Este lunes 5 de junio, dirigentes de la Federación Agraria de Entre Ríos se reunieron para analizar la difícil situación de los pequeños y medianos productores de la provincia, cuando los números del impacto de la sequía “van desnudando una situación extrema”.
Según informaron, se mantiene el estado de alerta y movilización y se convocó a una asamblea general a todas las entidades de base para el próximo 8 de julio en la ciudad de San Salvador.
Desde la entidad, señalaron que las medidas adoptadas por el gobierno provincial para ayudar el sector han sido “tibias, muchas incluso con aportes de recursos nacionales de la emergencia del año, que hasta la fecha no se han concretado, a pesar de las extremas condiciones que viven los productores entrerrianos, por la enorme burocracia existente que no permite que el chacarero tenga acceso a las escasas medidas que se han tomado en materia de ayuda”.
Asimismo, expresaron que “hasta ahora, tampoco el sector financiero ha dado respuestas que estén a la altura de la crisis. Siguen las restricciones para el financiamiento, como lo son las comunicaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que castigan y discriminan al agricultor, a tal punto que la tasa usuraria que se cobra, en emergencia o desastre agropecuario, es del 114 % anual”.
Emergencia agrícola
Ante este complejo panorama, la Federación Agraria Entre Ríos solicitará que el plazo de la emergencia agrícola en la provincia se extienda por 12 meses más, hasta el 30 de junio de 2024, atento que la capacidad productiva de los productores, recién desde la próxima cosecha gruesa, tendrá una mínima recuperación.
Y ratificaron el estado de alerta y movilización, convocando a la Asamblea General para el próximo 8 de julio en San Salvador.