno de los apartados dentro de la ley Bases que se aprobó.
Se trata de un régimen que diseñó el Gobierno para atraer grandes inversiones extranjeras o locales para intentar concretar la salida exportadora que implica, entre otros beneficios, otorgar estabilidad cambiaria, financiera y aduanera por 30 años.
Pero esas inversiones, por su volumen, no encuentran atractivo en la provincia de Entre Ríos.
A partir de esa lectura, el gobierno provincial intenta darle forma a una modalidad similar pero con características que hagan atractiva la inversión en esas pampas.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos ingresó la iniciativa del Ejecutivo que pretende adherir al RIGI y crear el RINI (Régimen de Incentivo para Nuevas Inversiones). Con esta última herramienta, la administración de Frigerio intenta promover la radicación de capitales en el distrito. La meta es transformar el perfil productivo entrerriano.
Las empresas registradas en el RIGI y en el RINI tendrán 100% de exención impositiva en impuesto de sellos y tasas.
El régimen provincial es, en rigor, una ampliación de la ley de promoción y desarrollo industrial vigente. Por eso habrá también desgravaciones en ingresos brutos, impuesto inmobiliario y automotor.
Pretende tentar a inversores, se propone darle una vigencia de 15 años al esquema que tomó estado parlamentario y habilita al Ejecutivo a prorrogarlo por cinco períodos.
Dentro de los rubros a impulsar con el esquema RIGI – RINI figuran el sector fabril, el turismo y las industrias culturales.
Frigerio imagina un futuro donde el empleo privado supere al dependiente del estado. Hoy, más del 50% del empleo lo cubre el estado en todas sus formas y una parte importante de entrerrianos se encuentra con dificultades para sostener o encontrar empleo privado.
Una lógica que pretende transformar, aseguran desde su entorno. “Lo desvela el desarrollo productivo”, dejan saber quiénes intercambian conceptos a diario con el mandatario.
Los beneficios de la adhesión al régimen se extenderán a personas físicas y jurídicas que realicen nuevas inversiones o amplíen una ya existente.
Sin embargo, el camino no será sencillo. Hay fragmentos políticos que intentan entorpecer el debate parlamentario sobre la iniciativa doméstica del régimen de incentivos.
Las complicaciones podrían aparecer cuando pase al Senado ya que la cámara de origen (Diputados) por cláusula de gobernabilidad otorga mayoría al ejecutivo de turno.
En el Senado, el oficialismo está en minoría. Si bien la bancada justicialista ha acompañado al Gobierno en las votaciones de proyectos claves para la gobernabilidad, en este punto parece no estar de acuerdo. La política se mezcla con los intereses electorales. Algo con lo que tendrá que lidiar el oficialismo si pretende transformar la provincia cuyo máximo empleador es el sector público y generar oportunidades de crecimiento de demanda de empleo en el sector privado.