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País

Funcionarios deberán incluir bienes de cónyuges e hijos en las DDJJ

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Los funcionarios tienen la obligación de presentar una declaración anual y de carácter público, pero en el 2013 la ex presidenta Cristina Kirchner incluyó una serie de restricciones respecto de la ley de ética pública original. Estas restricciones permitían ocultar bienes a la opinión pública.

Así lo dispuso la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que declaró inconstitucional el actual régimen de declaraciones juradas por considerarlo contrario a las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y al derecho humano de Acceso a la Información Pública.

En agosto de 2016, la ONG Poder Ciudadano -que preside Hugo Wortman Yofre, había presentado un amparo contra el Estado Nacional, exigiendo que se declare inconstitucional la ley 26.857 sancionada en 2013, impulsada por la ex presidenta Cristina Kirchner, la cual modificó el régimen de declaraciones juradas restringiendo la información disponible para la ciudadanía. Con la excusa de poner las declaraciones on line, Cristina quitó datos clave de la declaración para que los ciudadanos puedan investigar el aumento del patrimonio de los funcionarios.

Poder Ciudadano denunció en particular, que el artículo 5º de la Ley Nº 26.857 establece una modificación sustancial al régimen anterior de declaraciones juradas haciendo referencia a los datos patrimoniales del cónyuge, conviviente e hijos/as menores del declarante, los cuales pasaron a formar parte de un anexo reservado al que sólo se puede acceder por medio de una orden judicial. Antes de la modificación del régimen, el funcionario tenía la obligación de llenar un formulario para el cónyuge, conviviente e hijos menores, en caso de que cualquiera de estos tuviera bienes propios.

En la demanda, Poder Ciudadano sostuvo que el nuevo régimen “va en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en virtud de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y constituye un retroceso en el reconocimiento del derecho humano de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía” para el efectivo control de la gestión del Estado. Además, esta modificación “resulta contraria al principio fundamental de no regresividad, es decir, la prohibición de adoptar políticas, medidas y, en general, normas jurídicas que signifiquen un retroceso en la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución”.

En la sentencia, la Cámara manifestó que el Estado Nacional no brindó los argumentos suficientes que justifiquen de una manera válida las restricciones impuestas con el nuevo régimen de declaraciones juradas a la información que -hasta ese momento- era pública. En este sentido, la Cámara agregó que: “no advierte ni encuentra justificada en las manifestaciones del Estado la nueva restricción en la información pública de esos datos. No se exigen datos sensibles ni información destinada a identificar bienes y/o cuentas bancarias, sino información que cumpla con los estándares y las obligaciones del Estado en aplicar medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda”.

La Cámara citó como argumentos los principios que se establecen en la Convención Interamericana contra la Corrupción manifestando que: “Cabe puntualizar, tal como lo hace la amparista, que la propia normativa internacional asigna a la ciudadanía y a las organizaciones no gubernamentales un rol central en el control de los actos de gobierno y en la lucha contra la corrupción (cfr. art. III, punto 11 de la Convención Interamericana contra la Corrupción), asegurando entonces que el Estado garantice el acceso a determinada información a fin de cumplir con el debido control y con el espíritu de la Convención”.

Finalmente, se decidió que “la restricción efectuada por la demandada al derecho de acceso a la información pública en lo que respecta al punto en análisis resulta injustificada y, por ello, contraria a las obligaciones del Estado, que emergen de la Constitución Nacional, y de los tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido y garantizado su cumplimiento”.

De este modo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal- Sala V declaró inconstitucional el artículo 5 de la ley 26.857, e intimó al Estado Nacional a que adecue el régimen de las declaraciones juradas patrimoniales integrales a fin de permitir a los ciudadanos, el debido control y el acceso a la información, teniendo en cuenta el principio de máxima divulgación, el derecho de acceso a la información pública y el principio de progresividad de los derechos.

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Economía

Dujovne: Las provincias ya tienen superávit financiero

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El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que el consolidado de las provincias argentinas ya está mostrando no sólo superávit fiscal primario, sino también financiero, como consecuencia del Consenso firmado en noviembre de 2017.

El funcionario indicó que el gasto consolidado de la Nación y de las provincias bajará a “un poco menos del 36% del PIB” a fines de 2019, mientras que cuando asumió el presidente Mauricio Macri era del 42% del PIB.

El ministro se expresó así al participar este martes de la Conferencia Internacional de Economía y Finanzas CIEF 2018 en un hotel de la Capital Federal, organizado por el Banco Ciudad, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y El Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros (CLAAF).

Dujovne dijo que la Argentina empezó a hacer hace tres años cosas que otros países de la región, como Chile, Perú y Colombia, arrancaron hace 20 años, por lo que se encontraban más fuertes y la crisis de este año les pegó con menor dureza.

En 2018, precisó el funcionario, el déficit consolidado será del 3,2% el Producto Interno Bruto, mientras que “las provincias ya están en superávit financiero gracias a la ley de responsabilidad fiscal firmada en 2017”.

Según Dujovne, la crisis que está tratando de superar la Argentina “tiene su origen” unos doce o quince años atrás, cuando el gobierno kirchnerista consideró que el fenómeno de la suba de los precios de los commodities era permanente y acomodó en el nivel de gasto en consecuencia.

Ahora, dijo el funcionario, la Argentina está construyendo las bases para iniciar un proceso de crecimiento sostenido como el que vienen experimentando países cercanos, como Chile, Colombia y Perú.

“Tenemos un tipo de cambio real competitivo. Además, se ha corregido buena parte del desequilibrio fiscal. Y el déficit externo también, dado que en 2019 tendremos un rojo en la cuenta corriente de la balanza de pagos inferior del 2% del PIB, viniendo del 5% este año”, describió Dujovne.

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País

La Justicia le otorgó la excarcelación a Boudou

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El ex vicepresidente Amado Boudou estaba detenido en el penal de Ezeiza, cumpliendo una condena a cinco años y diez meses de prisión por haber sido considerado culpable en la causa de la ex Ciccone Calcográfica. Pero en las últimas horas, el Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó la excarcelación, con una caución de un millón de pesos, la obligatoriedad de usar tobillera electrónica y la prohibición de salir del país.

Boudou fue beneficiado por a los votos positivos de las juezas María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti. El tercer integrante del TOF N° 4, Néstor Costabel en cambio, tomó la postura en minoría de oponerse a la liberación.

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Economía

Emiten Letras para energías renovables

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El Gobierno Nacional dispuso la emisión de las Letras del Tesoro en Garantía por más de 2.900 millones de dólares para ser entregadas al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER).

La emisión es por cuenta y orden de la secretaría de Gobierno de Energía del ministerio de Hacienda, dice la Resolución Conjunta 32/2018 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda publicada en el Boletín Oficial.

El FODER es una creación de la Ley de Energías Renovables (27.191) para financiar los proyectos de energías de fuentes limpias, con el objetivo de alcanzar el 8% de la matriz energética para 2018 y 20% para el año 2025.

El fondo está integrado por recursos que aporta el Estado nacional para desarrollos principalmente de proyectos eólicos y solares en el marco del Programa Renovar para las rondas licitatorias 1 y 1.5.

A través del Decreto 471/2017, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno estructuró el fondo público FODER para otorgar préstamos a los titulares de los proyectos de energías renovables que se están impulsando en todo el país.

Este martes el Gobierno oficializó la emisión de Letras del Tesoro en Garantía hasta alcanzar un importe máximo valor nominal de 2.918.576.500 dólares, contra la emisión de certificados de participación por montos equivalentes a las letras cedidas a favor de la Secretaría de Gobierno de Energía.

Estos títulos serán utilizados como garantía de pago del precio de venta de la central de generación, agrega la Resolución Conjunta.

El artículo 14 del decreto 882/2016 había dispuesto que las Letras podrán ser emitidas en la moneda que requiera la constitución de las citadas garantías conforme lo determine el órgano coordinador y se emitirán por el monto total de los proyectos a garantizar.

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