La decisión política del Pte. Alberto Fernández de crear el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad ha marcado el comienzo de una nueva etapa en la lucha de miles de mujeres en el país que sufren la violencia de género en sus diversas manifestaciones.
Es indudable que la decisión política del Presidente de dar visibilidad institucional a este flagelo social que hace que una de cada tres mujeres en el mundo sufra violencia por el solo hecho de su género, ha logrado que en pocos meses y a pesar de la gravedad de la crisis sanitaria que vivimos, temas que han estado pendientes de definición durante más de una década, comiencen a debatirse ocupando un lugar preponderante en la agenda pública.
La definición de un Programa Nacional para la lucha contra la Violencia de Género, el dictado del Decreto 721/20 que instituye el Cupo Laboral Trans y la ratificación del Convenio 190 de Violencia Laboral de la OIT, son normas claras, concretas que, dictadas a nivel nacional, obligan a los gobiernos provinciales y locales a dictar sus propias leyes y ordenanzas.
Las normas, como tales, son el reflejo de un gobierno comprometido con los derechos humanos, ya que cuando hablamos de violencia de género e inclusión, en definitiva hablamos de derechos de las personas, en toda su extensión y comprensión.
Sin embargo ellas solas no bastan para frenar la ola de femicidios y ataques físicos, sexuales, mediáticos, laborales, ya que el cambio que se necesita radica en la cultura patriarcal de una sociedad, que a pesar de lo avanzado de algunas normas, sigue todavía viviendo con patrones sociales dominados por costumbres machistas.
Argentina ha recorrido un largo camino, a través de la visibilización, concientización, dictado de leyes de protección a las mujeres, las víctimas y a sus hijos, introducción del femicidio como una figura agravante del homicidio y capacitación obligatoria en perspectiva de género, y la adaptación de los procesos judiciales.
El reconocimiento de los efectos y las consecuencias que la violencia deja en la victima, su entorno familiar, social y laboral es uno de los grandes pasos dados a través de normativas especiales como la licencia laboral por violencia de género en la administración publica, tema por cierto pendiente de incluir en la Ley de Contrato de Trabajo, lo que realmente favorecería la igualdad en lo beneficios laborales para todas las victimas.
El Programa Acompañar, por el cual se entrega un subsidio a las víctimas, es un avance en la visibilización de la necesidad de reinserción que deben tener en la sociedad, en el mercado laboral, en el medio que las expulsó por su condición de mujeres tradicionalmente contenedoras y cuidadoras de los niños y su hogar.
Pero no todo está hecho, aun restan encontrar muchas respuestas a los problemas que se presentan en muchos aspectos como la salud mental pública y la inclusión del tratamiento sicológico como prioritario o la creación de un Fuero Único Judicial de Violencia que reúna los aspectos del derecho de familia y el derecho penal, para tener un enfoque global y real de la situación de cada víctima y cada agresor.
En estos meses que el mundo no podrá olvidar fácilmente y con un futuro todavía incierto, es importante resaltar, que a pesar de todo lo que vivimos, existe un Gobierno Nacional que ha puesto en primer lugar a la persona y sus derechos, poniendo énfasis en sectores que han sido y son objeto de manipulación política, pero dándoles presupuestaria e institucionalmente el lugar que le corresponde.
Para lo que vendrá, será necesario recordar los años de lucha y avanzar con convicciones firmes, animándonos a encontrar con ideas innovadoras, creativas, dispuestas a lograr el cambio cultural profundo que necesitamos para, entonces sí, luchar en un plano de igualdad, contra la violencia de género.