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País

Funcionarios deberán incluir bienes de cónyuges e hijos en las DDJJ

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Los funcionarios tienen la obligación de presentar una declaración anual y de carácter público, pero en el 2013 la ex presidenta Cristina Kirchner incluyó una serie de restricciones respecto de la ley de ética pública original. Estas restricciones permitían ocultar bienes a la opinión pública.

Así lo dispuso la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que declaró inconstitucional el actual régimen de declaraciones juradas por considerarlo contrario a las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y al derecho humano de Acceso a la Información Pública.

En agosto de 2016, la ONG Poder Ciudadano -que preside Hugo Wortman Yofre, había presentado un amparo contra el Estado Nacional, exigiendo que se declare inconstitucional la ley 26.857 sancionada en 2013, impulsada por la ex presidenta Cristina Kirchner, la cual modificó el régimen de declaraciones juradas restringiendo la información disponible para la ciudadanía. Con la excusa de poner las declaraciones on line, Cristina quitó datos clave de la declaración para que los ciudadanos puedan investigar el aumento del patrimonio de los funcionarios.

Poder Ciudadano denunció en particular, que el artículo 5º de la Ley Nº 26.857 establece una modificación sustancial al régimen anterior de declaraciones juradas haciendo referencia a los datos patrimoniales del cónyuge, conviviente e hijos/as menores del declarante, los cuales pasaron a formar parte de un anexo reservado al que sólo se puede acceder por medio de una orden judicial. Antes de la modificación del régimen, el funcionario tenía la obligación de llenar un formulario para el cónyuge, conviviente e hijos menores, en caso de que cualquiera de estos tuviera bienes propios.

En la demanda, Poder Ciudadano sostuvo que el nuevo régimen “va en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en virtud de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y constituye un retroceso en el reconocimiento del derecho humano de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía” para el efectivo control de la gestión del Estado. Además, esta modificación “resulta contraria al principio fundamental de no regresividad, es decir, la prohibición de adoptar políticas, medidas y, en general, normas jurídicas que signifiquen un retroceso en la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución”.

En la sentencia, la Cámara manifestó que el Estado Nacional no brindó los argumentos suficientes que justifiquen de una manera válida las restricciones impuestas con el nuevo régimen de declaraciones juradas a la información que -hasta ese momento- era pública. En este sentido, la Cámara agregó que: “no advierte ni encuentra justificada en las manifestaciones del Estado la nueva restricción en la información pública de esos datos. No se exigen datos sensibles ni información destinada a identificar bienes y/o cuentas bancarias, sino información que cumpla con los estándares y las obligaciones del Estado en aplicar medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda”.

La Cámara citó como argumentos los principios que se establecen en la Convención Interamericana contra la Corrupción manifestando que: “Cabe puntualizar, tal como lo hace la amparista, que la propia normativa internacional asigna a la ciudadanía y a las organizaciones no gubernamentales un rol central en el control de los actos de gobierno y en la lucha contra la corrupción (cfr. art. III, punto 11 de la Convención Interamericana contra la Corrupción), asegurando entonces que el Estado garantice el acceso a determinada información a fin de cumplir con el debido control y con el espíritu de la Convención”.

Finalmente, se decidió que “la restricción efectuada por la demandada al derecho de acceso a la información pública en lo que respecta al punto en análisis resulta injustificada y, por ello, contraria a las obligaciones del Estado, que emergen de la Constitución Nacional, y de los tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido y garantizado su cumplimiento”.

De este modo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal- Sala V declaró inconstitucional el artículo 5 de la ley 26.857, e intimó al Estado Nacional a que adecue el régimen de las declaraciones juradas patrimoniales integrales a fin de permitir a los ciudadanos, el debido control y el acceso a la información, teniendo en cuenta el principio de máxima divulgación, el derecho de acceso a la información pública y el principio de progresividad de los derechos.

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País

El PJ santafesino se unificó para pelear la gobernación

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El peronismo de la provincia de Santa Fe logró un acuerdo con todas las vertientes del partido, kirchneristas y massistas incluidos, para pelear por la gobernación en junio próximo en el marco del frente “Juntos”.

El sorpresivo acuerdo, que se agregó a la lista de entendimientos electorales que el PJ alcanzó en otros distritos en los últimos días, incluye a 14 partidos, entre ellos los sectores que lideran el senador nacional Omar Perotti, María Eugenia Bielsa, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador de Sergio Massa.

Si bien se esperaba un acuerdo entre Perotti, Bielsa y el kirchnerismo, que en la provincia impulsa como candidato al diputado nacional Marcos Cleri, la sorpresa la dio la incorporación del massismo, comandado en Santa Fe por Eduardo Romagnoli.

La idea que comparten todos los sectores es sumar fuerzas y recuperar la gobernación santafesina para el peronismo, luego de que el Partido Socialista se mantuviera en el poder desde 2007, en el marco del Frente Progresista Cívico y Social junto a parte de la UCR.

Según se acordó, la candidatura a gobernador provincial se definirá en internas, y cada sector podrá presentar a un postulante, en tanto que las listas de legisladores se repartirán de acuerdo al porcentaje que saca cada uno en las primarias del 28 de abril, previas a las generales del 16 de junio.

El presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, Ricardo Olivera, explicó: “Va a haber internas en los cargos a gobernador, cada partido puede incorporar candidatos. Hablamos de Bielsa, Perotti y Unidad Ciudadana pero hoy se incorpora el Frente Renovador que tiene una fuerza provincial. Están también facultados para llevar candidato a gobernador o no. Los cargos legislativos por sistema D´Hont”.

“Es el PJ, pero es un frente. Hay que consensuar, laburar, es lo que hay. Están todos adentro”, resaltó el titular del PJ local en declaraciones a FM Latina.

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El ministro Frigerio recibió a la misión del FMI en Casa Rosada

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El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, recibió hoy en la Casa de Gobierno a los representantes de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional, encabezada por Roberto Cardarelli.

Frigerio se reunió con los miembros del organismo internacional junto al secretario de Provincias y Municipios, Alejandro Caldarelli, y al subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero, según se informó oficialmente.

El parte oficial, sin brindar detalles del encuentro, se limitó a confirmar a los participantes de la reunión, a la que también concurrieron el economista del Fondo designado para la Argentina, Trevor Alleyne, y el representante argentino ante el FMI, Gabriel Lopetegui.

Asimismo, estuvieron presentes por parte del organismo multilateral Paolo Dudine, Joyce Wong, Federico Amui y Dmitry Plotnikov.

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Economía

Sica admite que la industria sufre la mayor caída del empleo

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El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, admitió hoy que “la mayor caída del empleo” se registra en la actividad industrial y, por otra parte, aseguró que llevará “un poco más de tiempo” combatir la inflación.
El funcionario dijo que la cuestión laboral “es una preocupación diaria” de su gestión, y resaltó: “nuestro centro de atención de la economía está en la generación de empleo formal, de calidad y con derechos que puedan proteger a los trabajadores.”

“Es por este motivo que estamos tan concentrados en trabajar contra la informalidad laboral, que en los últimos treinta años no ha bajado del 30%”, añadió Sica, en declaraciones a radio Continental.

El ministro puntualizó que en el mercado del trabajo “tenemos particularidades distintas. En el sector industrial es donde estamos viendo la mayor caída de empleo. De alguna manera, hoy los sectores más dinámicos en la generación de empleos son los de servicio”.
Además, evaluó que “estamos frente a una situación compleja, no solo por la coyuntura, sino porque el cambio tecnológico nos está llevando a nuevas modalidades de trabajo, a las cuales tenemos que acompañar con nuestras políticas públicas, como lo estamos haciendo”.

Con relación a la decisión del Gobierno de reducir las contribuciones patronales para las pymes de las economías regionales, el funcionario subrayó: “el objetivo de esta nueva medida en términos netos, según el promedio del salario, va a representar mejoras en el costo laboral para las empresas de entre un 8% y un 12%. Y también es un elemento importante en la batalla contra la informalidad”.

Sica también hizo referencia a la inflación que -según el INDEC-trepó al 2,9% en enero último: “la batalla contra la suba de precios se gana todos los días y eso nos va a llevar un poco más de tiempo”.
“Los dos principales elementos para combatirla son disciplina fiscal y monetaria y mayor competencia en los mercados, y claramente hacia eso vamos. Lo importante es mirar la tendencia”.

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