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lunes, julio 22, 2024
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Fracasó la sesión en el Senado para aprobar pliegos de jueces

Los miembros del interbloque del oficialismo que preside José Mayans bajaron al recinto de sesiones pero no consiguieron el número de 37 senadores presentes para abrir la sesión, y el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) decidió no presentarse a debatir.

El FdT esperaba contar con los votos de senadores del bloque Unidad Federal como Guillermo Snopek (Jujuy) y Edgardo Kueider (Entre Ríos) pero éstos no se presentaron, así como tampoco el habitual aliado, el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilnek.

Pasada la media hora reglamentaria de espera, a las 11.30, la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, anunció que no se había reunido el número necesario, ya que sólo 34 senadores estaban en el recinto.

No obstante, Ledesma otorgó la palabra al presidente del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, quien lamentó que desde la oposición no presten acuerdo para sesionar.

“Aspiramos a tener sesión, todo esto hace a la responsabilidad institucional. Más allá de que existan las PASO y los que dicen que hay que esperar que pasen las PASO, hay que cumplir con la responsabilidad institucional”, expresó el senador oficialista.

Mayans criticó a “la oposición por la oposición porque hay un proceso electoral” y afirmó que “cuando hay disidencias, hay que presentarse y decir no estoy de acuerdo con estos argumentos”.

“No podemos dejar de trabajar, no podemos paralizar el Congreso. A ningún presidente se le negó el ejercicio de tropas”, dijo en alusión a la autorización de ingreso y salida de tropas militares que debía votarse hoy, entre otros temas.

Desde Juntos por el Cambio, los jefes del espacio, Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo, aseguraron en conferencia de prensa que no prestaron quorum porque no están de acuerdo con “avalar el plan de impunidad” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación a la iniciativa de ascensos de magistrados.

Entre los acuerdos solicitados por el Gobierno nacional se encontraba la designación de Ana María Figueroa, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien, junto con los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, debe decidir si confirma el cierre o reapertura del Caso Hotesur-Los Sauces, en el que la Vicepresidenta y sus hijos fueron investigados por lavado de dinero y luego sobreseídos.

Figueroa, a punto de cumplir 75 años, la edad jubilatoria para los jueces, necesita del acuerdo del Senado para continuar en su cargo durante cinco años más.

La vicepresidenta del interbloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti, adelantó que el oficialismo intentará “incansablemente” aprobar las propuestas que “le interesan a la sociedad” y culpó a JxC por la falta de apoyo a temas de índole sanitaria como la atención de la muerte perinatal.

El decreto parlamentario de convocatoria a la sesión también incluía en el temario el proyecto de ley en revisión que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de tropas nacionales para participar de ejercicios militares.

También se habían agregado otros proyectos de ley como el de fluoración de la sal para consumo humano, el que crea el Programa Nacional de Libros Para Aprender, el que crea el tratamiento y la prevención de la pubertad precoz y el que establece los procedimientos médico-asistenciales para la atención ante la muerte perinatal.

El senador Daniel Bensusán (La Pampa-FdT) consideró que “cuando se trata de la salud de las familias argentinas no hay lugar para mezquindades electoralistas”, mientras que su par de Santa Fe, Marcelo Lewandoski, cuestionó a los senadores de su provincia de la oposición que “reclaman designaciones” en la justicia para combatir el narcotráfico pero que “no se presentan a debatir”.

El Senado se reunió en sesión ordinaria por última vez el 13 de abril y un mes después, el 11 de mayo, escuchó el informe de gestión del jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

La Vicepresidenta no presidió la sesión de hoy, pero se manifestó a través de su cuenta de Twitter sobre la gestión privada de YPF, llevada adelante desde 1997 hasta 2011, por parte de la española Repsol.

La funcionaria afirmó que se aplicó una “política predatoria” que redujo la producción de petróleo a la mitad y también su participación en el mercado, con una marcada falta de inversiones, y dijo que esos datos sirven para “repensar y reordenar el debate social por encima de los clichés” sobre que lo privado es mejor que lo público.

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