Por decisión del ex presidente Alberto Fernández, la Administración General de Puertos (AGP) tiene el control de la hidrovia, neural para el comercio exterior de la región litoral y con influencia sobre las economias periféricas.
Además del control, la AGP es la responsable del mantenimiento (Dragado y Balizamiento) y cobra el peaje.
La incógnita planteada por los gobernadores tiene su lógica al analizar las dos normas que el ejecutivo nacional mandó al congreso.
El DNU 70/23 dispone la liquidación definitiva de las empresas estatales que figuran bajo su órbita.
Allí se plantea el primer dilema para los gobernadores de la “liga de Gobernadores del litoral” que vio la luz está semana y la componen el entrerriano Rogelio Frigerio, su par Santafesino, Maximiliano Pullaro, el Chaqueño Leandro Zdero, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, Mario Pasalacua de Misiones y el Formoseño, Gildo Insfran.
Siendo la AGP una sociedad del Estado, el destino del DNU va a tener incidencia directa sobre el futuro de la administración de la hidrovia.
El interés trasciende la administración. Según fuentes inobjetables, el destino final y la incidencia de las provincias en la planificación estratégica de la vía fluvial determinará el desarrollo de las economías regionales y su inserción en el comercio internacional. Según pudo saber este medio, los gobernadores en defensa de los intereses de las economías regionales no quieren estar al margen de las decisiones que adopte el gobierno central.
Las mismas fuentes aseguran que “hasta ahora, hasta esta hora, todo sigue igual, es decir, sigue vigente el ente de la hidrovía creado por decreto 556 del año 2022”, sin embargo el presidente Abel De Manuele, que es designado por el Poder Ejecutivo, renunció a ese cargo.
En el cargo se designó a Gastón Benvenutto como interventor. Se abre allí otra incógnita que inquieta al bloque variopinto de gobernadores litoraleños.
Como el Presidente de la Nación todavía no ha hecho ningún movimiento en la ECOVINA, es decir, en el ente creado por la administración de Alberto Fernández, todo sigue igual.
Hasta ahora, no ha sido modificado el Decreto 939 original, que fue el que dispuso que hay que llamar a licitación para la hidrovía, ni tampoco ha sido modificado el cuadro normativo por el cual la Administración General de Puertos que es la que tiene transitoriamente a cargo las obras de dragado y mantenimiento de hidrovía, cobrando el peaje inclusive.
Todo esto podría caer en un limbo jurídico si no se establecen precisiones que, por el momento, desalientan el desembarco de inversiones necesarias para el desarrollo regional y la mejora competitiva de la economías regionales en el marco de su inserción internacional.
Los gobernadores parecen estar dispuestos a dialogar. La contraparte sigue sin establecer sus intenciones. Con todo esto, las inversiones demoran en llegar.
Fuentes ligadas a un par de gobernadores afirman que el interés por desarrollar la región admitiría la creación de un ente de participación publico privado para darle sostenibilidad y sustentabilidad a la hidrovia. Las provincias no quieren estar ajenas a esa participación, afirma la misma fuente.