El listado que la AFI entregó contiene los datos de un centenar de funcionarios de primera línea del gobierno de Mauricio Macri y también de la ex mandataria bonaerense María Eugenia Vidal a quienes se les proveyó del equipamiento. También está incluido el nombre de Daniel Angelici, el presidente de Boca Juniors. Además, figura Rogelio Frigerio, como ministro del Interior de la administración Cambiemos y Sebastían García de Luca, Segundo en el ministerio.
El aparato asignado al ahora diputado nacional por Juntos por Entre Ríos figura sin número de IMEI (International Mobile Station Equipment Identity, en inglés) un código de 15 dígitos pregrabado por el fabricante para identificar cada equipo móvil a nivel mundial.
Esta mañana, a través de un extenso hilo en Twitter, el presidente Alberto Fernández llamó la atención sobre esta situación e informó que instruyó a la AFI para que vuelque en la Justicia toda la información necesaria.
“La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”, sostuvo el mandatario.
“A partir de la nueva información quisiera recordar: al inicio de la gestión denunciamos la existencia de mas de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”, indicó.
La investigación judicial federal a la que hizo referencia Fernández es la iniciada a raíz de la aparición de un video en el que se observa a varios funcionarios del gobierno bonaerense de Vidal, empresarios, integrantes de la Justicia y operadores políticos planificando mecanismos para perseguir con herramientas judiciales y legales prearmadas a dirigentes políticos y sindicales.
En ese encuentro, el ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, confesó que le gustaría crear una “Gestapo” para perseguir a gremialistas y opositores.
“¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?”, se preguntó el Presidente de la Nación en otro tramo del posteo.
“Esas preguntas exigen una respuesta. El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”, agregó.
“Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos”, reclamó.
“He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”, concluyó.