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Fumigaciones: Ambientalistas piden retirar apelación

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“Repudiamos este retroceso que pretende ejecutar el Gobierno”, dice el comunicado de Basta es Basta. Por su parte, el fiscal de Estado, dijo que “como está planteada, la sentencia genera más problemas que soluciones”.

Luego de que se conociera la decisión del gobierno de Entre Ríos de apelar el fallo judicial que prohibió fumigaciones cerca de escuelas rurales, organizaciones ambientalistas nucleadas en la coordinadora Basta es Basta emitieron un comunicado en el que califican de “indignante” la postura adoptada por la Fiscalía de Estado, encabezada por Julio Rodríguez Signes, a quien le piden que retire la presentación judicial.

“Vergüenza debería darle a nuestro gobierno que sea la justicia quien deba interpelarlos en defensa de la salud de la niñez”, se indica más adelante, al tiempo que los activistas se dirigen a Álvaro Gabás, secretario de Producción: “¿Para qué y para quiénes gobierna usted? ¿Para que fumiguen a los gurises? ¿Usted y sus seres queridos viven en otra provincia?”.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dijo por su parte que “como está planteada, la sentencia genera más problemas que soluciones” y advirtió que “nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones posibles”. También se comprometió a analizar el tema “a fondo”.
“El gobierno de Gustavo Bordet, a través del secretario de Producción, Álvaro Gabas, cometió el acto indignante de apelar la decisión de la Justicia entrerriana que protege a las comunidades de escuelas rurales de las fumigaciones”, se indicó en el comunicado de los ambientalistas.

“Entre Ríos es la provincia de donde proviene el 55 por ciento de todos los enfermos de cáncer del país. Así lo entendíó el Poder Judicial de Entre Ríos en un fallo ejemplar en el cual aplicó el principio precautorio y prohibió fumigar a una distancia de 3.000 metros por aire y 1.000 metros por tierra para proteger la salud de quienes asisten a las escuelas rurales y su entorno. Al aceptar el recurso de amparo presentado desde los movimientos socioambientales, admitió que resulta urgente frenar la intoxicación por químicos de la población que afecta principalmente a niñas y niños”, se detalló.

“Desde la Coordinadora ¡Basta es Basta! repudiamos este retroceso que pretende ejecutar el Gobierno de Entre Ríos”, continúa el escrito.

“Debería darle vergüenza y además debería convocar para una inmediata respuesta a la situación que pone en peligro incluso a sus propias familias y a la de quienes nos ahogan en agrotóxicos cada día”, se añade.

“Secretario Álvaro Gabas, ¿para qué y para quiénes gobierna usted? ¿Para que pocos ganen dinero a costa de nuestra salud ¿Para que fumiguen a las gurisas y los gurises en las escuelas por privilegiar ganancias privadas? ¿Usted y sus seres queridos acaso viven en otra provincia? Usted se debe al pueblo de Entre Ríos, su trabajo debería consistir en encontrar una matriz productiva que permita la vida, no de ganancias para pocos y muerte para la mayoría”, se asevera.

“Gobernador Bordet, responsabilidad suya ahora es tomar las acciones para revertir este triste asunto que ejecutó su gobierno. Retirar la apelación será justicia. Todo lo logrado fue en base a la movilización de las poblaciones afectadas y no vamos a permanecer inmóviles ante esta acción. Construimos otro modelo, con soberanía alimentaria y salud de los pueblos y de la tierra. Cada vez somos más quienes nos encontramos por una vida sin agrotóxicos y por una producción campesina sin venenos: agroecología”, concluye el comunicado.

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Aprobaron cambio en Bienes Personales y renovó Monzó

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La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que modifica el impuesto a los Bienes Personales por 125 votos afirmativos , 64 negativos y 28 abstenciones.

Los cambios a la ley 23.966, sobre exenciones y progresividad del gravamen, son parte del paquete económico que acompañó el texto del Presupuesto 2019 y establecen un nuevo mínimo no imponible en el tributo. Luego de obtener media sanción, el Senado introdujo modificaciones en materia de vivienda en el proyecto.

Al inicio del debate, el titular de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, recordó que los cambios en bienes personales son parte de “una negociación entre el gobierno nacional y las provincias en materia de subsidios de transporte y tarifa social eléctrica”.

Además Laspina calificó a los cambios realizados por la Cámara alta como “un alivio fiscal a la clase media, una modificación atinada”.

La legisladora Fernanda Vallejos, del FpV-PJ, en tanto criticó al proyecto y al oficialismo y sostuvo: “Apurados por el FMI nos proponen un nuevo parche para recaudar algunos pesos y sostener los intereses de la deuda, es un impuesto en contra de la casa media trabajadora”, sostuvo.

A continuación, Axel Kicillof ratificó que la bancada del Frente para la Victoria no acompañará el texto. “Plantea cobrarle a los sectores medios el impuesto a los bienes personales, como una forma de pasar la gorra o rascar la olla. Este es el final de la estafa electoral contra la clase media”, criticó. “Los sectores medios ya están liquidados, ya no pueden seguir pagando impuestos”.

Además, se aprobó en el recinto una autorización al presidente Mauricio Macri para ausentarse del país en 2019 “cuando razones de gobierno lo requieran”.

También recibió media sanción y giró al Senado una iniciativa de la diputada radical Karina Banfi para facilitar la nacionalizacion de personas apátridas.

El dictamen busca asegurar a las personas apátridas y “solicitantes del reconocimiento de tal condición, el disfrute más amplio posible de sus derechos humanos y regular la determinación del estatuto, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de las personas apátridas”.

Previamente al comienzo de la sesión en la Cámara de Diputados, se ratificó a sus autoridades, encabezadas por el diputado de Cambiemos, Emilio Monzó.

Con elogios de sus pares, Monzó fue confirmado en su cargo por cuarta y última vez, luego de que hiciera pública su decisión de no renovar su banca de legislador el año que viene.

También se les renovó el cargo a José Luis Gioja (FpV-PJ) como vicepresidente primero, a Luis Petri (UCR) como vicepresidente segundo, y a Martín Llaryora (Argentina Federal) como vicepresidente tercero.

En tanto, continuarán como secretarios Eugenio Inchausti (Parlamentario), Florencia Romano (Administrativa), María Luz Alonso (Coordinación Operativa) y Marcio Barbosa Moreira (General).

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Impulsarán que todas las policías del país puedan disparar sin dar voz de alto

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El Gobierno nacional inició gestiones para que las provincias incorporen el nuevo reglamento de las fuerzas de seguridad federales, que les permite a usar sus armas de fuego aun cuando no exista una agresión directa o cuando reciban una amenaza con una pistola de juguete. Incluso los autoriza a disparar sin dar la voz de alto.

La Casa Rosada puso en marcha el manual de procedimiento que amplía el campo de acción con uso de la fuerza letal de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los familiares de víctimas de violencia policial denunciaron que la disposición permite “matar con impunidad” y convierte en “ley” el “gatillo fácil”. Sin embargo, en medio de la polémica, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redobló la apuesta y adelantó que buscarán que las fuerzas de seguridad provinciales incorporen el reglamento.

“Ahora estamos haciendo el reglamento igual para todas las fuerzas de seguridad, tenemos un solo reglamento”, destacó la ministra Bullrich, quien luego reveló: “Les vamos a decir a todas las policías del país que lo adopten, ya nos han llamado varias”.

El decreto
El decreto 956/2018 del Ministerio de Seguridad, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, puso en práctica el denominado “reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales”. En líneas generales, se otorga mayor libertad para disparar “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”.

El texto establece que los efectivos podrán hacer uso de sus armas reglamentarias “para impedir un delito particularmente grave”, “para proceder a la detención de quien represente un peligro inminente (de muerte o de lesiones graves) y oponga resistencia a la autoridad”, y “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y hasta lograr su detención”.

El flamante reglamento también habilita los disparos “cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal” y “cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”.

Sobre esta última hipótesis, se indica que los posibles escenarios serán cuando un sospechoso que realice “movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”, “cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aun sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona”, o “cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muerte o lesiones graves”.

Además, la normativa permite que los integrantes de las fuerzas federales no tengan que identificarse a voz viva antes de intervenir.

“Se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones en las que dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”, dice el decreto.

Bullrich justificó los cambios al advertir que “hasta ahora los miembros de las fuerzas de seguridad no podían usar armas para defenderse o para defender a la gente”, y que “tampoco lo podían hacer para detener a un delincuente o para impedir que un delincuente peligroso se fugue”.

“Tal cual estaban escritos los reglamentos, primero el delincuente tenía que tirar y una vez que él tirase o que manifiestamente estuviese a punto de tirar, recién en ese momento lo podía hacer (el uniformado). Es decir, que siempre se dejaba a las fuerzas de seguridad en una situación de inferioridad”, opinó la ministra.

Bullrich remarcó que la medida les “permitirá a las fuerzas de seguridad proteger a la gente y no estar pensado que, si toman alguna decisión (de actuar con su arma de fuego), van a terminar procesadas o encarceladas”.

Sin nombrarlo, pareció referirse al policía comunal Luis Chocobar, quien se encuentra procesado por el asesinato de Pablo Kukoc (18) tras el ataque con arma blanca que sufrió un turista norteamericano en 2017, en el barrio porteño de La Boca.

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Desde el viernes aumentan los peajes en la ruta 14

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Este viernes 30 de noviembre, regirá una nueva escala de precios para los peajes en lo que se denomina el Corredor 18, que incluye las cabinas de la empresa Caminos del Río Uruguay, en la autovía José Gervasio Artigas. Todas las categorías se incrementarán entre un 11 y un 18%.

La decisión fue comunicada por el gobierno nacional a través de la resolución 1507/2018, que salió publicada en el Boletín Oficial de la Nación este miércoles 28 de noviembre.

Según da cuenta el sitio Diario Río Uruguay, los nuevos precios para la Cabina Yeruá, al sur del departamento Concordia son los siguientes:

Categoría 1: 70 pesos (actualmente se cobra 55)

Categoría 2 y 3: 140 pesos (actualmente se cobra 110)

Categoría 4: 210 pesos (actualmente se cobra 165)

Categoría 5 y 6: 280 pesos (actualmente se cobra 220)

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