Las decisiones del gobierno nacional hacen mella en la planificación de obras de infraestructura. Las obras con financiamiento nacional son una pesada carga para las arcas provinciales y Entre Ríos no es la excepción por lo que el gobierno provincial le puso un freno a la ejecución de obra pública por 60 días.
Dentro de los principales puntos del entendimiento de suspensión, al que Rogelio Frigerio llegó con los empresarios y sindicatos vinculados al sector, figuran proyectos en marcha los que, durante 60 días, sufrirían una parálisis o ralentización.
En ese marco, Frigerio les anunció que, además, no se licitarán nuevos emprendimientos.
La administración del ex gobernador entrerriano y actual Diputado Nacional, Gustavo Bordet, se jactaba de dejar en marcha más de 230 obras distribuidas en toda la geografía provincial. Las fuentes de financiamiento tenían o tienen distintos orígenes.
Las obras de mayor envergadura son financiadas por organismos multilaterales o el estado nacional. El financiamiento hoy está en la nebulosa y en la provincia “plata no hay”, recuerdan cada vez que se los consulta los funcionarios provinciales.
Las obras cuyo financiamiento proviene de recursos propios presentan un atraso en la liquidación de certificados que lleva a la actual administración a tomar un empréstito para afrontar el pago. Los recursos previstos en el presupuesto, no están.
El agravante está en las fuentes de financiamiento propias. La caída de la actividad económica reporta una disminución de recursos coparticipables, la redeterminación de precios es imposible de establecer en el actual contexto inflacionario y en la caja “plata no hay”, reiteran funcionarios provinciales.
La determinación de Javier Milei de quitar el manejo discrecional de recursos para adelantos del tesoro nacional (ATN) al ministerio del Interior que, hasta hoy, conduce Guillermo Francos, suma un condimento adicional. “Era una de las fuentes de recursos que manejaban los gobernadores para hacer frente a las diferencias estacionales de caja”, afirman. Las mismas fuentes sostienen que “Muchas obras se financiaban con ATN”.
Es un “esquema de supervivencia” ante un escenario de escasez de recursos propios y de financiamiento nacional cortado, reconocen en el entorno del mandatario provincial quien reconoció en rueda de prensa la necesidad de buscar financiamiento para honrar la deuda heredada.
En el marco del Decreto N° 257 emitido por el Gobierno de Entre Ríos, se convino en neutralizar obras en ejecución o en proceso de inicio por el término de 60 días luego de la audiencia celebrada con la Cámara Argentina de la Construcción y la Delegación Entre Ríos de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.
Hoy se anunció la rúbrica del primer acuerdo de revisión de obras. En el actual contexto económico nacional, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals y las empresas constructoras, comenzaron a rubricar las actas de ralentización de la obra pública, informaron fuentes oficiales.
Anunciaron oficialmente que suscribirán actas con 24 empresas que contienen 39 proyectos y abarcan la construcción de viviendas en todo el territorio provincial y trabajos de infraestructura en la ciudad de Paraná y Concepción del Uruguay, entre otras, confirmaron desde el gobierno entrerriano.