Dos gremios de Entre Ríos destacaron hoy un fallo de las últimas horas del Juzgado Civil y Comercial de Paraná que dio lugar a una medida cautelar interpuesta por sindicatos y que ordenó suspender la implementación de mayores aportes en salarios de hasta 100.000 pesos establecidos por la ley de emergencia aprobada en el distrito.
La determinación de la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 4, Elena Albornoz, “ratifica la legitimidad de nuestros justos reclamos, pero todavía falta porque ningún trabajador debe padecer un ajuste al bolsillo”, aseguró en un comunicado la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el gremio docente mayoritario.
La ley de emergencia establece un aumento de aportes a la caja de jubilaciones de quienes perciben más de 75.000 pesos, que va de un 16% hasta un 22%, y un “aporte solidario extraordinario” en jubilaciones superiores a 75.000 pesos.
Ayer, Albornoz dio lugar parcialmente a los planteos realizados por las sindicatos del Frente Gremial provincial y dispuso la suspensión de la aplicación de mayores aportes a quienes cobren entre 75.001 y 100.000 pesos.
En los fundamentos, la jueza consideró que ese “recorte salarial” que plantea la ley “modifica el salario líquido o de bolsillo de los trabajadores que poseen acuerdos paritarios firmados, vigentes y con ultractividad e inmodificabilidad unilateral resulta, prima facie”.
A su vez, señaló que al implementarse la norma presentada por el gobernador Gustavo Bordet, se afectan “los principios del Derecho Laboral Internacional”.
“Los artículos 4 y 5 de la norma generan una merma salarial sobre sueldos acordados y homologados en paritarias, que son irrenunciables, progresivos y deben asegurar la indemnidad del trabajador”, agregó Albornoz en el fallo.
La Agmer reivindicó la decisión judicial y señaló que “aún hay salarios nominales de $100.000 que siguen siendo sujetos de aportes” de la ley con “carácter profundamente regresivo”.
“Ningún trabajador debe padecer otro ajuste al bolsillo, ya hicimos el esfuerzo y es hora de que la crisis la paguen el capital financiero y el poder económico y oligopólico”, apuntó el gremio docente.
Por su parte, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) de Entre Ríos consideró que el fallo “es otro pequeño paso hacia adelante para lograr el objetivo final que no está resuelto aún y que busca la inconstitucionalidad” de los artículos 4, 5 y 6 de la ley.
La AMET agregó que “el proceso judicial sigue su curso y lograr sentencia favorable es el objetivo esencial en esta nueva lucha, pero demandará más tiempo”.