En estos 40 años de democracia la defensa nacional ha sido lamentablemente relegada. Primero, como reacción ante el gobierno dictatorial que la antecedió. Después, por imperio de una ideología tan absurda como excepcional en el mundo. Finalmente, por haber otras prioridades en el marco de famélicos recursos y elefantiásicos gastos fiscales. Decimos absurda y excepcional porque una rápida panóptica muestra que sea de izquierda o derecha, de arriba o abajo, a la defensa no la margina nadie en este planeta.
Nuestra nación tiene un programa escrito en 1853. Es el Preámbulo de la Constitución. Expone seis objetivos. Uno de ellos, la defensa común. Han pasado 170 años y todos están relativamente incumplidos.
Son las asignaturas que nos llevamos a marzo. Lo peor es que no sabemos de qué año. Más grave: se discute por caso si uno de los objetos del Preámbulo –”afianzar la justicia”– requiere un poder autónomo como lo establece la ley fundamental o habría que devenirlo oficina administrativa del Ejecutivo. También se pone bajo análisis si existiendo paz regional necesitamos Fuerzas Armadas, apuntando a un desopilante desarme unilateral, tan incondicional como inédito en la historia
contemporánea.
La defensa es condición necesaria, aunque no suficiente, para que la Argentina disfrute de paz interior, promueva el bienestar general y asegure los beneficios de la libertad a sus habitantes, para decirlo con las palabras del Preámbulo. La defensa no es agresiva, sino disuasiva de la eventual agresión.
Preparándose para una buena defensa se evita el conflicto abierto. Diferendos, desde llevaderos hasta los de alta tensión, siempre existieron y existirán. Las tiranteces son consustanciales a la vida de los Estados. Cualesquier período histórico, en cualquier latitud y tiempo prueba que el desenvolvimiento de los Estados va desde serios entredichos hasta conflagraciones graves.
Es hora de volver a tener defensa nacional. La defensa también está en el radar del cambio ineludible. Comienza por el principio: la recuperación del salario militar con el doble fin de jerarquizar a los miembros de las fuerzas y de retenerlos para la defensa. Hoy, personal excelente y costosamente formado es atraído por fuerzas de seguridad o la actividad privada como resultado de la degradación remunerativa que experimenta. Cierto es que recientemente se ha comenzado a revertir esta situación. Se debe seguir en el camino de la jerarquización salarial. Otra área clave es la ley de personal militar.
Rige un decreto ley de 1971 que reclama actualización. Hay elevado consenso político para esa actualización, pero se producen inexplicables dilaciones. Igualmente, la defensa reclama una moderna ley de reservas, incluso para atender emergencias, catástrofes y otros desafíos. Es menester ampliar la competencia de las Fuerzas Armadas en materia de agresiones externas, ya que el mundo actual exhibe incontrovertiblemente que las amenazas no son solo de Estados extranjeros. Debe volverse, en última instancia, a la ley original sancionada con consenso casi unánime en tiempos de Alfonsín, derogándose el decreto, ideológico y limitante, de Néstor Kirchner. Se deben restaurar las capacidades en tierra, aire y aguas. Blindados para el Ejército, en acuerdo con Brasil para incorporar trabajo argentino al Guaraní. Para la defensa aérea, ante el ridículo veto británico pasados 41 años de la guerra, habrá que negociar con EE.UU. para que el F-16 venga con su sistema de armas. Las opciones son varias, algunas geopolíticamente complejas. Sea con Francia o con Alemania, debemos restablecer la capacidad submarina –obviamente, con paulatina transferencia tecnológica y trabajo local – y controlar el Mar Argentino incluyendo hasta la milla 350 y comprometiéndonos para la protección del ecosistema en alta mar, es decir, en el océano abierto. Este reguardo de los espacios marítimos inexorablemente necesita poder de patrullaje con asistencia aérea y monitoreo terrestre. Con Brasil ya es momento de instalar el Estado Mayor Combinado. Quizá sirva de modelo estimulante cómo los países escandinavos acaban de unificar sus fuerzas aéreas. Se debe contemplar una forma más intensa de cooperación con la OTAN. Pero para ser socios tendremos que fortalecer nuestra defensa nacional.
Para el reequipamiento, el Fondef es un buen instrumento que deberá reforzarse en materia de recursos y controlarse para que no se asignen partidas provenientes de él que no sean estrictamente para reponer
capacidades militares. Los ejercicios con fuerzas de países aliados y amigos son una inmejorable oportunidad para la camaradería, para el entrenamiento y hasta para la diplomacia militar, un auxiliar inesperado para la política exterior.
Integrar las misiones de paz de la ONU es un honor para nuestras fuerzas y para el país entero.
La conjuntez llegó para quedarse. La tendencia irreversible es hacia una gran fuerza para la defensa que articule a sus diversas ramas, abarcando las áreas cibernéticas y aeroespaciales. La relación entre defensa nacional y seguridad interior es cada vez más innegable. Por eso habrá que reformular el actual deslinde legal. No habrá ninguna posibilidad de ser un país próspero –hoy debemos decir que salga de pobre– sin defensa nacional. La colosal crisis que nos agobia necesita de un poder nacional robustecido. Parte de esa vigorización es la defensa nacional rehabilitada.