Los gobernadores del Norte Grande preparan un proyecto de ley para compensar parcialmente la pérdida de ingresos que sufrieron con los cambios en el impuesto a las ganancias que el Congreso votó el año pasado: incluye la coparticipación del 30% del impuesto a los débitos y créditos y la misma proporción de impuesto país.
Los mandatarios están reflotando el pedido que los jefes provinciales de todos los signos políticos habían presentado a Sergio Massa sobre el final de su gestión, con un texto en el que trabajaron en conjunto desde el entrerriano Rogelio Frigerio hasta el bonaerense Axel Kicillof, publica el diario Ámbito Financiero.
En el tema están trabajando Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, Carlos Sadir de Jujuy, Gustavo Sáenz de Salta y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.
Impuesto al cheque e impuesto País
La idea central de la iniciativa es coparticipar el 30% del conocido como impuesto al cheque, en rigor a los débitos y créditos, y una cifra similar del impuesto país. La suma de estos dos porcentajes podría hacer que los ingresos de las provincias se acerquen a los que obtenían con el anterior diseño del impuesto a las ganancias, aunque no alcanzaría a cubrir por completo la sangría de recursos que además se ve agravada por el cese de la obra pública y el ajuste en los Aportes del Tesoro Nacional.
El ministro de Economía Luis Caputo había anticipado semanas atrás que el Gobierno buscaría reponer el impuesto a las Ganancias para los trabajadores que se vieron beneficiados por los últimos cambios, pero al parlamento no llegó ningún proyecto que vaya en ese sentido hasta el momento. En el peronismo especulan con que es una carta para presionar por el apoyo en otras leyes.
La situación es en muchos casos crítica. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal estimó que este mes las transferencias automáticas a las provincias caerán un 7,5% real en promedio. Aunque hay casos más sensibles si se tiene en cuenta el porcentaje de la recaudación que representan estos giros en cada distrito. Por ejemplo, Jujuy depende en un 77%, Santiago del Estero 75,5% y San Juan 74,8%.
Ante el escenario de alta inflación y desplome del poder adquisitivo, la opción de que trabajadores de clase media vean su salario caer en términos reales no es la más atractiva. Por eso, los gobernadores trabajan en esta alternativa que, según las fuentes consultadas, contará con los apoyos suficientes para transformarse en ley.