La actual administración de la Dirección Nacional de Migraciones denunció ante la justicia el funcionamiento durante el macrismo de un seguimiento ilegal de 58.169 personas. Era un sistema de alerta para la “realización de inteligencia prohibida, tras recolectar información de manera indebida en base a los registros migratorios”.
Fuentes consultadas adjudicaron a la utilización indebida de la normativa vigente para acceder a la información de los “investigados”.
La normativa por la que con total claridad y criterio se otorgaban claves para acceder a registros de movimientos migratorios, era una disposición de la DNM dictada en el año 2010, durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández, que no fue modificada.
Esa norma establecía que las personas que utilizarían esos accesos (pertenecientes a las fuerzas de seguridad Nacionales y Provinciales, Ministerio Público Federal y Provinciales, Poder Judicial Federal, Nacional y Provinciales, Servicio Penitenciario Federal y Provinciales, AFIP, Aduana, entre otros), debían ser acreditadas por los superiores jerárquicos de cada repartición y que cada una sería personal e intransferible, otorgadas a agentes públicos identificados con su nombre, DNI y clave personal, siendo cada uno de ellos responsable por búsquedas o suministro indebido de tales datos.
Determinar quienes fueron los autores de ese presunto “seguimiento” no debería ser entonces demasiado complejo.
La Policía Federal y la AFI habrían accedido de manera irregular a información que estaba cargada en un sistema paralelo invadiendo la privacidad de las personas incluídas.
La información, que estaba bajo la tutela de Migración y que depende del Ministerio del Interior conduce a responsabilidades por fuera de su estructura ya que, en el listado de “seguimiento y alertas” estaba el nombre del mismísimo Rogelio Frigerio.
La información tomó estado público a partir de la denuncia formulada por la Administración de Alberto Fernández sobre la existencia de una presunta operación de inteligencia orquestada por la AFI y la Policía Federal. En los hechos, ni el ministro de interior quedó al margen del presunto espionaje y en Entre Ríos funcionarios como el ex intendente de Concordia, Enrique Cresto, que estaban incluídos en el listado de alertas de los sistemas en el módulo ‘SICaM HALCON’.
Fuente: Voceropolitico.com.ar