Reportaje en Palabras Cruzadas de Radio de la Plaza a Luis Erro
El actual Subsecretario de gestión de registros y seguridad privada del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y ex Intendente de Gualeguay, Luis Alberto Erro, cuestionó el accionar del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos por su proceder en una causa en la que fue imputado por la presunta comisión de un ilícito vinculado a la prestación de un servicio eléctrico para un acto político durante la gestión como Intendente de Gualeguay.
El organismo que conduce el Doctor Jorge García fue hasta la Corte. Primero lo intentó a través de un recurso extraordinario interpuesto por la entonces procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, que fue rechazado; y luego por un recurso de queja. El máximo órgano de justicia del país lo rechazó en un párrafo: “El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, resulta inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa”, dice la Corte con la firma de los cuatro supremos ante la presentación de García.
En esos términos, el máximo órgano de justicia del país, instancia donde el MPF interpuso un recurso de queja, rechazó el citado en la causa que lo tuvo imputado más de una década por un caso “insólito”, según la calificación del propio Erro en declaraciones al Programa Palabras Cruzadas de Radio de la Plaza.
El presunto daño al erario público, al momento de haberse cometido el hecho el 17 de abril de 2009, era menor. Por los 30 minutos que había durado el acto no llegaba a siete pesos.
Erro fue condenado en octubre de 2016 a dos años y tres meses. La sentencia la confirmó la Cámara de Casación Penal de Paraná en 2017, y, en abril de 2019 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) la revocó y absolvió.
A raíz de ello, Erro debió abandonar un cargo público que ocupaba en el Gobierno Provincial.
El actual funcionario del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires adjudicó el impulso de la causa a diferencias internas con el ex Diputado Hernán Vittulo, quién sería, según lo narrado por Erro “amigo del procurador” García.
“Estuve en la parrilla” durante diez años por una causa insólita, lamentó.
Más adelante denunció que personas vinculadas al ex intendente y senador (MC), José Salim Jodor, impulsaron la denuncia.
Luego, Erro mensuró el costo para el fisco en la causa por los siete pesos (equivalente a un dólar). Al fisco la tramitación del caso le salió más de 150 mil dólares, estimó.
Del salario que establecía la normativa municipal devolvía 900 pesos todos los meses (Cien dólares) y me llevaron a juicio por un gasto, autorizado por el órgano de contralor provincial (Tribunal de Cuentas), de un dólar.
Finalmente, el funcionario del Ministerio bonaerense que conduce Sergio Berni adelantó que, en principio, no accionará judicialmente para obtener un resarcimiento económico por el daño ocasionado a su persona y su grupo familiar. Tampoco lo descartó de plano.