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País

Funcionarios deberán incluir bienes de cónyuges e hijos en las DDJJ

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Los funcionarios tienen la obligación de presentar una declaración anual y de carácter público, pero en el 2013 la ex presidenta Cristina Kirchner incluyó una serie de restricciones respecto de la ley de ética pública original. Estas restricciones permitían ocultar bienes a la opinión pública.

Así lo dispuso la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que declaró inconstitucional el actual régimen de declaraciones juradas por considerarlo contrario a las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y al derecho humano de Acceso a la Información Pública.

En agosto de 2016, la ONG Poder Ciudadano -que preside Hugo Wortman Yofre, había presentado un amparo contra el Estado Nacional, exigiendo que se declare inconstitucional la ley 26.857 sancionada en 2013, impulsada por la ex presidenta Cristina Kirchner, la cual modificó el régimen de declaraciones juradas restringiendo la información disponible para la ciudadanía. Con la excusa de poner las declaraciones on line, Cristina quitó datos clave de la declaración para que los ciudadanos puedan investigar el aumento del patrimonio de los funcionarios.

Poder Ciudadano denunció en particular, que el artículo 5º de la Ley Nº 26.857 establece una modificación sustancial al régimen anterior de declaraciones juradas haciendo referencia a los datos patrimoniales del cónyuge, conviviente e hijos/as menores del declarante, los cuales pasaron a formar parte de un anexo reservado al que sólo se puede acceder por medio de una orden judicial. Antes de la modificación del régimen, el funcionario tenía la obligación de llenar un formulario para el cónyuge, conviviente e hijos menores, en caso de que cualquiera de estos tuviera bienes propios.

En la demanda, Poder Ciudadano sostuvo que el nuevo régimen “va en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en virtud de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y constituye un retroceso en el reconocimiento del derecho humano de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía” para el efectivo control de la gestión del Estado. Además, esta modificación “resulta contraria al principio fundamental de no regresividad, es decir, la prohibición de adoptar políticas, medidas y, en general, normas jurídicas que signifiquen un retroceso en la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución”.

En la sentencia, la Cámara manifestó que el Estado Nacional no brindó los argumentos suficientes que justifiquen de una manera válida las restricciones impuestas con el nuevo régimen de declaraciones juradas a la información que -hasta ese momento- era pública. En este sentido, la Cámara agregó que: “no advierte ni encuentra justificada en las manifestaciones del Estado la nueva restricción en la información pública de esos datos. No se exigen datos sensibles ni información destinada a identificar bienes y/o cuentas bancarias, sino información que cumpla con los estándares y las obligaciones del Estado en aplicar medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda”.

La Cámara citó como argumentos los principios que se establecen en la Convención Interamericana contra la Corrupción manifestando que: “Cabe puntualizar, tal como lo hace la amparista, que la propia normativa internacional asigna a la ciudadanía y a las organizaciones no gubernamentales un rol central en el control de los actos de gobierno y en la lucha contra la corrupción (cfr. art. III, punto 11 de la Convención Interamericana contra la Corrupción), asegurando entonces que el Estado garantice el acceso a determinada información a fin de cumplir con el debido control y con el espíritu de la Convención”.

Finalmente, se decidió que “la restricción efectuada por la demandada al derecho de acceso a la información pública en lo que respecta al punto en análisis resulta injustificada y, por ello, contraria a las obligaciones del Estado, que emergen de la Constitución Nacional, y de los tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido y garantizado su cumplimiento”.

De este modo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal- Sala V declaró inconstitucional el artículo 5 de la ley 26.857, e intimó al Estado Nacional a que adecue el régimen de las declaraciones juradas patrimoniales integrales a fin de permitir a los ciudadanos, el debido control y el acceso a la información, teniendo en cuenta el principio de máxima divulgación, el derecho de acceso a la información pública y el principio de progresividad de los derechos.

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Economía

Buscan amortiguar el impacto de la inflación en los créditos hipotecarios UVA

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La inflación de los últimos meses, sumado a la devaluación que sufre la moneda nacional junto a la pérdida de poder adquisitivo, puso en alerta al Gobierno sobre el impacto de la inflación en las cuotas de los créditos hipotecarios UVA en la economía familiar, y si éstas se ajustan al índice de precios al consumidor que Indec informa todos los meses.

Fuentes oficiales informaron a Clarín que el gobierno Nacional evalúa mecanismos para que los deudores puedan apelar a algún “amortiguador”, de manera que la relación cuota-ingreso no se modifique de manera exagerada.

Las opciones

Un seguro, que se activaría en caso de que la relación entre la cuota indexada y los ingresos del deudor supere determinado porcentaje. De esta forma, si al inicio del crédito la relación cuota ingreso era de, por ejemplo, 20 por ciento, el seguro se activaría si esa relación salta al 25 por ciento. Se está estudiando quién pagaría ese seguro. Todo indicaría que debería haber un aporte extra a la cuota que debería abonar el tomar del crédito.

Otra alternativa es crear un fondo compensador que también se active cuando se altere por encima de un límite la relación cuota-ingreso.

También se hablaba de que dicho fondo compensador se fondee con el 10 por ciento de las utilidades que obtenga anualmente el Banco Central.

Hace unos días, diputados de la oposición impulsaron un proyecto para que la cuota se actualice por el Coeficiente de Variación Salarial o el IPC, el menor de ellos.

Otro proyecto de los senadores del PJ establece que recién “una vez que el CVS acumulado desde la fecha de ingreso al crédito alcance el de la moneda indexada, el ajuste se efectuará por este último”.

Y contempla que si los salarios crecen un 5 por ciento por encima de la devaluación, los Bancos podrán recibir una “prima adicional” equivalente a 1,5 por ciento de la cuota hasta cubrir ese desfasaje.

Actualmente, quienes están pagando créditos UVA tiene la posibilidad de apelar a la cláusula que dice que si la inflación supera por más de un 10 por ciento la evolución de los salarios, los bancos deberán ofrecerles a sus deudores la posibilidad de extender por un 25 por ciento el plazo del préstamo originalmente otorgado.

Al haberle ganado la inflación a los salarios, y suponiendo que este año el IPC crece un 45 por ciento y los sueldos 25 por ciento, una cuota que en enero representaba el 25 por ciento del salario, terminará el año representando el 28 por ciento en la cuota a pagar en diciembre.

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Economía

La soja cayó a su menor valor en una década

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El precio de soja perforó este martes la cota de los u$s 300 por tonelada y tocó su menor valor en casi una década en el mercado de Chicago, porque la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China ensombreció las perspectivas exportadoras para la oleaginosa estadounidense.

El precio del poroto cayó un 1,1% a u$s 299,10, mínimos desde diciembre de 2008.

El avance de la cosecha en Estados Unidos también golpeó al precio del maíz, que cedió un 1,4% a u$s 135,13. La excepción fue el trigo, que avanzó un 0,8% a u$s 187,58 por temores a una disminución de los inventarios globales.

La soja bajó luego de que China anunció aranceles a las importaciones de bienes estadounidenses valuados en unos 60.000 millones de dólares, en respuesta a los gravámenes del 10 por ciento anunciados el lunes por Estados Unidos a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares.

La firma privada de análisis Informa Economics proyectó que la superficie sembrada con maíz en Estados Unidos crecerá a 93,044 millones de acres en el 2019 (38.495 millones de hectáreas), contra los 89,1 millones de acres que estima el Departamento de Agricultura en 2018.

Los precios recibieron respaldo adicional de las noticias de que el Ministerio de Agricultura de Rusia proyectó exportaciones de trigo 2018/19 de 30 millones de toneladas, por debajo de la última estimación del Departamento de Agricultura estadounidense de 35 millones.

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País

La CGT ratificó el paro del martes próximo

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“Para los que dudan y generan confusión, seamos claros: el paro nacional no se levanta”, advirtió Héctor Daer, integrante del triunvirato que conduce la central obrera.

El sindicalista se pronunció de esa forma a través de una red social luego de que el día anterior el jefe del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, saliera a marcarle la cancha al triunvirato y deslizara que “sería un suicidio” que la CGT suspendiera la medida de fuerza convocada para el 25 de este mes.

El hecho de que una comitiva de dirigentes de la central tuviera prevista una reunión este martes con Sica también había sumado a disparar versiones de que podría haber algún tipo de acuerdo que levantara el paro anunciado, por lo cual Daer salió a negarlo de manera tajante.

Incluso, este martes al mediodía, Daer junto a su colega del triunvirato Carlos Acuña encabezó en lo sede de Azopardo una reunión con todas las delegaciones regionales de la Patagonia de la CGT para avanzar con detalles de la organización del paro nacional.

El encuentro de los integrantes de la CGT con el ministro Sica, según trascendió, estaba previsto para las 20:00, y en medio de un fuerte hermetismo se barajaban distintas sedes, aunque todo indicaba que el edificio del sindicato de Sanidad de la calle Deán Funes al 1200, en esta capital, era el lugar más probable para la reunión.

De la cumbre iba a participar también Jorge Triaca, ahora con el rango de secretario de gobierno de Trabajo.

De acuerdo a los trascendidos, el Gobierno iba a hacer allí un último intento por levantar el paro general convocado por la central, que será el cuarto en la gestión de Mauricio Macri.

Fuentes del Ministerio de Producción, a fin de minimizar la cancelación del encuentro, dijeron a NA que no tenían confirmada “ninguna reunión con la CGT” para este martes.

El anfitrión Héctor Daer, Omar Maturano, Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez eran algunos de los dirigentes de los sectores “dialoguistas” de la CGT que iban a concurrir a la reunión con Sica.

El 10 de septiembre pasado, Sica había anunciado que definiría con Triaca una convocatoria a la cúpula de la central obrera “para mantener el canal de diálogo”, que en un primer momento iba a realizarse la semana pasada y que luego se pasó para este martes.

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