Expectativa por la decisión de la justicia sobre el pedido del gobernador Omar Perotti para intervenir Vicentin

El juez Fabián Lorenzini deberá responder al pedido que, según el gobierno, podría quitar del escenario la posibilidad de expropiación. Hoy se reúne el mandatario santafesino con los dirigentes de la Mesa de Enlace provincial. La empresa Vicentin se defendió de las denuncias y acusaciones en su contra

Mientras los directivos de Vicentin salieron a desmentir ayer por la tarde un supuesto acuerdo con el gobierno de Santa Fe para que se avance con una intervención mixta, se espera para las próximas horas un pronunciamiento del titular del Juzgado Civil y Comercial de la 2° Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, en relación al pedido de intervención judicial de la empresa presentado por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe.

En la presentación realizada por el gobierno de Santa Fe, hubo críticas a la decisión del juez del viernes pasado de reponer el directorio de la compañía agroexportadora: “La resolución es un conjunto de contradicciones, confunde conceptos jurídicos y contiene valoraciones infundadas”, manifestaron.

Por otro lado, denunciaron que los directivos de la empresa “demostraron ineptitud, están sospechados de ilícitos y desde el comienzo del año vienen realizando maniobras de vaciamiento patrimonial. Es por eso que pedimos la intervención judicial que garantiza la transparencia”. A todo esto, Máximo Padoan, director de Vicentin, dijo en declaraciones a Infobae: “El plan de Perotti es mucho peor que el DNU de Alberto Fernández”.

Luego que el Juez Lorenzini decidiera el viernes pasado reponer en sus funciones a los directivos de Vicentin y darle carácter de veedores a los interventores de la empresa designados por el gobierno nacional, ayer intimó a Yanina Boschi, Pedro Vicentin, Alberto Macua y Roberto Gazze, como integrantes del directorio de la compañía, para que presenten una caución juratoria con justificación de solvencia en 48 horas.

Además, en las últimas horas se presentaron dos acreedores de Vicentin, que le vendieron granos a la empresa, para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020, que fue implementado hace dos semanas atrás por el gobierno nacional para intervenir la empresa instalada en el norte de Santa Fe.

Según informó el portal Agrofy News, la presentación fue realizada por el estudio de los abogados Hernán A. Martínez y Hernán J. Martínez, que representan a Delfino Carlos Porporato y Cia SRL y C&B Commodities SRL, dos acreedores que le vendieron granos a Vicentin, con deudas de $28 millones y $46 millones, respectivamente.

A su vez, los integrantes de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara), y del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, San Javier y General Obligado, elevaron al Juez un petitorio para que se haga lugar al pedido de intervención judicial presentado por el gobierno de Santa Fe.

En el escrito presentado por los gremios, advirtieron que los directivos repuestos por el juez “han llevado a la empresa a esta gravísima situación que pone en peligro la continuidad laboral de nuestros representados, y que han organizado y construido el entramado societario para ocultar la conformación del grupo económico”.

Más allá de la situación judicial, hoy los integrantes de la Mesa de Enlace de Santa Fe mantendrán desde las 13 una reunión con el gobernador, Omar Perotti y su ministro de la Producción, Daniel Costamagna. El encuentro se realizará por videoconferencia y durante el mismo los representantes de la producción pedirán explicaciones a Perotti sobre los motivos que lo llevó a pedir la intervención judicial de Vicentin.

La defensa de la empresa

En un paper que circuló ayer, la empresa Vicentin reconoció que la deuda actual con el Banco de la Nación Argentina alcanza los USD 290 millones, “pero no es un préstamo puntual sino una línea de crédito, que vino acompañando el crecimiento de la empresa. Es el único banco al que se le dieron garantías que ningún otro banco tiene, entre ellas, una cesión de cobranzas por la que el Banco Nación está percibiendo fondos”, explicaron desde la empresa.

Y agregaron: “Somos una empresa endeudada en dólares que no sólo fue afectada por las devaluaciones de nuestro peso, sino por los intereses y comisiones de las distintas refinanciaciones. El Banco Nación representa un 25% de la deuda bancaria de Vicentin, pero por sus cuentas pasaba más del 60 % de las liquidaciones de cambio, cobrando importantes comisiones. Las decisiones de aumento de línea fueron avaladas por el crecimiento, igual que en cualquiera de los acreedores privados o multilaterales (CFI, FMO, Rabobank, etc)”.

A su vez, dijeron que la denuncia presentada en la Justicia contra las anteriores autoridades del Banco, “son totalmente infundadas, por cuanto las líneas se renuevan anualmente y tienen una extensión de hasta 15 meses. La línea de Vicentin de USD 300 millones fue aprobada en abril de 2018, representando $6.000 millones a una cotización de $20 por dólar. A ese momento encuadraba perfectamente en la normativa del BCRA y era absolutamente lógica con la actividad de Vicentin (USD 3.500 millones de ventas anuales). Luego de la devaluación de agosto/18 el monto en pesos se duplicó y en agosto/19 alcanzó los $ 18.500 millones”.

“Por efecto de esas mismas circunstancias, para abril/julio de 2019 la línea excedía en USD 30 millones las reglamentaciones de Banco Central y la línea del Banco no podía renovarla sin tomar medidas. Mientras tanto los préstamos vencían y se iban renovando con los fondos de cobranzas que pasaban por el Banco. De no haberlo hecho así se hubiera adelantado la situación de insolvencia. El Banco Nación consultó al Banco Central posibles medidas para lograr el encuadramiento sin cancelación dada la situación de la cosecha. Se ofreció Seguro de Crédito a las Exportaciones, garantía hipotecaria sobre la Planta Ricardone. El Banco Nación se reunió con autoridades de COFACE y se realizaron valuaciones de las planta de Ricardone y Etanol de Avellaneda”, dijeron.

También aclararon: “Si los distintos directorios de la empresa de los últimos años deben arrepentirse es de haber invertido tanto con deuda en dólares, pero fue la única forma que encontramos de hacer crecer el complejo. Las pérdidas del 2018/19, las corridas por distintos motivos (devaluaciones, retiros de depósitos, rumores de cambio de retenciones, etc.) nos impidieron cerrar la renegociación de deuda que ya habíamos iniciado con ciertos bancos internacionales y locales. Al Banco Nación se le había ofrecido un nuevo paquete de garantías hipotecarias y con los bancos internacionales se habían iniciado conversaciones para postergar los vencimientos agregando también garantías hipotecarias sobre otros activos”.

La defensa de la empresa II

Sobre las denuncias de supuestas triangulaciones y fuga de dólares de la empresa, desde Vicentin sostienen que es “un relato injustificado y explicado por el sector en distintos foros hasta el cansancio. Vicentin opera en un mercado en competencia con sociedades multinacionales, que no sólo operan en el país, sino que tienen estructuras en prácticamente todos los países del mundo. En este contexto las denominadas despectivamente cómo ´triangulaciones´son normales y corrientes”.

“Es común que una multinacional Argentina venda a una multinacional Extranjera, ubicada en cualquier país de colocación de la mercadería o en la Unión Europea (gran centro de comercialización de cereales y oleaginosos). Eso no está mal por cuanto la multinacional extranjera asume costos y riesgos, que la multinacional Argentina no está dispuesta o en condiciones de asumir por distintas razones. Para esto los distintos países y la Organización Mundial del Comercio crearon normas de Precios de Transferencias, destinadas a fiscalizar las operaciones entre vinculadas, de manera que no se tributen impuestos en países que tengan reglas fiscales más convenientes”, aclararon.

Vicentin no es una multinacional, pero compite en ese mercado y ha intentado internacionalizarse con casos muy puntuales, con sucursales en Uruguay, Paraguay y en España. “Ninguna de estas sociedades fue creada para evadir impuestos o fugar divisas y sus libros y cuentas están abiertos a toda explicación que requiera la Justicia”, señalaron.