En la primera línea de la Justicia provincial evalúan que la actuación que mostró Fiscalía durante la etapa de los alegatos y al pedir las penas en el “Megajuicio” echa por tierra las acusaciones vertidas por la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche contra el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo luego de que se conociera la apertura de un jury en su contra por mal desempeño de funciones, según pudo establecer APFDigital.
Una fuente de primera línea de la Justicia provincial destacó que a pesar de los planteos de la fiscal Goyeneche “no hubo ninguna presión de los magistrados ni de los vocales del Superior Tribunal sobre el desempeño de los fiscales”, por lo que las acusaciones de la suspendida procuradora adjunta quedaron “desacreditadas”.
“Patricia Yedro; Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull tuvieron amplia libertad para exponer su caso durante tres extensas jornadas. Además, la magnitud de las penas solicitadas al Tribunal que incluyen 12 años de prisión para un ex gobernador (Sergio Urribarri) y 10 años para un ex ministro (de Comunicación, Pedro Baez) habla a las claras de que no hubo ningún tipo de cortapisa en el accionar del Ministerio Público Fiscal”, mencionó este operador judicial con acceso directo a las oficinas del segundo piso de Tribunales.
“¿Hubo afectación al proceso? No ¿Hubo coacción a los fiscales? No. La causa ¿Tuvo un transcurrir o un desenlace diferente al que podría haber tenido? No ¿Pudieron los fiscales explayarse y pedir las penas que quisieron? Sí”, remarcó el operador judicial.
“Entonces – concluyó – el planteo de la Dra. Goyeneche referido a que la apertura del Jury buscaba perjudicar la marcha de las audiencias del «Megajuicio» ha quedado totalmente desacreditado, desmitificado”.
Por otro lado, destacó que tampoco hubo afectación a la investigación de la causa que investiga el presunto desvío de fondos de la Legislatura a través de contrataciones ficticias. Y recordó que la procuradora adjunta no fue sacada de esa investigación por la suspensión que ordenó el Jurado de Enjuiciamiento, sino por una decisión anterior de su superior, el Procurador General Jorge García.
La medida fue tomada luego de que Goyeneche quedara embargada por el condominio de propiedades con uno de los imputados en la causa “Contratos”, el contador Pedro Opromolla. La coordinación de la causa pasó entonces a manos de la fiscal Mónica Carmona, a quien en la magistratura consideran una “mujer de paja” dado que entienden que, en las sombras, Goyeneche siguió manejando los hilos y los tiempos del legajo de investigación.
Fuente: APFdigital