Un día después de presentar en sociedad a los funcionarios de primeras líneas de su equipo de trabajo para conducir los destinos de Entre Ríos, Rogelio Frigerio mantiene una reunión con el resto de los gobernadores (actuales y entrantes) de la coalición cambiemita.
La economía es el eje sobre el que giran todas las preocupaciones.
Las presuntas medidas económicas que tomaría el electo Presidente, Javier Milei, tienen impacto directo sobre el devenir financiero de las jurisdicciones. Ninguna medida que tome el gobierno nacional en términos macroeconómicos carece de efectos secundarios en las provincias, no resultarán inocuas.
Así entonces, el bloque podría tomar definiciones en función de los intereses comarcales sentando postura sobre temas específicos a tratar en reuniones futuras con funcionarios nacionales, incluso el propio Milei.
Reducir o eliminar algunos de los impuestos y las retenciones existentes con el objetivo de incentivar la producción y las inversiones forman parte de un paquete de medidas anunciadas por el propio mandatario electo.
Este es, sin dudas, uno de los temas centrales resistido por parte de los gobernadores. Cambia la ecuación de ingresos, reduce la disponibilidad de recursos y obligaría a tomar medidas de ajuste antipáticas socialmente con la posibilidad concreta de que se aceleren las demandas mediante protestas sociales.
Desregulación del mercado de trabajo y modificación de leyes laborales exponen a los gobernadores y sus legisladores.
Se trata de una iniciativa en la que todavía se trabaja. Un sistema que consiste en un modelo de seguro de desempleo en el que el propio trabajador aporte de su sueldo a un fondo personal que utilizará si renuncia o es echado, modificando el actual sistema indemnizatorio.
Socialmente podría ser resistido.
Más allá de eso, en Entre Ríos, preocupa sobremanera el desajuste financiero de la caja previsional provincial, la carga salarial de un estado superpoblado, las cuentas “no tan ordenadas” (Según expresiones del propio Frigerio), las licitaciones de último momento, entre otros temas, no le dan margen a la administración provincial para facilitar al poder central una reducción inmediata de recursos producto de medidas económicas que impacten en la trasferencia de peculios mediante copartipación.
Si bien el objetivo final puede que sea compartido, los plazos aparentemente no. Los gobernadores podrían plantearle un mix de gradualismo y shock que les permita desarmar las “bombas” de las cajas de pandora que suelen dejar las administraciones salientes.
Una reforma estructural como propone el presidente electo, Javier Milei, supone condicionar el devenir social y político de las jurisdicciones provinciales y municipales de toda la geografía nacional. Federalizar el ajuste, ser condicionados, no estaría en los planes de los nuevos mandatarios.
El bloque de legisladores que responden a los gobernadores cambiemitas es crucial para facilitar el plan Milei. Sin ellos, el presidente electo deberá recurrir a “la casta peronista filo kirchnerista” para negociar el paquete de medidas que pretende impulsar cayendo así en una primera contradicción que le restaría imagen ante la sociedad que lo apoyó masivamente en las elecciones.
Es allí donde comienza la valoración del poder del bloque de gobernadores no peronistas.
La acefalía de liderazgos claros, en el peronismo y en juntos, abren la puerta a nuevos liderazgos en el bloque de gobernadores cuasi opositores para que surjan del mismo los nuevos conductores de una oposición fragmentada en tercios y le dan a los gobernadores la posibilidad de negociar con el poder central medidas macro con alto impacto político, económico y social en las comarcas gobernadas por la coalición opositora a LLA y el PJ.